El ministro de Economía, Martín Guzmán, intenta centrar las expectativas de empresas y gremios en torno al 29% de inflación previsto en el Presupuesto 2021. No son los únicos actores a los que el funcionario debe convencer. Las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se centran por estos días en torno a esa proyección. Los cuadros técnicos del organismo multilateral sostienen que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2021 será más alto, en línea con el 45 o 50 por ciento que estiman los bancos de inversión y las consultoras privadas, y pide alinear el resto de las variables del programa a renegociar en función de esa proyección.
Las discusiones muestran hasta qué punto Guzmán defiende los números del Presupuesto votado a fin de año por el Congreso como la hoja de ruta de la economía, tanto hacia afuera como en las conversaciones reservadas. Para consultoras privadas, el IPC avanzará a un ritmo que tendrá como piso entre 3,5 y 4 por ciento mensual. Economía sostiene que el dato de diciembre (4%) fue estacionalmente alto y que el IPC comenzará a desacelerarse. Los indicadores de alta frecuencia que siguen en Hacienda y en el Banco Central darían una inflación de en torno a 3% en enero; economistas la estiman más cerca del 4%.
El FMI no hizo públicas sus estimaciones de inflación para la Argentina. El martes, en su informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, sus siglas en inglés), rebajó desde 4,9 a 4,5% las expectativas de crecimiento para el país. Como referencia, el Presupuesto estimó 5,5% de rebote, sin considerar los altos precios de los commodities de los últimos meses.
En el Gobierno interpretan que los IPC de enero y febrero serán determinantes. Los números serán altos, pero esperan poder mostrar cierto control, sobre todo, en el precio de los alimentos, que subieron 42,1% en 2020, o seis puntos más que el índice general, impulsado por carnes, frutas y verduras. También, en Indumentaria (60% anual) y otros rubros que treparon por encima del 36,1% del año pasado. Eso permitiría argumentar que existiría un reacomodamiento de los precios relativos y no una suba generalizada que obligaría a pensar en un piso más alto.
El Fondo parece inclinarse por esta última opción. En las reuniones técnicas, se mostró partidario de alinear el resto de las variables económicas a esa proyección de inflación más alta que la oficial. Eso implica una mayor nominalidad: mayores gastos nominales en subsidios a la energía, en salarios públicos, en pagos de jubilaciones y AUH (asumiendo que la recaudación y las paritarias serán más altas y que impactarán el índice de actualización) y en planes sociales, entre otros gastos. La recaudación, por otra parte, se vería impulsada por el IVA. Ajustar las proyecciones un escalón o dos hacia arriba impactaría en la financiación del déficit primario, que el Presupuesto estimó en 4,5% del PBI pero que el Fondo quiere reducir. Ese rojo fiscal se financiará en parte con emisión monetaria y en parte con deuda. Si la inflación es más alta de lo previsto, habrá que emitir más dinero o conseguir más pesos en el mercado doméstico.
En la visión oficial, cualquier estimación de inflación superior al 35% supone una devaluación del peso mayor a la que convalidará el Banco Central. La entidad que preside Miguel Pesce que dejará correr el tipo de cambio para que no pierda competitividad pero lo controlará sin problemas por obra y gracia del cepo. El BCRA y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES también cuentan con una significativa cartera de bonos para dormir el "contado con liqui" y manejar la brecha cambiaria, aun convalidando rendimientos del 16%.
La hoja de ruta de Guzmán mantiene como objetivo cerrar el acuerdo con el Fondo en los primeros meses de 2021. El ministro también es partidario de ajustar las tarifas de los servicios públicos por inflación, de forma tal que no incrementen la carga real de subsidios. Es el punto más discutido en el frente interno.
Precios y salarios
La política para que la inflación esté más cerca del 29% anual que del 50% empieza a manifestarse: negociaciones con los productores primarios para disociar los precios internos de los valores internacionales de los commodities; congelamientos y controles en bienes de consumo masivo y tarifas y acuerdo con gremios y empresas. Esto último fue el eje central de la reunión del miércoles del gabinete económico, que avanzó en "la definición de una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica del gobierno", informó Economía.
“El Gobierno apunta a continuar con el sendero de reducción gradual y consistente de la inflación", dijo Guzmán. "Se considera la inflación como un fenómeno multicausal, consecuencia de factores macroeconómicos y pautas de comportamiento y de formación de expectativas que le dan persistencia”, agregó. "El pilar central para atacar la problemática inflacionaria es el esquema integral de política macroeconómica, que incluye a la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. Para hacer realidad los objetivos definidos en la ley de Presupuesto 2021, el Estado tiene un rol en la gestión de coordinación en pos de alinear expectativas con los objetivos inflacionarios a los que se apunta”, continuó el ministro.
El plan antiinflacionario se muestra de a retazos. El Banco Central esperará al dato oficial de enero, que el INDEC publicará el 11 de febrero, para definir si sube la tasa de interés de referencia, actualmente en 38% anual o 3% mensual, y el Tesoro inició sus rondas de licitaciones domésticas para financiarse lo más posible en el mercado para acotar la emisión monetaria. El mercado se vuelca principalmente sobre los títulos que ajustan por CER y que, con altas expectativas de inflación, rinden más que las Leliq, descontando el impuesto a los Ingresos Brutos que sumó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires este año.
