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Es por una investigación sobre cómo se beneficiaron empresas vinculadas a la familia del Presidente en la renovación de contratos sin haber llamado a licitación. El caso Ausol.
Redacción 12/09/2019 19:31

Una de las dos causas judiciales que se tramitan en Comodoro Py por presuntas irregularidades en la concesión de peajes salpicó a dos funcionarios clave del ministerio de Transporte: su titular, Guillermo Dietrich, y el ex jefe de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel. Ambos fueron imputados este jueves por el fiscal federal Eduardo Taiano por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Las imputaciones fueron impulsadas por Taiano dentro del expediente que instruye el juez Sebastián Casanello, donde investiga cómo se benefició el Grupo Socma, a través de la concesionaria Ausol y la empresa IECSA (por entonces del primo presidencial Angelo Calcaterra) en la prórroga en la concesión de siete corredores viales.

En todos los casos, se trata de rutas nacionales donde las empresas siguieron cobrando peajes, actualizados, y también certificados de obra millonarios que fueron renovados por una resolución y sin la apertura de un nuevo llamado licitatorio, como establece la ley.

 

 

Este caso fue abierto a partir de una denuncia penal presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, donde se advirtió que sin llamar a una nueva licitación por distintos corredores, el Estado le permitió a distintas empresas, como IECSA de Angelo Calcaterra, seguir cobrando peajes y certificados. El caso cayó en manos de Casanello y del fiscal Taiano, que imputó a Dietrich e Iguacel y accedió inicialmente a la acusación de los querellantes.

Esta causa se conecta con otra, en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, donde investiga los beneficios de Ausol a partir de los aumentos de tarifas que dispuso la administración del presidente Mauricio Macri antes de que el holding familiar se desprendiera del 7% que poseía en la concesionaria Ausol, que sigue explotando la autopista Panamericana.

La firma no sólo aumentó sus acciones de cuatro a 75,50 pesos, sino que además recibió un resarcimiento de 499 millones de dólares a cambio de retirar una denuncia ante el tribunal del Banco Mundial (CIADI), donde reclamaba 1.100 millones de esa divisa por atrasos tarifarios.