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“Las usurpaciones son ilegales y producen situaciones injustas. La provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional pero este no se soluciona con intrusiones ilegales”, eligió decir Kicillof haciendo equilibrio entre ambas posturas. Como el resto de funcionarios y funcionarias, también pidió celeridad a la Justicia.
En la Gobernación hace correr un dato elocuente que en parte deposita las responsabilidades en la herencia macrista. Entre los años 2009 y 2015, las administraciones de CFK y Daniel Scioli en Buenos Aires se construyeron 6.646 viviendas, en promedio por año; mientras que en el período 2016-2019, con Macri y Vidal, solo se hicieron 2.030 anualmente. Es decir, un 60% menos.
Son los y las jefas comunales quienes sufren la urgencia. Es en sus distritos donde en las últimas semanas se multiplicaron las usurpaciones. Por eso quieren soluciones rápidas. Antes de reunirse con el mandatario este jueves, los jefes comunales de la Tercera sección electoral mantuvieron un encuentro en el distrito de Presidente Perón, donde fueron usurpadas unas 100 hectáreas en las que se instalaron unas 2.500 familias. Fueron a respaldar a la intendenta Blanca Cantero y sentaron posición: “El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio”, enfatizaron. Luego, fueron recibidos por el gobernador y su gabinete.
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“Una ciudad se organiza, se planifica, y se debe respetar la propiedad privada. Hay muchas partes de tierras tomadas que tienen dueños. Están jugando con la necesidad de algunos vecinos. Muchos jóvenes formaron su familia y viven en la casa de los padres. No podemos vivir en una anarquía así”, se quejó Cantero en una entrevista con radio Mitre.
La oposición incluyó el tema en la agenda. Los intendentes de Juntos por el Cambio le reclamaron “unas postura clara” al gobernador Kicillof al respecto. Lo hicieron organizadamente con una catarata de tuits al término de la conferencia donde el mandatario expuso sobre la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sumó a esa mesa a los macristas Julio Garro (La Plata) y Néstor Grindetti (Lanús), quienes mantuvieron una posición dialoguista pese a las duras críticas que los oficialistas vertieron contra la oposición.
BERNI. Con su postura más dura pro-desalojo, el ministro de Seguridad arremetió contra el propio oficialismo al vincular a las organizaciones sociales con las usurpaciones. Le puso nombre y apellido: Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, las cabezas del Movimiento Evita, lo que desató otra interna en el oficialismo.
Berni dijo que en lo que va del año ya frenó 868 tomas de terrenos y que por ese delito fueron detenidas 524 personas. Lo hizo con video, fiel a su estilo. “El derecho a la propiedad privada es innegociable”, indicó. Y afirmó que habrá tolerancia cero al delito.
LARROQUE. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora también dijo que la acción de ocupar un terreno es un acto ilegal. Pero subrayó: “Tenemos que poder opinar con mesura y responsabilidad porque es un tema muy delicado (…) es el Estado quien debe conducir esos procesos urbanizadores y dar una respuesta”.
Por su función, Larroque debe mantener articulación con las organizaciones sociales, que por su trabajo en el terreno conocen de primera mano el sufrimiento de sectores populares que no tienen dónde vivir. Tras el encuentro con intendentes, se acordó que Larroque se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren déficit habitacional.
Como parte de la solución, Kicillof anunció la finalización y construcción de nuevas viviendas. Son las que se incluyen en el plan que anunció esta semana. Incluye la terminación de 5.700 viviendas cuya construcción había sido interrumpida por la gestión anterior y 2.300 nuevas. También, un sistema de alertas tempranas entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos.