Contener la inflación fue la principal premisa de la política económica en el inicio del año electoral. La estrategia de Martín Guzmán –prudencia en el gasto público, limitación de la expansión monetaria y atraso cambiario– no dio en sus primeros pasos el resultado esperado y, como se sabe, el ala política del Frente de Todos, con preeminencia cristinista e inspiración de Axel Kicillof, intervino de hecho la política oficial, deshaciéndose de pruritos en los dos primeros de esos ítems, sumando al retraso del dólar oficial el de las tarifas de servicios públicos y reforzando la política de controles de precios. Spoiler: esto tampoco resulta suficiente, el índice de mayo volverá a traer malas noticias y el país parece encaminarse a un nuevo régimen, un escalón arriba, en lo que a inflación respecta. Las urnas, mientras tanto, ya están a la vuelta de la esquina con las PASO de septiembre…
El INDEC difundirá el miércoles próximo el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo, pero los analistas privados manejan proyecciones que van del 3,5 al 4 por ciento. El gobierno de Alberto Fernández ya tiene decidido imponer una narrativa que versará sobre la desaceleración del mismo en relación con los meses anteriores, pero el alivio será solo contingente, se basará en algunas prácticas que son pan para hoy y hambre para mañana –el atraso cambiario, las tarifas pisadas, lo controles superpuestos– y la expectativa oficial de un 29 a 33 por ciento para el año ya está pulverizada en los hechos, al punto que vuelve el conflicto con los sindicatos que cerraron paritarias en función de esos números. Los números son elocuentes: 4% en enero, 3,6% en febrero, 4,8% en marzo y 4% en abril. Lo que se anuncie sobre el mes pasado consumirá dos tercios de lo previsto para todo el año…
Aunque al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no le guste que se diga que Guzmán ha quedado minimizado en lo inmediato a una suerte de "ministro de Deuda", lo cierto es que el ala política, que se obsesiona mirando encuestas de intención de voto en el conurbano bonaerense, ha intervenido la política económica. Si el resultado obtenido por el ministro en materia antiinflacionaria no fue bueno, el derivado de la nueva política no es mejor. Los Precios Máximos, que se deshilacharon hace meses, se transforman ahora en la canasta Súper Cerca, la nueva criatura de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que involucrará el congelamiento de precios de 70 productos en comercios de cercanía de todo el país. Complementará y, se supone, reforzará los Precios Cuidados, explican cerca del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.
Sin embargo, las perspectivas del control 3.0 generan dudas si se observan no solo los antecedentes fallidos ya mencionados, sino lo que ocurre con un producto clave de la canasta alimentaria: la carne. Con las exportaciones suspendidas y un diálogo que no termina de prosperar con un sector cada vez más pintado para la guerra, el mismo subió 6,1% el mes pasado, bien por encima de la inflación, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). En tanto, en el último año, la carne subió 76,2%, muy por encima de una inflación que en ese período acumuló algo más del 46%. No hay dudas de que algo hay que hacer al respecto, pero no queda claro que lo que hoy se ensaya sea lo más conveniente.
Mientras, en mayo se reiteraría el patrón de precios de los alimentos creciendo por encima del promedio general, un problema severo para la franja más pobre y en lo político, para el Frente de Todos, que encuentra en ellos su base electoral.
Por otra parte, la política económica intervenida no genera más que inflación reprimida, tanto en términos cambiarios como tarifarios.
En el primero de esos planos, el dólar mayorista –contenido con el cepo– subió algo más del 12%, bien por debajo de la inflación general y de los tipos cambiarios paralelos legales. En el segundo, en tanto, las módicas actualizaciones dispuestas en energía y el congelamiento en transporte y agua aún vigentes parecen poco sostenibles en términos presupuestarios y de calidad de los servicios en el mediano plazo.
Desde un cierto punto de vista, más que la inflación, el problema son los ingresos. De acuerdo con un estudio reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), "si se toman como referencia a los salarios de marzo de 2018, se aprecia que, tres años después, su valor real se redujo un 15,6% para el sector privado registrado, 20,7% para el sector público y 25,9% para el sector privado no registrado". Hacia adelante, la consultora LCG considera que los acuerdos paritarios ya cerrados oscilan entre el 30 y el 35 por ciento, mientras que la inflación se encamina al 45%, al menos. Así, en el año electoral la pérdida de los salarios acumularía alrededor de 10% más, elevándose a un promedio del 27% en los últimos cuatro años.
Con la pandemia limitando nuevamente sectores actividad –no tanto como el año pasado, pero haciendo más modesto que lo deseado el rebote económico–, la capacidad del consumo y de las empresas de equiparar los salarios de sus trabajadores con el avance de los precios parece escasa.
De acuerdo con Ecolatina, "con esta proyección, la inflación terminaría cerca de los niveles de 2018 y 2019. Sin embargo, más allá del valor agregado, la situación será más preocupante: mientras que en ese entonces se corregían precios relativos –dólar y tarifas–, en este contexto se están acumulando atrasos que, posiblemente, dejarán a la inflación por encima de 40% también en 2022.
Analytica, por su parte, anticipa sin ambigüedades "una nueva y más alta nominalidad".
Por un lado, la aceleración de la inflación "obligaría a depreciar más rápido el peso de modo de evitar mayores pérdidas de la competitividad cambiaria. Con la inflación convergiendo nuevamente al 45%, sostener una tasa de depreciación mensual del 1,5% puede ser muy costoso en términos de expectativas: el mercado podría leerlo como la antesala de un salto discreto del tipo de cambio postelecciones".
Por el otro, advirtió, a nivel tarifario, "muchas de las actualizaciones pactadas a principio de año perdieron efectividad para garantizar rentabilidades que permitan sostener las operaciones y las inversiones. Por caso, en mayo finaliza un aumento escalonado del 15% en los combustibles que comenzó en marzo. Y las prepagas, en plena crisis sanitaria, reclaman actualizaciones superiores al 13,5% ya asegurado en el año", remató.
