28|11|2021

Cómo funciona el ejército antifraude de JxC para blindar los votos el 14-N

19 de octubre de 2021

19 de octubre de 2021

La alianza alista una legión de 100.000 fiscales y 5.000 juristas. Macri, Dietrich y Lospennato, a la caza del voluntariado. Comité Jurídico y plan Denunciar.

La estrategia de Juntos por el Cambio (JxC) para contar con 100.000 fiscales en todo el país entrará este martes en una etapa decisiva con la participación del expresidente Mauricio Macri en una charla virtual por Zoom para sumar voluntarios y voluntarias. El fundador del PRO se conectará en forma remota. A partir de las 19, protagonizará la exposición junto a su exministro de Transporte Guillermo Dietrich con la moderación de la diputada nacional Silvia Lospennato. Ambos están a cargo de organizar la fiscalización a nivel nacional del partido amarillo. Para reforzarla echarán mano a la red de voluntariado de la coalición, considerada una cantera clave para conseguir fiscales en cada elección. Sin embargo, en esta competencia la apuesta es más ambiciosa: apuntan a contar con 5.000 abogados para orientar a los fiscales durante el 14N, con un centro de atención que volverá a contar con un 0800 propio para atender emergencias durante toda esa jornada.

 

“El 14 de noviembre tenemos la elección más importante de la historia democrática, porque está en juego la república, nuestra libertad y nuestro futuro, por eso necesitamos a un fiscal activo en cada mesa de votación de la Argentina y para ser fiscal activo tenemos que prepararnos, estudiar y capacitarnos”, se le escucha decir a la abogada y exfuncionaria pilarense Viviana Grau desde la página web continuamosjuntos.org, una plataforma organizada por la coalición opositora con el objetivo de garantizar la formación y organización de fiscales en forma remota a lo largo de todo el país. Por encima de ese armado está Dietrich y los dirigentes del G-25, el grupo que el exministro lanzó hace una década junto al actual senador Esteban Bullrich.

 

Grau es una de las capacitadoras y sus palabras anticipan el discurso que posiblemente compartan Macri y Dietrich, que es el secretario de voluntariado de la conducción nacional del PRO liderada por Patricia Bullrich. “Necesitamos un ejército de fiscales: más de 100 mil personas en todo el país y más de 40 mil en la provincia. Es un desafío enorme, porque no alcanza con ir a votar. Hay que contar los votos y es lo que va transformando al voluntariado. No alcanza con el compromiso. Me tengo que asegurar que el mensaje se escuche y para que se escuche lo tengo que fiscalizar”, dijo Lospennato una semana después de las primarias del 12 de septiembre en una charla transmitida por Twich desde el PRO nacional.

 

Desde este martes, la búsqueda para ensanchar el voluntariado y el número de fiscales se agitará hasta el 14 de noviembre. Quienes accedan a fiscalizar deberán inscribirse para capacitarse con un ambicioso programa de enseñanza y autoevaluación que tiene etapas escalonadas. Cada instancia es enviada en forma virtual cuando el y la aspirante completó la anterior, pero los contenidos están orientados a que cada fiscal vaya preparado para detectar presuntos fraudes e intervenir con precisión en la apertura de cada mesa.

 

Al igual que sucedió en las PASO, en las generales el PRO contará con una mesa de ayuda y un 0800 para orientar a fiscales con dudas en el momento de la elección. Junto a ese call center, esperan contar con 5.000 abogados para auxiliar a los y las fiscales que reclamen ayuda, pero también para reforzar los controles y la orientación.

 

Por encima de ese pelotón letrado, hay otra instancia de abogados que reporta directamente a las conducciones de los cuatro socios de Juntos por el Cambio. El Comité Jurídico Electoral fue lanzado por Bullrich el mismo día de las PASO y está integrado por representantes de cada partido. La UCR puso a Mariano Genovesi y Manuel Terrádez; la Coalición Cívica a Cecilia Ferrero y el PRO a Lucas Incico junto a Santiago Alberti. El Peronismo Federal, encabezado por el exsenador Miguel Pichetto, envió a Antonio Calabrese y Analía González.

 

A este grupo se suma la abogada, exfuncionaria y asesora del PRO Jimena de la Torre. Es titular de la ONG Bases Republicanas, que también forma parte del comité pero como representante de la sociedad civil. También es secundada por Martín Gali Basualdo, vice de la entidad y coordinador general de “Abogados en Acción”, que nuclea a un batallón letrado de unos 400 integrantes en todo el país y armó el call center en las PASO que volverá a funcionar en las primarias.

 

La escudería jurídica está concentrada en denunciar la presunta compra de votos a través de programas oficiales. Desde que fue convocada, ya presentó denuncias en San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Rio Negro y Salta. En algunos casos señalan movimientos de fondos públicos y en otros denuncian padrones con electores presuntamente falsos. “En todos los casos pedimos a los jueces con competencia electoral que investiguen si es clientelismo y si lo confirman les pedimos que dicten una cautelar para suspender el programa público denunciado”, detalló De La Torre a Letra P.

 

Esa misión cambiará el día de las elecciones, porque el Comité estará enfocado en analizar eventuales irregularidades y denunciarlas ante la Justicia Electoral. Sin embargo, la atención por ahora no está puesta en actuar sobre los hechos consumados, sino en respaldar a los y las fiscales. “Si no tenés fiscales con carácter para frenar la maniobra, no se puede actuar en el momento. Por eso necesitamos gente súper capacitada que tenga un perfil de personalidad que les permita plantarse”, definió la representante de Bases Republicanas.