Como en las elecciones de 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015, la multinacional volvió a quedarse este año con el escrutinio provisorio en Argentina. Esta vez, sin embargo, se topó con más dificultades de las que esperaba y estuvo a punto de perder la tajada que le corresponde cada dos años.
El fracaso de la reforma electoral –incluida la obsesión oficial del voto electrónico- dejó al macrismo pedaleando en el aire de la improvisación y le devolvió el poder a la compañía a último momento. Para eso contó, una vez más, con los oficios de Tullio, el radical omnipresente en todas las elecciones nacionales. Renunciado a la Dirección Nacional Electoral con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el ex funcionario delarruísta recaló como director de Asuntos Institucionales en materia electoral del Correo Argentino, área clave para definir los modos, las mañas y los tiempos en los que se desarrollan los comicios.
Tullio doblegó al macrismo con facilidad. Les planteó que Indra era la única que contaba con la logística necesaria para hacerse cargo del escrutinio en tiempo récord. En el lenguaje del mercado, lo que contaba era su capacidad financiera: sólo la trasnacional ibérica podía poner diez millones de dólares por adelantado mientras el país debatía sobre los bloopers de Esteban Bullrich y Cristina Kirchner apostaba a la campaña del silencio.
Fue la primera vez que la contratación de Indra no corrió por cuenta del Ministerio del Interior: con Tullio operativo en el Correo, estuvo a cargo de la empresa estatal que hoy dirige el ex Socma Jorge Irigoin. Por tratarse de una sociedad anónima, el Correo puede convocar a concurso y evitar más controles.
EL MONSTRUO DE LOS VOTOS. Treinta y tres millones de personas están habilitadas para votar este año en todo el país. Sin embargo, para contar a los elegidos que conocen bien el negocio electoral en la Argentina alcanzan los dedos de una mano. O quizás sobran. Las empresas que compiten por quedarse con el escrutinio provisional libran una batalla silenciosa por millones de dólares y conspiran unas contra otras. Antecedentes les sobran a todas. Tanto, que deberían invertir en conjunto para que Google les perdone al menos una parte.
Pese a que la Cámara Nacional Electoral viene reclamando desde hace tiempo hacerse cargo del escrutinio provisorio, los distintos gobiernos coinciden en ignorarla.
Este año, el Correo abrió una compulsa de precios que terminó en un contrato con Indra de 410 millones de pesos (23 millones de dólares). Fue Tullio el que fatigó los despachos oficiales con una recomendación: “Lo que se hace rápido sale caro y si no se apuran va a salir más caro. Indra es la única que está en condiciones de garantizar el escrutinio”, repitió ante distintos funcionarios de Macri, que aseguran haber buscado otras alternativas.
Verdadero monstruo trasnacional, Indra tiene 37 mil empleados repartidos en 46 países y factura cerca de tres mil millones de euros por año, aunque sus ganancias se vieron reducidas en el último tiempo, quizás afectadas por una avalancha de denuncias y las pérdidas en Brasil.
El CEO de Indra Argentina, Ricardo Viaggio. Pasado en el macrista Grupo SOCMA.
La cara de Indra en Buenos Aires es Ricardo Viaggio, su gerente general. Con un pasado en el Grupo Socma que el kirchnerismo le cuestiona, en febrero pasado Viaggio formó parte de la comitiva empresaria que viajó a Madrid junto al presidente Macri y elogió la política de Cambiemos. En los noventa, había sido directivo de Itron, la empresa de tecnología de Socma.
No es el único nombre que se ocupa de los asuntos de la compañía en Argentina. Junto a él trabaja Guillermo Lamadrid, el gerente de Procesos Electorales de la compañía, considerado un cuadro operativo de experiencia pero sin peso político. Y por detrás aparece el que para muchos es el responsable de ganar y mantener mercados en todo el planeta: Jesús Gil Ortega, el director de Procesos Electorales para todo el mundo. De perfil bajo, desciende a Buenos Aires más seguido de lo que se supone, se mueve para las instancias clave y es la cara de Indra en cualquier sitio en el que se dispute un negocio.
Justamente en España, una pareja de Ceos vinculados a Indra quedó en la mira de la Justicia. Se la investiga como posible financista de la campaña del Partido Popular en 2011, una causa por la que estuvo detenida hasta hace unos días la argentina María Fernanda Richmond, esposa de Javier de Andrés, número dos de Indra a nivel global. Richmod se había desempeñó como directora financiera de la filial argentina de la empresa entre 1999 y 2003.
Los detractores de la multinacional española anotan, además, otro nombre como nexo con el macrismo, el de Manuel Terradez, un politólogo de origen radical que fue gerente de Indra hasta 2015 y recaló entonces como subsecretario de Reforma Política de María Eugenia Vidal.
HABLEN CON TULLIO. Un ex funcionario que lo conoce desde hace tiempo sostiene que Tullio tuvo un doble rol en las elecciones del domingo pasado: fue artífice de la nueva contratación de Indra y decidió, además, dar a conocer primero la información de las mesas que daban ganador a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Cristinistas y macristas coinciden en que ésa es la especialidad de Tullio. En el reducido mercado de las empresas que compiten por el negocio, lo definen con elogios. Dicen que es “rapidísimo”, sumamente inteligente y conoce el mundo electoral como muy poca gente. “Siempre terminás cayendo en él”, afirman.
Durante la era del kirchnerismo en el poder, el escrutinio siguió privatizado. Ni Aníbal Fernández ni Florencio Randazzo hicieron cambios desde el Ministerio del Interior. El entonces Director Nacional Electoral sintonizó enseguida con Carlos Bettini, el ex embajador en España que había trabajado durante el menemismo para empresas de capitales ibéricos. Indra sobrevolaba sus conversaciones en los restaurantes de la avenida Alvear.
