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Presentó la solicitud al juez Augé. Además, denunció la existencia de una mesa judicial bonaerense. Superlunes con la declaración de Majdalani y D’Alessio.

Por 13/07/2020 12:14

En un superlunes judicial en el que tienen cita judicial la exjefa de espías de la AFI macrista Silvia Majdalani (en Lomas de Zamora) y el exespía y falso abogado Marcelo D’Alessio (en Dolores), el líder sindical Hugo Moyano pisó el acelerador a fondo. Mediante sus abogados, presentó un escrito en el que solicitó que sean citados a prestar declaración indagatoria el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand; Sebastián De Stéfano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI; Fernando Di Pascuale, director operacional de AFI; Sebastián Scalera, fiscal general adjunto del departamento judicial de Lomas de Zamora; Juan José Baric, exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Pablo Rossi, fiscal en Lomas de Zamora; y Alex Campbell, diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, según se desprende del documento judicial al que accedió Letra P.

Los dirigentes gremiales Hugo y Pablo Moyano fueron víctimas de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. Son querellantes en la megacausa que tramita en el fuero federal de Lomas de Zamora que quedó a cargo del juez Juan Pablo Augé, quien también investiga el espionaje en el Instituto Patria y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la misma causa en la que los Moyano son querellenates, se presentó María Eugenia Vidal como presunta víctima de espionaje por parte de la AFI macrista. Pero Moyano sostiene que la exgobernadora tenía una mesa judicial y de espionaje propia. En Juntos por el Cambio, todos espiaban a todos.

 


Julio Conte Grand, junto a la exgobernadora Vidal.

 

Para el querellante Moyano -que cuenta con el patrocinio de los abogados Daniel Llermanos y Hugo Moyano (h)-, “ya está acreditado que existieron como mínimo cuatro sectores de la inteligencia ilegal encargados de la persecución a la familia Moyano en todos sus aspectos, económicos, privados, políticos y gremiales, procurando reunir en forma diaria información de movimientos, viajes terrestres, aéreos, domicilios particulares y gremiales, identificación de personas, grabaciones telefónicas, fabricación de noticias, armado de programas televisivos y de causas penales e inclusive la preparación del lugar del calabozo con material de audio y video para el momento en que alguno de la familia fuese detenido”.

Estas cuatro ramas se denominaban “Súper Mario Bross”, “316”, “Grupo Pilar” y “Área 50”. Esta última “era la encargada del espionaje dentro de las prisiones estatales”. Según Moyano, estos grupos se combinaban entre sí “conformando una red de espionaje bajo el mando directo de Alan Ruiz, importante funcionario de la AFI”. Los miembros, cuando no se reunían personalmente, se comunicaban entre sí y con su jefe mediante celulares con mensajes de Whatsapp y audios. “De las reuniones en la AFI participaban muy activamente Conte Grand y los fiscales Rossi y Scalera”, según se desprende del expediente.

 

 

MESA JUDICIAL PBA. La investigación sobre la conformación de una “mesa judicial” en la provincia de Buenos Aires es otra de las peticiones de Moyano. Sostiene que se conformó “bajo las órdenes de la AFI”. Desde este espacio fueron espiados “miembros de la Suprema Corte de Justicia Provincial, políticos del peronismo bonaerense, fiscales, jueces, religiosos y empresarios en una real ‘excursión de pesca’ interdicta por el sistema constitucional argentino”.

Siempre se encuentran cosas trotando por Palermo o “el 0800 law fare” está operativo 24 horas, proveyendo denunciantes anónimos para el armado de causas.

Esta trama de la cloaca de los servicios de inteligencia es investigada en el fuero penal de La Plata, en cuya investigación están imputados el extitular de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad provincial Guillermo Berra y su pareja, la abogada Rosario Sardiña. Ambos recibían órdenes del exministro de Seguridad Cristian Ritondo. Se sospecha que buscaron en bases de datos privados “movimientos económicos personales de los investigados y aún de municipios; todo sin facultades procesales o administratrivas para ello”. Los abogados de Moyano consideran que el objetivo era “dotar de insumos fuera del objeto procesal a causas en trámite para ampliarlas indefinidamente”. “No se descarta que con la información ilegítimamente habida hasta se haya iniciado alguna actuación nueva”.

En la solicitud de indagatoria que debe definir el juez Augé, Moyano detalló que entre los que se sentaban a la mesa judicial con Vidal y Ritondo “estaba Alex Campbell”, a quien también le pasaban información los integrantes de “Súper Mario Bross”, el grupo de espías ilegales que se investiga en Lomas de Zamora. De uno de los legajos documentales de la causa se desprende que el exespía procesado Leandro Araque se comunicó con Campbell por instrucción de Susana Martinengo, exsecretaria de Documentación Presidencial en la era Macri.

“Surge también prueba de las reuniones en la misma sede de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires entre Alex Campbell y Leandro Araque que fueron coordinados por ambos, tal cual consta en las conversaciones que mantuvieron por mensajes de WhatsApp entre ellos y con la intervención de la secretaria de Alex Campbell, Erica, quien facilitaba el ingreso en los primeros encuentros”, se lee en el expediente donde se detalla que el vínculo de Campbell con el grupo de inteligencia ilegal “fue incluso reconocido por Susana Martinengo” cuando declaró el 2 de julio de 2020.

 

 

OBJETIVO CONTE GRAND. La participación del jefe de los fiscales provinciales no pasó por alto. Moyano no anduvo con vueltas: “Conte Grand integraba la ‘Mesa Judicial Bonaerense’ participando del ‘Área 50’ y colaborando con el grupo Súper Mario Bross”.

Tal como informó Letra P, el fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari denunció reiteradas veces a Conte Grand y al fiscal Scalera, entre otras cosas, por otorgarle el procurador al fiscal facultades “extraordinarias”, como ponerlo a cargo de la “Unidad de Delitos Complejos y Lucha contra el Crimen Organizado”. Para Moyano, se realizó “con la ilegítima finalidad de que allí se acumularan a modo de ‘Forum Shopping’ todas las causas de Lawfare”.

 

 

La designación de una suerte de “fuero de atracción” en manos del fiscal Scalera “se convirtió en un ámbito al que con absoluta discreción y sin ningún andamiaje jurídico se remitían todas las causas que eran de interés para la ‘Mafia Buena’ en contra de las ‘Mafias Malas’”.

La querella sostuvo que Scalera y Conte Grand “de manera desvergonzada” coaccionaban a “los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora con incumbencia en el proceso” para que detuvieran a integrantes de la familia Moyano. En paralelo, parte del “grupo de tareas” se ocupó de “presionar al juez (Luis) Carzoglio, quien a pesar de las campañas mediáticas y visitas de abogados espías, resolvió lo que consideró conforme a derecho”.

En el extenso documento judicial los abogados presentaron también una lista de testigos que –afirman– están en condiciones de robustecer su versión. En la mencionada nómina testimonial aparecen, entre otros, Gerardo Fabián Milman, exsecretario del Ministerio de Seguridad de la Nación; Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; y Gustavo Ferrari, exministro de Justicia bonaerense. La decisión está en manos del juez Augé.