Patricia Bullrich y su marido, el empresario Guillermo Yanco, en la cena 2014 del G25 (Foto: Infobae)
Según la propia definición del G-25, Bullrich, Dietrich y “otros se dieron cuenta de que muchos de sus amigos, colegas y familiares no se incorporaban a la política por diversos y profundos prejuicios. Es así como nace G25, de su necesidad de ofrecer un canal de acercamiento, por más de 4.500 integrantes (sic) en todo el país con un profundo deseo de participar activamente por un futuro mejor”, sostenía el anuario de ese grupo antes de las elecciones que consagraron presidente a Macri.
Después de la llegada del ex intendente porteño a la Casa Rosada, el G-25 se autodefinió como un “puente entre el ámbito privado y el público”. Según pudo reconstruir este medio, el salto de un lado al otro del mostrador comenzó a concretarse en forma masiva a partir de 2016, cuando el grupo se transformó en una de las principales bolsas de empleo del macrismo para ocupar direcciones, gerencias, secretarías y otros puestos públicos donde el PRO necesitaba preservar la línea de mandos.
Jaime Durán Barba, Miguel Del Sel y Diego Guelar, en la cena del G25 de 2014 (Foto Infobae)
PODIO NACIONAL. La cantera de relaciones políticas sembradas durante años de timbreo germinó en la proliferación de cuadros de gestión de los que el Gobierno echó mano en una proyección geométrica de las redes construidas dentro del Gobierno de la Ciudad durante los dos mandatos de Macri como alcalde, donde Bullrich se desempeñó como ministro de Educación luego de la traumática partida de Mariano Narodowski por el caso de las escuchas y donde Dietrich estuvo durante ocho años a cargo del transporte porteño.
En esas dos reparticiones públicas, el G25 desarrolló una estructura de relativo poder que, según pudo confirmar Letra P en boca de sus propios integrantes, mantiene “un fuerte liderazgo” en el Ministerio de Transporte que ahora controla Dietrich y también dentro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), conducida por Ramón Lanús, que reporta directamente al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La lista de figuras públicas del G25 está encabezada por dos funcionarios clave de la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta: su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia.
La nómina continúa con el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez; su segundo, Esteban Galuzzi; su par de Cultura Ciudadana, Paula Uhalde; Fernando Benegas, titular del área de Planeamiento Estratégico, y el coordinador General de la Agencia Gubernamental de Control Comunal (AGCC), Santiago Lucero Torres. Junto a ellos aparece el procurador general, Gabriel Astarloa, y el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet.
En el Estado nacional, el G25 cuenta como propio al director de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), el tucumano Pablo Walter, y al síndico general de la Nación, Alberto Gowland.
Dentro de la órbita de Dietrich, la red es mucho más amplia y cuenta con el presidente de Ferrocarriles Argentinos y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), Guillermo Fiad; la jefa de Gabinete de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Ana Indart, y al director de Recursos Humanos del Ministerio de Transporte, Juan Uribe. El team de transporte se completa, parcialmente, con Eduardo Pablo Braun, director de Aeropuertos Argentina 2000 y uno de los primos que tiene el ministro coordinador Peña dentro del Estado. En Educación, la influencia de Bullrich llega a Martín Pugliese, un asesor del ministerio.
LA RED FEDERAL. Aunque el Grupo decía contar con más de 4.000 profesionales dispuestos a desembarcar en distintas áreas del Estado, en el G25 relativizan esa cifra. Dicen que la inserción no supera el 10% del total dentro de las administraciones que controla Cambiemos, pero en el PRO admiten una presencia “mucho mayor” en distintas reparticiones porteñas, organismos de control y el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Su expansión, en la actualidad, llega a distintas provincias, con una agenda que depende de los coordinadores regionales. Algunos de esos nombres confirman que el puente entre lo privado y lo público puede, a veces, ser escabroso. Un problema que, hace un año, casi derivó en la anulación de esa fundación por decisión de Peña.
PBA. Es el caso de Cristian Daniel López, uno de los coordinadores del G-25 en San Isidro, que se hizo famoso luego de abandonar el cargo que tenía en la AABE que conduce Lanús, otro destacado hombre de la fundación. López fue director del ex ONABE y posteriormente se desempeñó como director suplente de las empresas “Playas Ferroviarias de Buenos Aires” y “Nuevos Aires del Sur S.A.”.
Todavía se desconocen las razones del despido, pero, cuando López devolvió su auto oficial, encontraron en la guantera la factura de un reloj por 125 mil pesos a nombre de un proveedor del Estado Nacional que debía controlar. El escándalo obligó a Lanús a denunciar penalmente a su ex compañero del G-25 ante la Justicia. El auto del hallazgo era un Peugeot Partner cedido por el Estado para que lo utilizara.
