El Banco Nación volvió a ponerse al frente de la ofensiva contra Vicentin al subirse a una propuesta privada y alternativa a la salida concursal que por estas semanas intenta encaminar la cerealera, que debe unos 1.300 millones de dólares. Como en los meses de máxima agitación de la novela posteriores al frustrado anuncio de expropiación por parte del Gobierno, la entidad bancaria fogonea una iniciativa para correr a los dueños y reconvertir la empresa con acreedores y el apoyo estatal.
Con un comunicado público, el Nación pone arriba de la mesa el peso de la banca estatal y la factura más grande por cobrar, de unos 18.300 millones de pesos. Con eso, trata de inyectarle combustión a la propuesta presentada el pasado 25 de febrero por más de 70 firmas agrícolas que, en conjunto, suman acreencias por más de 120 millones de dólares, esto es, un 10% del total del pasivo de la cerealera.
La movida es encabezada por el grupo corredor Grassi S.A., que, a través de su firma Commodities, es uno de los máximos acreedores comerciales, con casi 2.800 millones de pesos, y ha hecho sus intentos por quedarse con la concursada. Se le sumaron acopiadores, cooperativas y operadores de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Figurita repetida
Se trata de un plan que ya sonó: capitalizar deudas y separar de la gestión de la empresa a quienes la condujeron al default a partir de la entrega de la participación societaria de los más de cien accionistas. Después de eso plantean “la participación, junto a los productores, del Estado provincial y nacional en la búsqueda de una solución sustentable en el tiempo y que permita la recuperación de la producción”.
El gobierno de Omar Perotti se retiró de toda negociación después de infructuosos intentos de intervención y esquemas similares a los que ahora se proponen, luego de que no terminaran de prender en la compañía, que puso incesantes obstáculos, y también en productores que no querían la presencia del Estado. En tanto, las intenciones del Ejecutivo nacional se quemaron luego de la marcha atrás de la expropiación que había anunciado a principios de junio pasado el presidente Alberto Fernández. Ni siquiera la intervención de la firma quedó en pie debido a un revés ruidoso propinado por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.
Volver al barro
Ahora, el Nación parece querer volver ocho meses atrás al estado de confrontación permanente por el destino de la cerealera, un conflicto que le plantó la primera grieta a un presidente que procuraba mantenerla artificialmente en coma. En aquellos meses, el marco simbólico lo dio todo: campo, República, propiedad privada, estatización...
En la segunda mitad de 2020, el banco tomó la posta de la ofensiva contra la cerealera, aceleró en la justicia penal y minó de informes punzantes donde despotricaba contra las presuntas maniobras financieras de la concursada. Hasta se sumó a un documental del publicista kirchnerista Enrique Albistur. En un momento, Vicentin contestó y acusó a la banca pública de "ponerse al servicio de quienes quieren el desguace”.
Ahora, mientras la cerealera se enfoca en una estrategia para juntar las voluntades para ofrecer una propuesta a la deuda y deja las precisiones sobre el futuro operativo para más adelante más allá de algunos contratos que le dan oxígeno financiero, esta iniciativa va a fondo.
“En la situación existente, es económicamente inviable que un nuevo accionista aporte el capital de trabajo necesario para la puesta en marcha de la compañía y, además, para cancelar pasivo. Esta es la única alternativa”, sostuvo el presidente de la entidad bancaria, Eduardo Hecker, y anticipó que el banco estaría dispuesto a financiar a los productores originadores si avanza esa iniciativa.
Los créditos M
Lo que no ha tenido novedades es la investigación interna que habían impulsado las nuevas autoridades del Nación para poner blanco sobre negro los denunciados créditos irregulares por parte de la entidad a la cerealera durante los últimos meses del macrismo en el poder. Al margen de esta situación, existe una causa penal en la justicia contra las exautoridades del banco, encabezados por Javier González Fraga, y contra directivos de la compañía.
