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Las dueñas de la lapicera electoral

Una, apoderada del PJ, es secretaria de Asuntos Políticos; la otra, de La Cámpora, es directora electoral. En sus manos está la preparación de las legislativas.

Una, apoderada del PJ, es secretaria de Asuntos Políticos; la otra, de La Cámpora, es directora electoral. En sus manos está la preparación de las legislativas.

Por 06/08/2020 18:05

La organización de las primeras elecciones en tiempos de pandemia está en manos de dos mujeres que representan a dos sectores del peronismo en el poder: la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, que viene de ser apoderada del PJ, y la titular de la Dirección Nacional Electoral (DiNE), Diana Quiodo, con formación en La Cámpora. Ambas tendrán la misión de coordinar los preparativos para las legislativas de 2021. Deberán ajustar toda su monumental logística a los recaudos sanitarios preventivos para evitar contagios de covid-19, en coordinación con los partidos, los jueces federales con competencia electoral y con la Cámara Nacional Electoral (CNE), que les pisa los talones con recomendaciones para apurar los preparativos.

Ese trabajo comenzó oficialmente el jueves pasado, en una reunión anticipada del Comité de Seguimiento de los Partidos Políticos, que depende de la DiNE. Según pudo reconstruir Letra P, ambas se encargaron de despejar sospechas sobre cualquier cambio para la próxima escala electoral: ni postergación de las primarias, ni utilización del voto electrónico. Dicen que tampoco hay estudios sobre la posible implementación de la boleta única de papel, como lo reclama la CNE desde 2008. 

Sin tantos detalles, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo lo propio la semana pasada en el informe de gestión que ofreció ante la Cámara de Diputados. "Desde el Poder Ejecutivo no se está impulsando una modificación normativa en el sentido que se sugiere", fue su respuesta cuando la oposición le preguntó sobre la suspensión de las PASO. 

 

 

Ninguna de las dos funcionarias es ajena a la arquitectura electoral y sus orígenes se remontan a las distintos espacios que conviven en el Frente de Todos (FdT). García Blanco fue coapoderada del PJ hasta las presidenciales de octubre, junto al histórico sherpa de esos temas: el abogado Jorge Landau. Ella siguió sus pasos y, además, cuenta con el "total respaldo" del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, con quien comparte parentezco y una especialidad no titulada en procesos electorales, que sólo se forja comicio tras comicio.

Si bien no acumula el kilometraje en los juzgados con competencia electoral que acumula Landau, García Blanco tiene una muy buena relación con los gobernadores peronistas y, especialmente, con el actual titular del partido, ex mandatario sanjuanino y diputado nacional, José Luis Gioja.

Hace dos años tuvo un rol clave para revertir la intervención del partido que dispuso la jueza María Romilda Servini, cuando designó al sindicalista Luis Barrionuevo al frente del Consejo Nacional. Junto a su colega Eduardo López Wesselhoefft, sostuvo que no había ningún argumento para esa medida y acusó a la magistrada de firmar un fallo "político", "hecho a la medida de los peticionantes" y a favor de una resolución "arbitraria, injustificada y a todas luces ilegítima, ocasionando un perjuicio irreparable al normal funcionamiento del partido”. Entre los argumentos sostuvo que tampoco le habían dado vista al fiscal electoral Jorge Di Lello y le recordó a Servini que el partido estaba normalizado y con "autoridades elegidas desde 2016 a 2020", que habían sido confirmados por "la misma jueza".

 

 

La intervención fue revertida en segunda instancia. Dentro del PJ confiaron a Letra P que la resolución de esa controversia la empoderó para las batallas jurídico-electorales que siguieron, como el amparo que presentó junto a Graciana Peñafort -también en el despacho de Servini- para apartar a la empresa Smartmatic del escrutinio provisorio de las últimas elecciones. El objetivo apuntaba a sacar a la firma de la transmisión digital de los telegramas del conteo a cargo del Poder Ejecutivo. La multinacional no fue corrida, pero el planteo es un anticipo de la posición que tiene la actual funcionaria con las empresas de tecnología electoral que se preparan para redoblar su lobby en la etapa que viene. 

La escudería de mujeres que controlan el timón electoral del Ejecutivo se completa con la subsecretaria de Asuntos Políticos, Victoria Tesoriero,

Quiodo es la primera mujer que conduce la DiNE. Tiene el título de politóloga por la UBA y se graduó en 2017 como diplomática de carrera del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). Al igual que Tesoriero, es militante feminista y reconocida dentro de la agrupación La Cámpora como uno de sus cuadros técnicos más destacados y de bajo perfil.

 

García Blanco y Quiodo el jueves pasado en la sede de la DiNE durante la reunión con los apoderados.

 

La estratégica DiNE no es ajena a su carrera, porque en mayo de 2015 fue designada como subsecretaria de Asuntos Electorales del Ministerio de Justicia, durante el último año del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Desde enero de 2008 estuvo en esa cartera, bajo el mando de Julio Alak, pero hubo un cisma dentro del cristinismo que la llevó a ocupar misiones electorales por fuera del Ministerio del Interior.

 

 

El crack sucedió cuando el entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, promovió su precandidatura a presidente dentro del Frente para la Victoria (FPV). Su negativa a aceptar la candidatura a gobernador bonaerense que le ofreció por entonces Cristina no sólo hizo eclosionar la arquitectura política del kirchnerismo: también obligó a mudar la estructura electoral de la órbita de un autoproclamado candidato que la tenía bajo su poder. 

Los memoriosos recuerdan que fue el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, el encargado de quitarle toda la estructura electoral a Randazzo. La operación institucional estuvo en manos de Quiodo, que goza de una estrecha amistad con Álvarez, pero en ese momento el control de la DiNE siguió en manos de Alejandro Tullio, que estuvo 14 años al frente de la más famosa de las direcciones nacionales del Estado argentino, desde que fue nombrado en 2001 por Fernando de la Rúa, antes de su huída del poder. 

Tullio sobrevivió a los fallidos intentos de Macri para implementar la Boleta Única Electrónica (BUE) en todo el país y las desprolijidades de sus jefes no destrozaron su carrera. Ahora, el funcionario pondrá a prueba su handicap en los preparativos que, en los papeles, están a cargo de su exjefa y de una apoderada partidaria que lo conoce desde su prehistoria.