Los gobiernos pasan y el artista electoral queda. El encargado de abrirle el corazón del macrismo fue José Torello, el jefe de asesores de la Presidencia que compartió la pubertad con Mauricio Macri en el Colegio Cardenal Newman y, además, es apoderado del PRO. Torello dispone, además, de otra ficha clave en el tablero de las elecciones, su amigo del Newman Juan Manuel Culotta, el juez federal electoral de La Plata que quedó a cargo de los comicios bonaerenses.
Jefe de asesores de Macri, José Torello. Puso a otro Newman boy, Juan Manuel Culotta, en el juzgado electoral de La Plata.
¿MANIPULACIÓN O VOTO ELECTRÓNICO? Bastante antes de las PASO del domingo pasado, en enero de este año, la Cámara Nacional Electoral había advertido que el orden de carga de los datos y el horario en que se difunden los resultados puede afectar la confianza de la opinión pública: por eso sugería fijar criterios para la divulgación y difusión de los primeros números.
Ahí mismo, los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía cuestionaban la práctica histórica del Ministerio del Interior, que planifica y contrata proveedores sin la participación de la justicia electoral. Además, fijaban una serie de requisitos y condiciones mínimas para el recuento provisional, como la digitalización o escaneo y transmisión de los telegramas de escrutinio y de las actas de escrutinio. Por último, remarcaban que el recuento no precisa ni justifica la intervención de una empresa privada ni la contratación de terceros. Nada de eso se tuvo en cuenta.
Como repitió la plana mayor del Gobierno hasta el cansancio ante las críticas de la candidata de Unidad Ciudadana, el oficialismo pretendía avanzar este año con la Boleta Única Electrónica, un experimento que rige en muy pocos países y recibió múltiples cuestionamientos en el Congreso por su vulnerabilidad, que lo convierte en una presa fácil para hackers de cualquier orientación. El macrismo tenía, incluso, al empresario que podía quedarse con el escrutinio, uno de los grandes adversarios de Indra: Sergio Angelini, el dueño de Magic Software Argentina (MSA), que en 2015 se quedó con un contrato de 216 millones de pesos para implementar el voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires en 2015 y que también lo puso en práctica en Salta.
Aviador civil de profesión, el CEO de MSA se dedicó durante 2016 a promocionar el voto electrónico con suerte dispar. Angelini lleva por lo menos una década tratando de arrebatarle el negocio a Indra y con la llegada de Macri al poder pareció ganar varios puntos. Sin embargo, a su lado también se quejan: afirman que la Casa Rosada los usó para promocionar la boleta única pero nunca los contactó. El empresario había llegado al macrismo porteño a través de Emilio Monzó y Andrés Ibarra.
Según publicó Tiempo Argentino, la multinacional Smarmatic -de capitales venezolanos- denunció al Gobierno porteño por haber armado una licitación amañada a pedido de Angelini. Smarmatic, promocionada como una de las firmas más grandes del mundo en el rubro, compitió con Indra en junio pasado y volvió a perder. Su CEO es Antonio Mujica, un empresario que trabajó con el gobierno de Hugo Chávez pero ahora denuncia a Nicolás Maduro por manipular los votos de la Asamblea Constituyente. La compañía tuvo su sede en Estados Unidos –la expulsaron-, pasó por Curazao y ahora recaló en Inglaterra.
Como si fuera poco, estas PASO estuvieron precedidas por un hecho oscuro del que nadie quiere opinar y no registra antecedentes de ningún tipo: la bomba que estalló en las instalaciones de Indra tres días antes de ir a las urnas. Parece haber sido un mensaje de disconformidad. ¿Alguien está perdiendo la paciencia?
LO QUE VIENE. Fuentes de la subsecretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, que conduce Adrián Pérez, dijeron a Letra P que el objetivo del Gobierno era crear –dentro de la reforma política- un órgano independiente de los tres poderes para que se hiciera cargo de los comicios y llamara a licitación internacional, tal como sucede en México. Otra posibilidad era adoptar el modelo brasileño, en el que existe un órgano que depende del poder judicial.
Sería una forma de atender a los mensajes de la Cámara Nacional Electoral, que en junio pasado emitió un nuevo comunicado en el que remarcó que el Poder Ejecutivo se hace cargo del escrutinio provisorio y no habilita la participación de la justicia electoral: ni en la planificación ni en el procesamiento ni en el computo ni en la difusión y mucho menos en la contratación de los proveedores del servicio.
Con críticas que provienen siempre de la oposición, el futuro del recuento provisional está plagado de interrogantes. Con la nueva composición del Congreso que resulte de octubre, la Casa Rosada volverá a plantear la necesidad de ir hacia la boleta electrónica.
Así como la justicia electoral reclama fondos y respaldo para organizar el escrutinio provisorio, están los que sostienen que el Correo Argentino podría hacerse cargo del recuento preliminar y llevarlo adelante en forma mucho menos costosa para el Estado. En el mercado de las empresas, ya lo descartan. Dicen que el Correo no cuenta con la logística y responde al gobierno de turno. Si no sucedió durante los 12 largos años del kirchnerismo, ahora directamente parece imposible.
No está claro si es parte de una nueva estrategia o si se trata de la pura verdad, pero desde Indra dejan trascender que por primera vez está pensando en retirarse del mercado electoral: las denuncias que acumula ya comenzaron a afectar otros negocios de la compañía, todavía más rentables: el tráfico aéreo, las telecomunicaciones, los servicios financieros, la seguridad, la salud y la energía.
