La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal abrió esta semana de manera explícita un frente de guerra con los jefes comunales de Juntos en la provincia de Buenos Aires, acompañada de una reducida tropa de incondicionales que todavía le responden. Se trata de una docena de legisladores y legisladoras, más el respaldo político del presidente del bloque del partido amarillo en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo. La mayoría de las y los integrantes de la tropa vidalista que acompañaron la declaración de guerra están posicionados en distritos gobernados por el Frente de Todos (FdT) y unos pocos caminan en los márgenes de ciudades controladas por Juntos, lo que presume una lucha desigual entre las huestes de la exmandataria y el poderío de los jefes comunales.
Son Matías Ranzini, quien ingresó a la Cámara baja en 2017 y este año logró renovar con el respaldo directo de Ritondo; Sergio Siciliano, subsecretario de Educación bonaerense durante la gestión de Vidal y hoy diputado desde 2019; Alex Campbell, exsubsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, quien también accedió a una banca hace dos años; y los senadores Walter Lanaro, que antes de la derrota de la por entonces gobernadora tenía a su cargo el armado vidalista en la Tercera sección electoral; y Owen Fernández, que trabajó varios años en la productora de Cris Morena y luego pasó a la política, instancia en la que más tarde llegó a una banca en el Senado.
Entre la tropa vidalista también están Noelia Ruiz, una de las diputadas del PRO que se sienta a la mesa ejecutiva del PRO junto a otras seis personas: Johana Panebianco, legisladora de la Quinta sección electoral; Juan Carrara, de la Séptima, y Santiago Passaglia, uno de los que cuenta con mayor volumen político por controlar junto a su familia San Nicolás, distrito de la Segunda. Por último, Daniel Lipovetzky, que, si bien responde de manera directa al operador judicial Daniel Angelici, se muestra cercano a la exmandataria.
Tal como dio cuenta Letra P, con este grupo Vidal publicó un comunicado el último miércoles, en el que sentó posición sobre la ley que pone límites a las reelecciones en cargos ejecutivos y legislativos en la provincia. Rápidamente, los jefes comunales bonaerenses salieron a responderle y apuntaron directamente contra su firma. Es que no cuestionaron el espíritu del proyecto que impulsó el Frente Renovador de Sergio Massa y que fue convertido en ley con el apoyo de la exgobernadora: se centraron en la “mala reglamentación” aplicada por la exgobernadora que dejó abierta la puerta a lo que la ley justamente buscaba prohibir, es decir, las reelecciones indefinidas.
“Ella se queda en el título, pero en la práctica la ley era tan obsoleta y mal armada que hay que enmendarla para hacerlo efectivo. Estuvo mal la ley y mal la reglamentación”, sentenció una fuente relevante de un populoso distrito amarillo. A esa declaración, que se repite incluso en algunas bancas de la Legislatura, se le suma una lectura política que intenta explicar el abandono de Vidal en la provincia para no perder y su regreso a territorio porteño para construir desde ahí una posible candidatura nacional en 2023: “Ella se dio cuenta que está quedando afuera de la discusión política y está a los manotazos para no perder protagonismo”.
Las críticas también decantaron en algunos pagos chicos. De hecho, funcionarios de primera línea en La Plata apuntaron contra Lipovetzky por intentar socavar el orden político del intendente de esa ciudad, Julio Garro. Apuntan contra él no tanto por el comunicado, sino por el intento de sacar rédito político en sus intenciones de posicionarse como candidato comunal en 2023. En cualquier caso, los alcaldes del PRO y la UCR consultados por este medio coincidieron en manifestar el malestar con la exmandataria y los legisladores que le responden.
