El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a una audiencia pública para definir los incrementos en las facturas de gas correspondientes al transporte y la distribución del fluido a los hogares y comercios. Como sucedió en 2020, el organismo que conduce Federico Bernal se adelantó a las definiciones de la Secretaría de Energía de Darío Martínez, que aún no avanzó en la actualización del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Todo eso, mientras se actualizan los padrones para acelerar la segmentación de tarifas que prometió el Gobierno hace casi un año.
La Resolución 518/2021 del Enargas, publicada este martes en el Boletín Oficial, convocó a una audiencia pública, el 19 de enero, para definir las tarifas de TGN y TGS -las transportistas- y los cargos que cobran las distribuidoras Naturgy, Gasnor, Litoral Gas, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi del Sur, TGN y TGS. Como sucedió en 2021, la audiencia -virtual- avanzará en la “adecuación transitoria” de los cargos por transporte y distribución, a la espera de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que el Estado debe cerrar con cada compañía. Este año, las distribuidoras recibieron aumentos del 26% en sus cargos, que impactaron en un incremento de la factura del 7%. El precio del gas y el del transporte no variaron.
La audiencia definirá el incremento de aproximadamente un tercio de la factura. Queda por definir qué pasará con el precio del insumo. Allí se concentra la gran cantidad de los subsidios, que cerrarán 2021 por encima de los U$S 11.000 millones. Hace un año, Bernal y el secretario Martínez convocaron a audiencias por separado. Energía buscó avanzar con el precio del gas y la discusión sobre qué parte de ese valor financiará el Estado. Para Bernal, esa parte no requiere de audiencia pública. A comienzos de 2021, el interventor del Enargas advertía que, si cambiaba el precio del gas, debía convocar a nuevas audiencias. La presión política del cristinismo resultó y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Martínez dieron marcha atrás con la quita de subsidios estipulada en el Presupuesto. En el medio quedó el despido fallido del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el costo político de esa crisis atada al gasto en subsidios.
Ahora, el Enargas parece haber acelerado. La convocatoria para enero hace prever a las empresas que el aumento en la factura de gas comenzaría en marzo y no en abril, pero todavía faltan detalles sobre el impacto del incremento del precio del gas en el momento de ingreso al sistema y de la segmentación. Según fuentes del sector privado, hubo conversaciones entre el Enargas y las distribuidoras en las que el interventor sostuvo que un mayor precio en el insumo implicaría menor margen para subir los costos de transporte y distribución. Letra P se comunicó con la Secretaría de Energía y con el Enargas para consultarles sobre la coordinación de estas políticas, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuestas.
Las empresas tienen tiempo hasta el lunes 3 de enero para presentar ante el Enargas sus pedidos de aumento. Las posiciones, hasta ahora, no están unificadas. En una gran distribuidora indicaron que reclamarán una actualización por la inflación de 2021 (en torno al 50%). Otras fuentes del sector sostuvieron que a eso le agregarán el acumulado desde 2019 a esta parte, periodo en el que las tarifas subieron menos que lo estipulado por los contratos firmados durante la gestión de Juan José Aranguren al frente de Energía. En conversaciones informales trascendió que se avalaría una suba en torno al 30% para la distribución. El transporte, según el portal especializado Econojournal, tendría un incremento del 55%.
De fondo se encuentra la idea de segmentación y la necesidad de bajar subsidios para achicar el gasto público, en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Bernal, el Enargas avanzó con la limpieza del padrón vinculado a la red de gas natural. “Identificamos de un total de 9,24 millones de usuarios residenciales de gas por redes, informados por las prestadoras a octubre 2021, que el 18% (1,65 millones titulares del servicio) corresponden a registros que no se pueden identificar por tener el CUIT/DNI incorrecto y un 10% (960 mil titulares del servicio) que corresponde a personas fallecidas”, dijo el funcionario en un comunicado. “En noviembre de este año instamos a las prestadoras a que informen de esta situación a los suministros identificados para los fines y efectos previamente indicados”, añadió. Las distribuidoras, indicaron en el sector, se limitarán a informar y a esperar que el Estado defina de qué manera segmentará y les comunique qué trasladar a las facturas.
Según el fallido Presupuesto 2022 que presentó Guzmán, la reducción de los subsidios a la energía ocurriría por la caída de la Resolución 46, que transfirió dinero a las petroleras para que explotaron Vaca Muerta durante la gestión de Aranguren, y por la segmentación, tanto de la red de gas como de la de electricidad. En este sentido, el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) instó a las distribuidoras que operan bajo su órbita (Edenor y Edesur) a reempadronar a los domicilios con servicios a nombre de titulares distintos a los de los ocupantes. Las distribuidoras lanzaron trámites online en estos días.
