Durante 2020, en medio de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, la gestión del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, gastó apenas el 16% del presupuesto disponible para inversiones en el área Salud. El porcentaje surge tras analizar los números de la administración provincial al 30 de septiembre (último dato disponible), que indican que solo se utilizaron 406 de los 2.517 millones de pesos de las partidas destinadas a instalaciones edilicias y equipamiento en hospitales y centros de salud.
La marcada subejecución en el Ministerio de Salud santafesino es un correlato de lo sucedido en otras carteras, pero incluye sus propias aristas por ser el 2020 un año atravesado por una pandemia. A lo largo del período, la Provincia gozó de herramientas auxiliares para reforzar el gasto en materia sanitaria (Aportes del Tesoro Nacional, refuerzos presupuestarios y autorizaciones de endeudamiento, entre otras), pero allí también se observaron subejecuciones, que están llamadas a levantar polémica.
Según los datos oficiales, al 30 de septiembre la cartera sanitaria había gastado el 59% de su presupuesto global. El capítulo “personal” se ejecutó en un 75%, el de “transferencias corrientes” un 68% y el de “bienes y servicios” un 44%. El dato llamativo es de los “gastos de capital”, que se ubicó en el 16%. El saldo sin utilizar en obras e infraestructura para salud ascendió a 2.122 millones de pesos.
Comparada con el 2019, la reducción de la inversión en salud es del 77%, un guarismo incluso superior a la caída general de los desembolsos en obra pública de toda la administración provincial, que fue del 65%. Este último dato resultó una de las claves para explicar el superávit de 19.973 millones de pesos que la Casa Gris obtuvo durante los primeros nueve meses del año.
En Salud, el de gastos de capital no fue el único capítulo con ajuste. Las erogaciones en “bienes y servicios” (que incluyen la compra de insumos y la contratación de servicios profesionales, entre otras operaciones) también cayeron en términos reales. Es que mientras que en 2020 se ejecutaron 7.586 millones de pesos, en 2019 se habían imputado 6.316 millones, lo que representó una variación interanual de +19,25% (muy por debajo de la inflación, que para esa fecha rondaba el 44%).
Datos que prometen polémica
El análisis de las finanzas referidas a la cartera sanitaria permiten observar otras particularidades, igualmente llamativas. Una de ellas se desprende de lo normado por la Ley de Necesidad Pública, sancionada al inicio de la cuarentena, que en su artículo 9 creó un refuerzo presupuestario de 2.500 millones de pesos para fortalecer las políticas del área
salud. Según los datos disponibles, al 30 de septiembre a esa partida solo se le asignaron 1.000 millones de pesos.
Por otro lado, siempre siguiendo la letra de las normativas oficiales, no hubo prioridad en Salud respecto a los Aportes del Tesoro Nacional recibidos a lo largo del año. De los 4.487 millones de pesos (registrados en los decretos 321, 354, 419, 651 y 1.039), solo el 20% se destinaron al Ministerio de Salud. El resto fueron asignados al Tesoro Provincial, indicando en los respectivos decretos la finalidad “Salud”, aunque no se distribuyeron en favor del citado ministerio.
También se observó una subejecución de los recursos autorizados para la lucha contra el coronavirus en favor de municipios y comunas, un tema que sobrevoló varias veces la agenda informativa del año pasado. Vale recordar que la Legislatura autorizó en marzo (en la misma sesión que aprobó la Ley de Necesidad Pública) a tomar endeudamiento por hasta 15.000 millones de pesos, para afectarlos al financiamiento de los gastos de atención de la pandemia. Del total, 3.000 millones estaban destinados a gobiernos locales.
Con el correr de los meses, el gobierno emitió sucesivos decretos que llevaron esa partida destinada exclusivamente para municipios y comunas a 2.000 millones de pesos (es decir, 1.000 millones menos de lo oportunamente autorizado). No solo eso: el monto efectivamente ejecutado, según declaraciones del subsecretario de Comunas, Ricardo Kauffman en El Litoral, ascendió a 651 millones (un 22% del monto autorizado por ley).
En todos los casos, la normativa preveía que los saldos no invertidos se transfieran a rentas generales, un aspecto que alimenta las versiones planteadas desde la oposición, que objetan la política de “hacer caja”. Desde el socialismo, por caso, manifiestan que la subejecución de partidas desnuda la falta de un plan de gobierno. El propio gobernador Perottii, en el acto de asunción de autoridades del Partido Justicialista admitió: “Nos falta una gimnasia después de doce años fuera del gobierno”.
