CRISIS POR CORONAVIRUS

El concurso de Vicentin: ansiedades, claves y demoras del elefante contable

Un complejo régimen que promete un exhaustivo estudio del patrimonio de la gigante aceitera. 1.595 fojas con documentación y 100.000 millones de pesos que nadie quiere ceder. Retraso por pandemia.

 

La dimensión del régimen concursal le da forma a esa complejidad: 2.638 legajos de acreedores entre financieros, comerciales y fiscales, que deben cobrar un total de $99.345.263.086,50. Son casi 100.000 millones de pesos. El expediente inicial tenía ocho cuerpos, 1.595 fojas con documentación de Vicentin, distribuidas en 101 cajas que ahora están en manos de la sindicatura.

 

“Es un gran concurso y la cantidad de acreedores lo hace complejo. Va a necesitar tiempo. Por algo el juez designó tres síndicos”, se limitaron a decir desde Baravalle & Granados, uno de los tres estudios jurídicos que asesorarán en el proceso a los contadores. El concurso quedó en el juzgado Civil y Comercial de Reconquista, donde la firma tiene domicilio fiscal, pese a la desconfianza de los acreedores que buscaron sin suerte que se tramite en Rosario. 

 

El comité de control quedó compuesto por los acreedores de mayor monto: el Banco Nación, con $18.300 millones; International Finance Corporation, una subsidiaria del Banco Mundial, con un crédito de $16.504 millones; la banca holandesa Netherlandese Financerings, con $9.228 millones; y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), con $4.929 millones.

 

De movida, el juez Fabián Lorenzini resolvió que, “dada la indiscutible magnitud y complejidad de este proceso concursal en particular”, se duplique el período de trabajo hasta el informe general de la sindicatura. Pero incluso podrían no cumplirse esos plazos producto de la pandemia. Ni bien se aceptó la sindicatura, el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena.

 

Naturalmente, todo se volvió lento. Según confiaron a Letra P, en los últimos días se activaron muchas inquietudes y consultas sobre cómo presentar las verificaciones de sus créditos, etapa prevista para mediados de junio. Por ahora, no hubo un oficio para extender la fecha, aunque no lo descartan para nada los actores.

 

Hasta el momento, la sindicatura no pudo verificar las causales del deudor: sólo tiene disponibles las que dejó asentadas la empresa. Según explicaron a Letra P conocedores de la causa, por ahí pasa la clave del proceso. “Una de las funciones más importantes será verificar cuáles fueron las causales de por qué Vicentin entró en cesación, no sólo la que dicen ellos, sino las que pueda acreditar la sindicatura”

 

Y agregaron: “También se deberá hacer un control y acreditar qué pasó con todas las empresas del grupo”. La firma tiene organizada una empresa central que reúne los negocios de granos bajo Vicentin SAIC, que, de hecho, fue habilitada a fines de marzo por el juez para volver a operar en el mercado. Pero también posee presencia accionaria en 19 empresas sin estar incluidas en el concurso. Se presume que los tentáculos patrimoniales conectarían con más negocios; de ahí la necesaria pericia de los síndicos.

 

 

 


La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a habilitar a Vicentin a operar tras el pedido del juez

 


La sindicatura le ha requerido determinada información al grupo para poder elaborar el informe general y presentarlo. Pero para eso falta bastante. Más todavía, para el período de exclusividad, que es cuando Vicentin deberá formular la propuesta por categorías a sus acreedores y obtener su conformidad. Esto se pautó, antes de la pandemia, para julio de 2021.

 

El concurso tiene derivaciones. Por un andarivel paralelo carretea el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), una salida que vieron varios para cobrar con quita pero más rápido. Si bien algunos pujaron por concretarlo, otros se opusieron con el concurso en marcha. Por ejemplo, ACA, el principal acreedor comercial -le deben 4.929 millones de pesos- amagó con firmarlo pero desistió. Lo cierto es que no puede haber dos regímenes semejantes.

 

Otro efecto colateral es que algún acreedor durante el proceso pueda presentar su propio concurso preventivo por los efectos ya causados en su patrimonio. Hay numerosos ejemplos de grandes concursos de los cuales derivó ese tipo de presentaciones. En este caso, varios correacopios fueron arrastrados con el default de la aceitera.

 

Por otro lado, las ofensivas contra la firma no quedaron relegadas con la apertura del concurso y algunos acreedores insisten en lo penal. En Rosario, un estudio evalúa una denuncia por estafa contra la firma al haber hecho operaciones que quitaron activos días antes de la cesación de pagos y, además, por las operaciones de granos a fijar precio, a sabiendas de que no iban a poder cumplir con sus obligaciones.

 

Horacio Rosatti se pone al frente del cambio de procedimiento penal federal. (NA)
Martín Lousteau y Maximiliano PUllaro durante el proceso electoral.

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