Según los cálculos que tiene en la cabeza Alberto Fernández, incluso con el recorte de coparticipación ejecutado este jueves, la Ciudad sigue recibiendo más recursos que los que necesita para financiar su Policía. Horacio Rodríguez Larreta piensa exactamente lo opuesto. En su gobierno dicen que aceptaron “a regañadientes” el aumento de la cuota que les autorizó Mauricio Macri en 2016, por escaso, y que con esta quita quedan directamente desfinanciados. Por eso irán con una demanda ante la Corte Suprema.
El Presidente le dijo a Radio con Vos que alcanza con el equivalente a 0,8% de la masa total de los recursos coparticipables para que la Ciudad cubra el costo de su Policía. Según este cálculo, la cuota porteña debería ser de 2,2%, la suma de lo estimado por el Presidente más el 1,4% que el distrito más rico del país tenía asignado previamente. Desde este jueves, esa cuota quedó fijada en 2,32%, un poco más de esta previsión.
Para el gobierno porteño, para cubrir el costo de la fuerza responsable de la seguridad de la Ciudad ni siquiera alcanza con el 2,1% de coparticipación extra que Macri le dejó al distrito que lo catapultó a la Presidencia.
El conflicto tiene puntos de origen que traban la discusión. En primer lugar, en el traspaso que se hizo durante la gestión macrista nunca se hizo un peritaje serio sobre el costo real de mantenimiento de la fuerza porteña; en segundo, que la Ciudad no está incorporada como provincia a la ley de Coparticipación, por lo que su condición jurídica es distinta al resto de las jurisdicciones; en tercer lugar, que entre la Nación y el gobierno porteño no hay acuerdo sobre qué debe financiar el Estado nacional y cómo se deben transferir esos recursos.
LOS NÚMEROS. Cuando el entonces presidente Macri transfirió a la Ciudad la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal más otras dependencias y un paquete de bienes, el aparato de seguridad bajo la órbita del Ejecutivo porteño sumó un poco más de 18 mil agentes. Si bien las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación trabajan por estos días en una estimación actualizada de cuánto le cuesta a porteñas y porteños cubrir los gastos de ese servicio, Letra P accedió a un documento interno de esa dependencia que sirve para trazar algunos cálculos.
Según este documento, en 2016 el costo de salarios, mantenimiento, bienes de uso y de consumo para esos 18 mil agentes fue de 8.047 millones de pesos. Es el año en que Macri transfirió esa porción de la Federal a la Ciudad y que, fusionada con la entonces Metropolitana, dio origen a la Policía de la Ciudad.
El Presupuesto 2016, sancionado por la Legislatura porteña antes de la transferencia de la Policía y de la cesión de recursos de Macri, proyectaba recaudar 10.022 millones de pesos con su 1,4% de coparticipación. Es decir, para cubrir esos 8.047 millones hubiese bastado con un 1,12% de coparticipación extra. Macri le dio más del doble y la Ciudad terminó recaudando más de 26.000 millones por recursos federales. Con la diferencia que sumó, pagaba dos veces el costo de la Policía traspasada.
EL PRESUPUESTO. El Presupuesto 2020 de la Ciudad destinó 68.803 millones de pesos al Ministerio de Justicia y Seguridad, del que depende la Policía porteña. Fuentes del Ejecutivo porteño sostienen que la quita de 1,18% de coparticipación dispuesta por el gobierno nacional produce un agujero fiscal de unos 36.000 millones de pesos, lo que deja entrever un dato: la cesión de coparticipación que firmaron Macri como presidente y Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno (2,35%, primero; 2,1%, ajustado después) sobraba ya no solo para financiar la totalidad de la fuerza de seguridad porteña, sino el presupuesto total del ministerio.
De ahí se desprende un segundo conflicto: ¿la Nación debe pagar por el total de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza que hoy cuenta con unos 29 mil agentes, o el equivalente a los poco más de 18 mil que transfirió en 2018? En este punto, no hay ni siquiera acuerdo adentro del oficialismo porteño.
La senadora por la Ciudad de Buenos Aires y exministra de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de Larreta, Guadalupe Tagliaferri, sostiene que el costo de funcionamiento de lo preexistente a la transferencia de la Federal de la Ciudad ya estaba “absorbido” por la caja de la Ciudad. “El costo que se transfirió no es más que para cubrir los agentes transferidos. La Ciudad ya tenía el resto absorbido en su presupuesto”, dijo este viernes a FutuRock. “Ahora, el costo de la Policía no es solamente salarios; es más que eso”, agregó.
Sin embargo, un funcionario de alto rango en la Ciudad y de la más íntima confianza de Larreta opina distinto: cree que la Nación debe financiar bastante más que lo que cueste sostener a esos 18 mil agentes. “Lo que se transfiere es un servicio, en este caso, el servicio de seguridad, no un grupo de personas”, explicó a este medio. Y aportó otra mirada: “Si la Federal todavía estuviese en manos de la Nación, ¿seguiría teniendo solamente 18 mil agentes? ¿Seguiría teniendo la misma cantidad de patrulleros? ¿Le costaría lo mismo ahora que hace más de cuatro años?”.
¿Y LA CORTE? Como ya contó Letra P, el partido de la coparticipación porteña se disputará en dos terrenos de juego. Uno es el Congreso, donde el Gobierno espera resolver el costo real de la transferencia del servicio de seguridad a la Ciudad para volver a ubicar al distrito que gobierna el macrismo en su cuota original de 1,4%; el otro es la Corte Suprema, a donde Larreta anunció que hará una presentación por el decreto que ajustó su cuota en 2,32%.
Según fuentes porteñas, la expectativa es que el máximo tribunal deje en stand by el decreto 735/2020 y ordene un peritaje para establecer con precisión de cuánto debe ser la transferencia de recursos de la Nación a la Ciudad para financiar su policía. En Olivos, la mirada es radicalmente opuesta. “No tienen ninguna chance”, se entusiasman.
Otro punto clave en el que podría intervenir la Corte es establecer los mecanismos para esta transferencia. La Constitución es clara: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos”. La duda es cómo. Macri decidió que sea mediante coparticipación; en su decreto, Fernández ya dejó claro que no.
“La Constitución exige que financiemos con recursos lo transferido, pero la coparticipación no es el vehículo”, explicó este viernes la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, a El Destape Radio. Según la funcionaria, había “acuerdo” con la Ciudad en que no era la coparticipación el vehículo para que llegasen a la caja porteña los recursos para la policía. En medio de esta crisis política y económica, además, tendrán que definir cuál es ese vehículo.
