En la última sesión de la Cámara de Diputados el Gobierno tuvo dos certezas de la oposición: que quiere discutir todo el Presupuesto "desde cero" revisando hasta lo que se trae incluido desde hace tiempo, y que no está dispuesta a renovarle facultades delegadas, mal llamadas "superpoderes".
Con esas certezas el Gobierno sabe que cualquier ley de Presupuesto y cualquier modificación posterior al presupuesto o autorización de endeudamiento u otra autorización tendrá que discutirse con la oposición
Al revisar el marco jurídico desde la Constitución Nacional hasta la Ley de Administración Financiera es probable que el Gobierno encuentre una opción más conveniente a sus intereses.
Podría describirse con la fórmula "Reconducción Presupuestaria + DNU". Es una variante de estilo "cesarista" que permite la Carta Magna para gobernar presupuestariamente sin discutir con la oposición, en tanto se tenga en el Congreso poder de bloqueo a rechazos de DNU. Difícilmente el Gobierno resigne esa herramienta ya sabiendo que la oposición no autorizará superpoderes.
La reconducción presupuestaria es algo que todo Ejecutivo quiere evitar. Pero una vez que es un hecho, para el Gobierno el trago amargo se hace políticamente costo hundido y deja paso a la oportunidad de sacarle jugo a la arbitrariedad.
De esta forma, en las maniobras de Reconducción del presupuesto 2021 para 2022 el PEN podrá habilitar un presupuesto reconducido que:
Los DNU pueden ser un instrumento "cesarista" para ejercer facultades legislativas (superpoderes). Es la variante ejecutivista que la Constituyente de 1994 habilitó. Como para el artículo 99 inciso tres de la Constitución Nacional la materia presupuestaria no está vedada en los DNU, si el oficialismo tiene asegurado en el Congreso poder bloquear rechazos a los DNU, estos serán una vía para ejercer "superpoderes".
Por ejemplo, el Ejecutivo emite un DNU para ampliación neta del presupuesto reconducido, incorporando los mayores recursos respecto a los estimados para 2021 e incrementando por el mismo importe las partidas de gastos que discrecionalmente disponga.
Cabe recordar que los DNU tienen validez en tanto no son rechazados por ambas cámaras del Congreso. Es la fórmula ejecutivista que creó el constituyente de 1994. Es decir, el Ejecutivo no necesita una mayoría parlamentaria para aprobar el DNU sino que le alcanza con que una sola cámara no lo rechace.