La decisión del presidente Alberto Fernández de suspender por 15 días todas las actividades en lugares cerrados, incluidas las religiosas, desató una rebelión de la fe contra las medidas para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus y evitar el colapso del sistema de salud. La mayoría de los credos aceptó a regañadientes la restricción del culto público, pero pidió que la disposición sea acatada y que los templos permanezcan abiertos para la oración personal.
Los primeros halcones en mostrar las garras fueron los pastores nucleados en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA). El grito de desacuerdo con la suspensión del culto público se escuchó de inmediato, con el argumento de que en los templos se cumplen protocolos y exigiendo al Gobierno que declare “vital” a la religión. "No somos una actividad recreativa ni cultural", discreparon los evangélicos en relación con el anuncio presidencial que los metía en la misma bolsa. Y tiraron un carpetazo para fundamentar su posición de “esenciales” en la contención y atención espiritual: un 85% de los argentinos, según datos del Conicet, profesa creer en Dios.
La Federación de Iglesias Evangélicas Argentinas (FAIE), en cambio, se ubicó entre las palomas. Pese a añorar las celebraciones comunitarias, por evaluar que las virtuales no alcanzan a reemplazarlas, reconoció la necesidad de extremar los cuidados para preservar la vida y, para posicionarse, citó palabras del reformador alemán Martín Lutero ante la “peste negra” que afectó a Europa entre 1347 y 1350: “Debo evitar lugares y personas para quienes mi presencia no es necesaria para no contaminarme, y posiblemente infectar y contaminar a otros para causar su muerte como resultado de mi negligencia”.
Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) volaron a la par de los halcones de ACIERA y clamaron dos veces al cielo por la cancelación de las celebraciones religiosas con fieles. Primero fue a través de su jefe, Oscar Ojea (San Isidro), quien objetó a título diocesano tanto esa medida como la suspensión de las clases presenciales. El plenario episcopal, que ya había postergado su asamblea electiva por la segunda ola, volvió a pronunciarse este miércoles tras una reunión virtual. En ese contexto, reclamó la adopción de medidas sanitarias “necesarias y razonables” para evitar el incremento de la difusión del virus, pero sin avasallar derechos y garantías constitucionales, entre ellos, la libertad religiosa, especialmente de culto, al que consideró “un aspecto esencial del bienestar integral de la población y el fortalecimiento espiritual de las personas”.
En tanto, las palomas religiosas judías y musulmanas cruzaron el horizonte de la polémica por las restricciones entre la cautela y la resignación. La DAIA no se pronunció institucionalmente sobre el impacto que las medidas tuvieron en la comunidad; apenas se escuchó un gorjeo de queja entre los sectores ultraortodoxos. Los musulmanes reconocieron que las restricciones impidieron las actividades nocturnas en las mezquitas, a donde los seguidores del islam acuden para la oración tras la ruptura del ayuno en el mes sagrado del Ramadán que están transitando. “Nosotros siempre prevalecemos la salud y la vida sobre la práctica misma de la religión. Esto es lo más importante; cuidarnos y cuidar a los otros. Y desde ya debemos acompañar y acatar las decisiones que el Gobierno considere necesarias en esta etapa”, dijo a Letra P el presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), Aníbal Bachir Bakir.
La guerra de tizas
Las organizaciones educativas que congregan a los colegios privados, entre ellos los confesionales, se unieron al vuelo de los halcones opositores que rechazaron la suspensión de las clases presenciales y acudieron a la Justicia para garantizarlas. La Federación de Asociaciones Educativas Religiosas (FAERA) lamentó la decisión del Poder Ejecutivo de no permitir la presencialidad. "Es el camino equivocado", advirtió al reclamar mantener las escuelas abiertas y abogar por una educación como bien esencial. Por su parte, la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep), que representa a colegios privados católicos, evangélicos y judíos, habló de la "necesidad de una presencialidad responsable" y alegó que sus colegios “están preparados para dar continuidad sin apelar al cierre total".
En esa línea, Cáritas Argentina trazó un diagnóstico del impacto que el confinamiento de 2020 tuvo en la educación. Afirmó que amplió la brecha educativa en el país y quitó derechos a los sectores más vulnerables al no contar estos con herramientas de tecnología digital para hacer frente a las clases virtuales.
