Con aval de los legisladores de bloques mayoritarios, el Etiquetado Frontal se convertirá en ley cuando la Cámara de Diputados lo disponga y con los tiempos de la campaña electoral. Mientras se resignan a que los octógonos a los que las compañías alimenticias se opusieron con énfasis comiencen su camino hacia la reglamentación, otra iniciativa gana la agenda empresaria: un borrador para cobrarles una tasa a las compañías que vuelquen envases al mercado para financiar la creación de un sistema de reciclado que tendrá a los municipios y a los movimientos sociales como actores protagónicos.
Las distintas cámaras industriales vienen trabajando sobre una ley de envases desde hace años, a tono con políticas que, sobre todo desde compañías multinacionales, buscan disminuir el impacto ambiental de los productos. Pero si las empresas promueven cambios graduales y con financiamiento estatal focalizado en la transformación productiva, un borrador impulsado por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y otras organizaciones sociales y ambientales copó la parada. Con el apoyo de dirigentes sociales como Juan Grabois, la iniciativa tomó un envión determinante semanas atrás, con una foto en la que el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, comprometió su apoyo y auguró un inicio del tratamiento parlamentario durante agosto.
"Las empresas que introducen envases deben hacerse responsables de los costos ambientales y el Estado promover mecanismos de economía circular con inclusión social", tuiteó Grabois semanas atrás, en medio de una gran movilización en reclamo de la ley de envases. El borrador en cuestión crea una tasa que pagarán las empresas que pongan en el mercado productos envasados, fabricados en el país o importados. Con ese recargo y aportes estatales, se financiaría un fideicomiso llamado Fondo para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FGE). El dinero solventará la creación de Sistemas de Gestión Local (SGL), que integrarán trabajadores recicladores y tendrán vínculo con los municipios. Las SGL deberán explicitar planes de gestión de los envases post consumo, objetivos y metas de recuperación y un plan de integración social de los trabajadores. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Juan Cabandié.
La maquinaria que se pondrá en movimiento es gigante. Según los fundamentos del anteproyecto de ley -que todavía no ingresó al Congreso-, se generan en Argentina unas 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales alrededor del 21,25 por ciento son envases. Organizar una economía circular y formal en torno a eso sería una gran oportunidad para cooperativas vinculadas a movimientos sociales. Pero, en la visión de las empresas, el sistema que se propone el texto que recibió Máximo Kirchner generará una nueva caja a mano de municipios y organizaciones sociales y financiada por el sector privado. Ese "peligro de caja", remarcado por dos fuentes empresarias, llevó a que distintas cámaras avanzaran en la búsqueda de reuniones en el Congreso y con Cabandié.
Las empresas trabajaban con distintas iniciativas más graduales y menos fiscalistas, según fuentes de la UIA. No es que se opongan a la tasa en sí, pero sí promovían esquemas que den tiempo y recursos a las compañías para adecuar procesos. La central fabril elaboró un documento en el que pidió que la ley fije "presupuestos mínimos" y cumplibles en las distintas provincias, "incorpore los conceptos de gradualidad, progresividad y razonabilidad" e involucre a los municipios y a los consumidores. Las cámaras empresarias, por ahora, realizan un lobby subterráneo, aunque se descuentan comunicados inminentes de la Coordinadora de fábricas alimenticias (Copal), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) y otras que jugaron fuerte contra la ley de Etiquetado.
Las empresas asumen que la disposición de plásticos y otros envases contaminantes debe legislarse, pero consideran en general que la penalización per sé aumentará costos y no permitirá a las compañías adecuarse. No hay, en esto, una línea única. Las multinacionales, que llevan adelante programas globales de reducción de impacto ambiental, no son reacias a pagar una tasa si pueden demostrar que ese dinero se usará a contribuir con esos objetivos. Pero sostienen que el "peaje" debería ocurrir en los primeros eslabones de la cadena productiva: los fabricantes de vidrio para envases, de aluminio y de plástico son contados con la mano. Incluir la tasa en ese estadio de la producción permitiría asegurar el rápido cobro y que todas las firmas que compran esos insumos lo paguen.
La intención de legislar sobre la disposición de los envases no es nueva. No solo existen iniciativas concretas en distintas partes del mundo, sino que en el Congreso se cuentan en la actualidad 14 proyectos ingresados, prácticamente en partes iguales por referentes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Algunos se focalizan exclusivamente en plásticos pero todos buscan regular, de una manera más laxa o dura, el impacto ambiental de los productos descartables.
