En un exhaustivo informe de 203 páginas, la Subsecretaría de Energía bonaerense describió el pésimo desempeño que tuvieron las cuatro distribuidoras eléctricas, todas bajo la órbita de Desarrolladora Energética S.A. (DESA) comandada por Rogelio Pagano, durante el gobierno de Cambiemos. En el documento, al que tuvo acceso Letra P, se concluye que durante el gobierno de María Eugenia Vidal se avalaron aumentos tarifarios injustificados, dado que los mismos no se tradujeron en inversiones. Se evidencia que Edelap (que opera en La Plata y su región), EDES (sur bonaerense), EDEA (atlántica) y EDEN (norte) aplicaron tarifazos que oscilaron entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años, pero que “este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones”. Además, el gobierno no controló.
“A pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $ 12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas”, detallaron desde la Subsecretaría a cargo de Gastón Ghioni, para advertir que el cóctel de tarifazos y desinversión “tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias” de las energéticas.
Así se reveló: “Las cuatro distribuidoras de energía eléctrica aumentaron sus ganancias, entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%. Los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares”.
GANANCIAS 2015-2018
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EDEN. Incrementó las ganancias 498,3%. Pasó de US$ 10,1 millones a 60,1 millones de dólares.
- EDES. Incrementó ganancias 644,1%. Pasó de US$ 3,4 millones a 25,3 millones de dólares.
- EDEA. Subió la ganancia 10.458%. Pasó de ganar 0,7 millones dólares a US$ 75,1 millones.
- EDELAP. Pasó de uno negativo por 23,4 millones de dólares a uno positivo por US$ 56,1 millones.
Como venía informando Letra P a partir de la información presentada por las empresas de Pagano a la Comisión Nacional de Valores, se advertía un marcado descenso en la curva de inversión real por parte de Edelap, solo tomando lo desembolsado en este aspecto entre 2018 y 2019. Aunque existió un leve incremento en pesos de un año a otro, la fuerte turbulencia cambiaria de los últimos dos años del macrismo hizo que, en dólares, la inversión haya sido significativamente menor.
Fuente: informe de la Subsecretaría de Energía PBA.
Esta bonanza de las empresas de Pagano a la par de los recurrentes apagones tuvo como aliada central a la falta de control, que también analiza el informe: “Sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10% de las comerciales”.
El cuasi nulo control por parte del organismo a cargo de ello (OCEBA) también fue evidenciado en un relevamiento que, como adelantó Letra P meses atrás, encontró un “alto nivel de abandono y una gran desinversión” en OCEBA, panorama ilustrado en 950 reclamos de usuarios cajoneados, recortes en auditorías, eliminación de viáticos al personal, contabilidad regulatoria ausente y una tasa de fiscalización -que abonan las empresas por ley al organismo- sobre la que se cobraba solo un 40%.
Las inversiones realizadas por las distribuidoras no acompañaron el incremento de ganancias que las empresas percibieron a partir del aumento tarifario de 2016 (Fuente: Informe Subsecretaría de Energía PBA).
Volviendo al actual informe, allí se recalcó: “En cuanto a las inversiones realizadas y los controles, se pueden identificar dos ejes críticos: por un lado, los montos comprometidos fueron inferiores a los ingresos otorgados a través de la tarifa y con serias deficiencias normativas respecto del compromiso de inversiones; y por otro lado, la acción de control por parte de la Autoridad de Aplicación fue paupérrima, informes que distorsionan los valores a los fines de dar como cumplidos los compromisos, auditorias insuficientes y aprobación en base a declaraciones juradas de las empresas”.
MENOS CORTES. Pese a lo expuesto en el informe, fuentes cercanas a DESA dijeron a Letra P que hubo una mejora en la calidad del servicio y que en relación a las inversiones ejecutadas en base a la planificación estratégica de las Distribuidoras y el compromiso asumido por los parámetros de calidad, "se observa la mejora sustancial en los índices de frecuencia y duración de las interrupciones de servicio en el período considerado".
Además, sostienen cerca del grupo de empresas, que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2015, el Valor Agreado de Distribución (VAD) promedio en una factura de un usuario residencial de 250 kilowatios consumidos por mes se incrementó en un 525% mientras que el costo de la energía para reducir los subsidios en el mismo plazo se incrementó en un 2500%. El desfasaje temporal entre el pago de la energía a CAMMESA y la recuperación de esos costos por el cobro de las facturas de los usuarios, con las medidas cautelares, "afectó el capital de trabajo de las empresas y afectó los planes de inversiones".
Asimismo, en cuanto a los dividendos consignados en el informe, las mismas fuentes cercanas a DESA explican que obedecen a resultados no efectivamente distribuidos. Muchos resultados contables obedecieron a eliminación de pasivos corrientes como por ejemplo, PUREE, financiamiento CAMMESA largo plazo, ajustes por inflación de los estados contables, entre otros. Se explicó que sí se pagó impuestos al Estado por esos resultados, pero nunca generaron en su totalidad movimientos de caja hacia el accionista, más allá de la tasa de retorno regulada del 7,98%, después del pago de impuestos.
En el grupo se muestran "optimistas" en que se arribara a un acuerdo de entendimiento, que incluirá el lanzamiento de un plan de trabajo en conjunto que implique el sostenimiento del Servicio de Distribución de Energia Electrica, que aporte previsibilidad y estabilidad regulatoria, "en miras al desarrollo económico y social de las áreas de concesión comprometidas".