En Azul, partido de la pequeña Séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires, el encargado de las redes del G25 es Ramiro Ortiz, máximo referente del PRO en la zona y titular del PAMI de esa localidad. La oposición azuleña a Cambiemos lo acusa de acomodar a sus amigos en la estructura de la obra social de los jubilados. La expansión agraria también incluye a Santos Zuberbuhler, director local de la SRA y encargado del G25 en la localidad bonaerense de Navarro.
El mapa de contactos del G25 también roza a La Plata, con Juan Pablo Allan, senador provincial desde diciembre de 2015 y hombre de Bullrich en la zona. Sus detractores, dentro del mismo macrismo, lo señalan por designaciones “poco transparentes” en la delegación municipal Villa Elisa, aunque el legislador mantiene una disputa sorda con el intendente municipal, Julio Garro.
INTERIOR. Para la región del noroeste argentino, el G25 mantiene como coordinadora a Corina Pérez Antich, esposa de Walter, director de AySA. Dentro de la cartera de Transporte reconocen que la mujer tiene una “buena relación de amistad” con Dietrich. El vínculo le permitió llegar a un cargo jerárquico en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la región, que ocupó simultáneamente con otro en la Legislatura provincial.
Cuando se conoció la designación, en Tucumán se desató una polémica por los escasos conocimientos de la mujer en materia de seguridad vial. En mayo de 2016, el Ministerio de Transporte tuvo que aclarar que las funciones de Pérez Antich, dedicada a la moda, no estaban vinculadas a cuestiones ejecutivas, sino a “la coordinación de encuentros y actividades de los funcionarios nacionales de la Agencia con los equipos provinciales”. Tras la aclaración, la funcionaria mantuvo su puesto como representante regional del G25, pero para Tucumán fue designado Miguel Mitre, dueño de El Rayo Bus - Empresa Libertad UTE, que controla una línea de colectivos en la ciudad y comparte el interés por el negocio del transporte con su referente nacional:Dietrich.
Guillermo Dietrich y Luis Miguel Etchevehere exultantes en la cena 2014 del G25 (Foto: Infobae)
El representante santiagueño del G25 es el empresario inmobiliario Carlos César Lescano, ex candidato a concejal del PRO y coordinador provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) del Ministerio de Agroindustria de la Nación, una de las estructuras que el PRO se encargó de diezmar a nivel federal bajo especial insistencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que actualmente controla la cartera agraria a través de su ex titular Luis Etchevehere.
Además de los cuestionamientos por los despidos en la regional a su cargo, el Movimiento Campesino de esa provincia (MOCASE – Vía Campesina) lo denunció por contratar, con intermediarios, “a un matón de la zona de Monte Quemado que se llama “Tala Aranda” para “alambrar unas 1.500 hectáreas de familias originarias de la zona”. Según los campesinos, el funcionario integra la red de empresarios inmobiliarios que promueve, desde hace 15 años, el desalojo de poblaciones ancestrales en esa provincia, territorio de una disputa brutal por el control de la tierra.
En Jujuy, el G25 es atendido por el empresario Mario Briones, titular de la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal de la provincia, mientras que en Misiones la franquicia corre por cuenta de Martín Goerling, quien asumió el cargo de director en el Ente Binacional Yacyretá cuando el titular del partido, Humberto Schiavoni, asumió su banca en el Senado. En el caso de Catamarca, la referente es María Luján Guardo, que tiene un cargo en la ADIFSE.
LA RESPUESTA DEL G25. En el Grupo 25 eludieron las consultas de este medio respecto al coordinador sanidrisense que fue denunciado penalmente por Lanús, el titular de la AABE. Se limitaron a contar que, "al hacerse pública la denuncia, el G25 y todas las personas vinculadas a nuestra red dejaron de tener contacto con Cristian López". Pero explicaron que “aproximadamente 300 profesionales han llegado a integrarse en distintos equipos de gobierno”. La fuente no aportó la nómina de cargos ocupados ni precisó que firmas financian a la fundación.
En su lugar, contestaron que, además de una fuerte presencia en Transporte y Educación, han presentado “a personas que luego fueron seleccionadas para ocupar cargos de relevancia en los ministerios de Energía de la Nación y de Desarrollo Urbano porteño, en la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, en la AFIP y en los bancos públicos”.
Admiten que los nombramientos se dispararon “a fines de 2015, al tener que formar rápidamente los tres gobiernos en pocos días”. Según la interpretación oficial, esa urgencia les permitió “hacer entonces una contribución importante y rápida que luego, con la marcha de cada gobierno, fue haciéndose espaciada en el tiempo y más puntual”, explicaron.
A pesar del poder que concentran los funcionarios que integran al G25 y de la cantidad de puestos públicos que manejan bajo su firma, los consultados se empeñaron en asegurar que la fundación “nunca toma la decisión de incorporar una persona" sino que "sólo acerca candidatos", porque "el organismo y sus autoridades toman la decisión de la contratación y no hay ningún requisito de pertenecer a ningún espacio político”.
Parece una consultora, aunque en este caso dicen que se trata de un puente, donde los postulantes y los contratantes son parte del PRO.
