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Las tensiones Provincia - Nación son el telón de fondo de un conflicto que crece sin encontrar una solución en los diferentes ministerios. Peleas cruzadas.

Por 03/09/2020 17:23

La proliferación de ocupaciones de terrenos va a camino a convertirse en el primer desafío de una crisis social latente que hasta ahora venía encontrando medidas de contención y consensos políticos, pero que ahora expone una estrategia errática y contradictoria en la cima del Gobierno.

La voz más radicalizada es la del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que insiste en policializar el tema en el marco de una serie de contrapuntos que se dan al interior del oficialismo. Si bien la plana mayor del Gobierno sostiene que son acciones ilegales, apuesta a una solución del conflicto que reconoce las necesidades, profundizadas por la crisis, que se topa con la falta de propuestas sociales y habitacionales.

 

 

El cruce entre Berni y el asesor presidencial Fernando Navarro sobre las responsabilidad de las ocupaciones provocó tal impacto en la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP), que las organizaciones dejaron a un lado las crecientes internas para respaldar al dirigente del Movimiento Evita.

 

 

En un comunicado firmado por todas ellas, las organizaciones de la UTEP repudiaron las declaraciones que "pretenden convertir un gravísimo problema social como es el déficit habitacional producto de la desidia que padecen millones de compatriotas, en un problema policial que se resuelve con represión".

La crisis por las tomas parece una réplica de lo que ocurre con las medidas sanitarias frente a la pandemia: si al dictar la cuarentena se desplegaron políticas de emergencia para intentar que nadie se cayera del mapa, ahora no terminan de aparecer soluciones para afrontar las consecuencias del agravamiento de la crisis.

 

 

Organizaciones y funcionarios reconocen avances sustanciales en el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Daniel Arroyo, el organismo sobre el que naturalmente se posan todas las miradas frente cualquier crisis social.

Con una presencia determinante de organizaciones sociales, esa cartera le dio en las últimas semanas las puntadas finales al plan Potenciar Trabajo, un programa que apunta a combinar los ingresos que proveen los planes sociales con las posibilidad de reinserción laboral en la construcción, la producción de alimentos, el rubro textil, la economía del cuidado y el reciclado.

"Es evidente que hay una crisis habitacional, la salida es la urbanización. Y la salida de la crisis provocada por la pandemia es con trabajo, principalmente en los sectores de mano de obra intensiva", dijo Arroyo en las últimas horas y proyecta que las organizaciones sociales cuentan con la fuerza laboral para iniciar la urbanización de 4.400 barrios, donde viven cuatro millones de personas, que llevaría alivio a la crisis habitacional.

¿Qué falta entonces? Todas las miradas apuntan a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat , María Eugenia Bielsa, como quien no termina de enhebrar las políticas adecuadas para afrontar la situación. Más allá de la desilusión de algunos sectores que apostaron fuerte por la santafesina, la realidad es que su cartera ocupa el podio de los ministerios que registran mayor subejecución del presupuesto durante el primer semestre.

 

 

"Mucha gente está buscando regular su situación habitacional, pero la realidad es que hoy el Estado no está brindando una solución", sostiene un dirigente social que, no osbtante, reconoce que las nuevas tomas son tan diversas que complejizan un abordaje único. No es lo mismo una ocupación en la Patagonia, atravesada por demandas ancestrales de pueblos orginarios, que una toma en el conurbano, sostienen, a contramano de cómo se presenta el tema mediáticamente.

En el rompecabezas de actores involucrados también están los intendentes, que sufren en carne propia los conflictos y, sin embargo, no consiguen trabajar en tándem con las organizaciones sociales en la prevención de estos episodios. Pero tampoco encuentran las políticas adecuadas a la hora de abordar una situación de ocupación de terrenos y terminan recostándose sobre las fuerzas de seguridad.

Una salida posible, ejemplifican en las organizaciones sociales, es a la que recurrió el intendente Bruno Pogliano, de El Bolsón, la localidad cordillerana que la semana pasada saltó a la tapas de los diarios por la ocupación de varias hectáreas de una reserva forestal. Allí, el jefe municipal intentó inicialmente resolver el tema a través de las fuerzas de seguridad, pero finalmente optó por solicitar la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social y puso en marcha un Registro Único de Demanda Habitacional para intentan canalizar la situación.