La inflación se le escurre al Gobierno. Apenas una semana después de que pudiera "festejar" un Índice de Precios al Consumidor del 36,1% anual - una caída interanual de casi 20 puntos, en medio una recesión brutal, con tres años de salario a la baja y con fuertes regulaciones de precios- el dato de que la Canasta Básica Alimentaria viajó al 45,5% en 2020 y las subas registradas en lo que va de enero encendieron alarmas.
El cierre de las exportaciones de maíz y complicadas negociaciones con los frigoríficos para bajar el precio de la carne aparecieron en el horizonte inmediato como la política de garrote y zanahoria con la que el Ejecutivo intentará que el IPC de 2021 termine cerca del 29% estipulado en el Presupuesto y no del 50% que augura el consenso de economistas. En tanto, el Banco Central se tomará unas semanas más para definir si sube la tasa de interés.
Si en 2020 los precios de los alimentos procesados estuvieron bajo relativo control por la política de Precios Cuidados y Precios Máximos, las carnes subieron 56,9% y las frutas y verduras, en torno al 60 por ciento, de acuerdo con los datos oficiales. La Secretaría de Comercio Interior, en reuniones con frigoríficos y productores avícolas, recibía quejas por las constantes subas del alimento de los animales. La respuesta, tardía, llegó desde el Ministerio de Agricultura, con el cierre de las exportaciones de maíz que provocó un paro del campo y una negociación para reabrir los puertos pero garantizar un menor precio interno.
En cuanto a la carne, Agricultura, Comercio Interior y los frigoríficos del consorcio exportador ABC negocian la incorporación a Precios Cuidados de 12 cortes durante un año, con aumentos trimestrales o cuatrimestrales. La negociación parece empantanada. La intención del Gobierno era dejar que bajaran los precios estacionalmente altos de diciembre para, sobre un piso inferior, conseguir recortes adicionales. Pero la carne sigue subiendo y todavía no hubo avances. En el Ministerio de Desarrollo Productivo estiman que el acuerdo podría alcanzarse la semana próxima o a comienzos de febrero.
Guido Lorenzo, director ejecutivo de la consultora LCG considera que el Gobierno corre de atrás. "Van a buscar algún programa para tratar de regular los productos frescos, pero el problema no es el animalito de la calesita, sino la calesita en sí mismo. En diciembre fue la carne; luego, el maíz; la semana pasada, el pan; después será el azúcar... la política antiinflacionaria está desenfocada", sostuvo.
LCG realiza una medición semanal de la inflación de alimentos. En la tercera semana de enero, el índice privado aceleró al 1,9% semanal y dejó un arrastre de 4,9 por ciento para todo el mes. Impactó el relanzamiento de Precios Cuidados, con subas del 5,6% promedio, y el desarme progresivo de Precios Máximos, aunque la carne sigue siendo el bien de principal incidencia. "El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 4,4% y 4,6% medida en el acumulado de las últimas 4 semanas", indicó la consultora.
La reunión de Gabinete Económico del jueves tuvo en su temario esta disparada del precio de los alimentos. Luis Basterra, el ministro de Agricultura, fue el vocero designado, lo que da a entender que será el que encabezará las reuniones con los sectores, con el Consejo Agroindustrial Agropecuario como interlocutor preferencial. "Estamos explorando todas las posibilidades para que sea por consenso, por acuerdos, que alcancemos esos instrumentos para que la población acceda a los alimentos", dijo. El ministro agregó: "Hemos construido debates específicos: de la situación del girasol, del trigo, del maíz, de las carnes. Estamos teniendo acuerdos que son estructurales".
En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que habrá un aumento en el monto de la tarjeta Alimentar que reciben más de 1,5 millones de familias cada mes. "Hubo un aumento importante en los precios de los alimentos", de "cerca del 50% en el año", dijo el ministro. "Sobre esa base estaremos adecuando el monto", agregó.
El consenso de economistas sostiene que, más allá de los acuerdos y de la protección a los sectores vulnerables, falta la pata monetaria. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que intentará reducir lo más posible el financiamiento del déficit vía emisión, pero el Banco Central todavía no moverá la tasa de interés.
Esperará a que el Indec publique la inflación de enero, el 11 de febrero próximo, para definir si sube o no la tasa de referencia. La autoridad monetaria sigue indicadores de alta frecuencia que mostrarían una desaceleración respecto de la inflación de diciembre, del 4,1 por ciento. El dato de enero estaría en torno a 3%, en línea con la tasa mensual. De convalidarse esa previsión oficial, no verían necesario subir la tasas. Recuerdan que los plazos fijos UVA garantizan una tasa real positiva, al pagar 1% más que la inflación.