CÍRCULO ROJO EN ALERTA

Ley de envases, el scrum del Gobierno para otro round con las empresas

Cabandié y Máximo K. armaron el proyecto con el massista Federovisky. Aval del gremio reciclador de Grabois. Nueva tasa y la caja que preocupan a la industria.

Dos días después de la sanción de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, presentaron otro proyecto que pone a la industria en guardia, al proponer que las compañías que produzcan o importen envases (sobre todo plásticos) garanticen la disposición final o paguen una tasa para incentivar la reutilización de los recipientes -por un lado- y financiar mejores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras recicladores de la economía popular.

 

La presentación del proyecto de Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores, estaba en la mira de la industria desde mitad de año, como contó Letra P. El texto busca promover la economía circular, en un país que genera más de 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos de los cuales más del 22% son envases. Recoge un borrador de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), vinculada a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que este jueves se movilizó al Congreso a apoyar la iniciativa porque "busca instar a las las empresas a hacerse cargo del costo de reciclado de los envases que colocan en el mercado y fortalecer el trabajo de los cartoneros y cartoneras".

 

Según fuentes oficiales, se trata de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo con la firma del presidente Alberto Fernández, con modificaciones en base a sugerencias del sector trabajador y el Ministerio de Desarrollo Productivo que trabajaron Cabandié y el viceministro Sergio Federovisky. Las fuentes mencionaron que la presencia de referentes de toda la coalición de gobierno en la redacción y presentación del proyecto (Federovisky integra el espacio de Sergio Massa) le da fortaleza al interior del oficialismo. El texto evita hacer una transferencia directa de recursos desde las empresas a la economía popular, ya que habrá intermediación de Medio Ambiente y los municipios.

 

Eso es lo que les dijeron Cabandié y Federovisky a referentes de la Unión Industrial Argentina, en una reunión de dos horas que mantuvieron el miércoles por la tarde. Recibido por el presidente Daniel Funes de Rioja, su vice Miguel Ángel Rodríguez, el director ejecutivo Diego Coatz y el titular del departamento de ambiente Claudio Terrés (hombre de Ledesma, otro peso pesado de la industria alimenticia), Cabandié no anticipó lineamientos, pero en la UIA esperaban que este jueves se presentara un proyecto más "razonable" que el que promovían los trabajadores y las trabajadoras recicladores de la economía popular, según fuentes de la entidad. "Fue una buena reunión", dijeron en la central fabril. También se habló sobre la cumbre sobre el cambio climático de Glasgow, que contará con el ministro como parte de la delegación. La industria pidió "circularidad" entre la sustentabilidad y la producción, con foco en sectores cuestionados ambientalmente como la producción de Vaca Muerta, la minería y la actividad porcina. El funcionario replicó que no tiene una mirada antiproductiva.

 

"Es fundamental compatibilizar el desarrollo de la industria y sus cadenas de valor con una perspectiva que proyecte de manera integral la sustentabilidad, el compromiso con el cuidado del ambiente y la competitividad del sector. Por eso, los sectores público y privado deben profundizar estas instancias de diálogo institucional”, dijo Funes de Rioja al término del encuentro.

 

La Coordinadora de Industrias de Alimentos (COPAL), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) y otras entidades ya habían comenzado un lobby en el Congreso para contener algunos puntos de la iniciativa. El proyecto propone crear una tasa que deberán abonar los productores. Aquí se encuentra una de las controversias dentro de la industria. El texto define como "productor" a quien, "en su calidad de fabricante o importador inserte por primera vez en el mercado un producto envasado o embalado, aun cuando la venta fuere a realizarse a uno o varios intermediarios previos al consumidor final". Dentro de la UIA había dos posiciones sobre este tema: los fabricantes finales, como COPAL, quieren que la obligación recaiga sobre quienes les venden los envases. La Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep) no puede superar el 3% del precio mayorista del envase de un producto. Y fondeará, con otros recursos, el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (Fonager).

 

El Fonager será una caja a cargo del Ministerio de Ambiente. El dinero se destinará a financiar sistemas locales de gestión integral de envases (a cargo de autoridades locales); "promover la inclusión" de recicladores en esos sistemas, "mejorando sus condiciones de trabajo"; y a fomentar el desarrollo de envases amigables con el ambiente, entre otros.

 

"Las industrias no pagan por el tratamiento de los envases cuando se convierten en residuo. Ese gasto lo paga la sociedad con basurales y trabajo no digno", dijo a Letra P Federovisky, uno de los autores del texto pulido por el Ejecutivo. "Argentina importa insumos o envases de plástico. Son divisas que se van y recursos que se gastan en un basural a cielo abierto", argumentó. "Buscamos beneficiar a las cooperativas, que estén en blanco, pero que funcione el ciclo completo", agregó. Las empresas, según el texto, deberán acercar al Ministerio de Ambiente un plan de disposición de los envases que generen o pagar la tasa de hasta 3%, que definirá la autoridad de aplicación.

 

Como contó Letra P, las empresas no se oponen a una ley de envases, pero buscan que haya trazabilidad sobre una caja que anticipan millonaria y que manejará Cabandié. Y también, repartir costos. En un documento, la UIA pidió que el texto fije "presupuestos mínimos y cumplibles", que haya gradualidad y progresividad y que los municipios y consumidores también tengan responsabilidades. Como siempre que se incluye una nueva tasa o impuesto, los empresarios advierten que tendrá impacto en el precio final. Los distintos sectores de la industria acordaron nueve puntos de consenso, aunque siguen peleándose por qué parte de la cadena productiva debe pagar la tasa.

 

el banco central aumento la tasa de interes al 78% anual
pandemia bancaria

También te puede interesar