29|11|2021

Con el acuerdo con el Club de París, Guzmán envía señales para Todos

23 de junio de 2021

23 de junio de 2021

El “ministro de Deuda” no se conforma con ese destino. No habrá default: ¿hay programa? Una gambeta elegante a la interna. El futuro es un partido por jugarse.

El acuerdo provisional anunciado el martes con el Club de París, que implica limitar a 430 millones de dólares hasta el 31 de marzo del año que viene –en varias cuotas a partir del 31 de julio– pagos que en realidad ascendían a 2.400 millones, supone un triple mensaje dirigido a los organismos de crédito, al mercado financiero y a la interna del Frente de Todos.

 

A los primeros les ratifica que la vocación del Gobierno es evitar que el país caiga en cesación de pagos, algo que diluiría en gran medida el efecto positivo de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, de por sí cuestionada por el mercado en vista de un nivel de riesgo país que oscila en torno a los 1.500 puntos básicos y mantiene los papeles nuevos, entregados en canje a los acreedores, a precios de default.

 

Así lo dijo el propio Guzmán al realizar el anuncio. De la misma manera que realizar todo el pago debido al Club de París –un foro informal de países– habría supuesto un golpe severo para reservas limitadas y un peligro para la estabilidad cambiaria, "una situación de default también hubiese generado efectos desestabilizantes y de incertidumbre e imprevisibilidad, que en este contexto harían particular daño".

 

Sin embargo, el tramo institucional de la deuda, la que el país mantiene con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se está probando como un hueso duro de roer y, por ahora, Guzmán solo consigue patear la pelota para adelante. El alivio de la carga inmediata que consiguió con el primero, cuyo vencimiento operaba el 31 de mayo, pero que otorgaba un período de gracia de 60 días, es un logro discreto si se tiene en cuenta que la carga de los intereses es elevada y que al segundo habría que pagarle 1.900 millones de dólares en septiembre e igual cantidad en diciembre, algo que recreará los dilemas del Gobierno.

 

Tras el anuncio del martes, posible por el trabajo diplomático realizado en la última gira europea de Alberto Fernández, que evitó la imposición del rigor tradicional, esto es, la constatación de un programa en vigencia con el Fondo, tomó vuelo en el mercado la interpretación de que la fecha de marzo de 2022 apunta a cerrar un acuerdo para entonces con el Fondo, toda vez que en ese mes cae otro vencimiento con el organismo por 4.800 millones, ese sí verdaderamente impagable. Con todo, Guzmán desestimó esa percepción al afirmar que su objetivo "es tener un buen acuerdo, cuanto antes, mejor".

 

Si el default no es opción, también el mercado financiero es objeto de un mensaje oficial. Por un lado, que nadie debe esperar una radicalización de la política económica ni proclamas del tipo "patria o buitres", al menos en tanto la relación de fuerzas dentro del Frente de Todos no se altere dramáticamente. Por el otro, que se cuidará celosamente el nivel de reservas en el Banco Central, garantía, junto al cepo hard, de que el tipo de cambio oficial no se le irá de las manos, incluso cuando el calendario electoral suponga tensiones.

 

Las reservas brutas cerraron el martes en 42.374 millones de dólares, pero las netas son mucho menores, de unos 8.500 millones –20% menos que hace un año–, según cálculos de la consultora Ecolatina. Preservar lo que hay –demasiado poco para una economía del tamaño de la argentina– es el recurso para evitar que el dólar sea el huevo de la serpiente de una crisis inflacionaria mayor que la actual.

 

Dentro de ese haz de mensajes al mercado se destaca uno implícito: el programa económico tiene como base el arreglo de la deuda en todos sus tramos, aunque no se limita a eso.

 

Lo anterior lleva al último grupo de los receptores de las señales del Palacio de Hacienda: el ala política, especialmente cristinista, que en los últimos meses ha puesto a Guzmán bajo fuego, presionando para que incremente el gasto en la previa electoral en la medida suficiente hacer frente a una emergencia sanitaria, económica y social que pone en riesgo el capital político del Gobierno.

 

Esa ofensiva lo condicionó y lo recluyó en un rol de “ministro de Deuda", pero el funcionario no se resigna a eso, sino que busca retomar el centro de la escena y ratifica implícitamente que, mientras su permanencia tenga sentido, dará pelea por su visión de la economía, en particular con el cristinismo y su inspirador, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

 

Lo anterior pone en primer plano la disputa por el destino que se le daría a los cerca de 4.400 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI giraría en concepto de ampliación y distribución de capital entre los países miembros. Como se recuerda, el Senado votó a mediados de mayo una resolución –un texto no vinculante, pero políticamente significativo– que de modo ambiguo se declara "en apoyo del Gobierno y del ministro de Economía para lograr la mejor negociación posible con las actuales autoridades del Fondo Monetario Internacional", pero que demostró su objetivo al solicitar que ese dinero se use para "financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de covid-19”. La autoría fue de Oscar Parrilli, lo que lleva sin demasiadas mediaciones a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

 

Más específicamente, señala que deben atenderse esos fines "y no el pago de la deuda por capital, intereses o gastos que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación". Así, al prorrogar los vencimientos, Guzmán evitó el dilema de utilizar los DEG para esquivar un default con el Club de París. ¿Qué pasa, en tanto, con los compromisos de septiembre y de fin de año con el FMI? "Por ahora, de eso no se habla", le dijo a Letra P una fuente oficial.

 

En ese sentido, habrá que prestarle atención a lo que surja de la reunión de autoridades de ministerios de Economía y Finanzas y de bancos centrales del Grupo de los 20 (G20) que se realizará en Venecia el 9 y el 10 de julio. Guzmán coincidirá allí con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, quien sigue día a día el caso argentino, dado que el país es, por gran diferencia, el principal deudor del organismo.

 

Guzmán calla sobre los DEG del FMI porque no quiere que el país caiga otra vez en default, pero, a la vez, desea que ese dinero sirva para engrosar las reservas del Central. Esto último sería compatible con las ansias de los políticos del oficialismo de utilizar la contrapartida en pesos del mismo para financiar gasto preelectoral. Sin embargo, con el capítulo del Fondo abierto, es poco lo que hoy el funcionario puede asegurar.

 

"La política ordena y, en lo inmediato, todo quedará supeditado a lo electoral", añadió la fuente. "También los más belicosos (de la interna oficial) están tratando de bajar el tono de las discrepancias", afirmó.

 

El futuro, como siempre, está abierto. Será decisivo para el país el tono que adquirirán más adelante las discusiones dentro del oficialismo, que estarán cruzadas por el balance de ganadores y perdedores que surgirá de las urnas.