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El lado oscuro del Plan V: espionaje, misterios sin resolver y el factor Ritondo

La alquimia de atentados y servicios de inteligencia en la provincia del “hada buena”. Máxima tensión tras la derrota electoral y los caminos al exministro.

Por 21/06/2020 9:39

Todos desconfían de todos en el mundo PRO. Es el dato evidente que surge al analizar cada una de las (al menos) cuatro causas en las que se investiga espionaje político: una causa en La Plata con ADN vidalista; dos expedientes en Lomas de Zamora con pátina de macrismo explícito en maridaje con vidalismo ortodoxo y otra trama en Comodoro Py. Todas unidas por un hilo conductor: espiar a rivales políticos de los ámbitos nacional, provincial y hasta municipal.

La investigación del juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena y la que instruye la fiscal Cecilia Corfield en la justicia bonaerense revelaron datos escalofriantes por prácticas de tráfico de información del ámbito privado para fines políticos. Los expedientes (por el momento) no tienen puntos de contacto, pero en los dos emerge la figura de un halcón macrista: el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

En el legajo federal, el exintendente de La Plata Pablo Bruera denunció la existencia de una base ilegal de inteligencia en la capital provincial denominada “Base 8”. Sería un grupo parapolicial destinado a infiltrarse en manifestaciones para generar disturbios y en espacios políticos, sindicales o movimientos sociales, para obtener información privada de esos espacios de la vida pública.

 

 

Durante la gestión de Ritondo se produjeron hechos de violencia en Buenos Aires nunca esclarecidos. Dos atentados a la sede del Partido Justicialista de La Plata; el robo en la residencia del exfuncionario vidalista Federico Salvai; tres amenazas de bomba en el ministerio de Seguridad provincial, el ingreso de dos policías al despacho de Vidal donde revolvieron todo; la aparición de un cartucho de escopeta en el garaje de una propiedad de la exgobernadora y la carta de amenaza de muerte que recibió junto a Macri, un llamado al 911 advirtió que iban a “reventar” el edificio de la Gobernación. Luego hubo un nuevo llamado al 911 y se contabilizaron de manera oficial tres “advertencias”. La mayoría de estos hechos que desde Cambiemos filtraban a sus medios de comunicación aliados siguen sin esclarecerse. Todos, con aroma a mano de obra intensiva de servicios de inteligencia haciendo horas extras.

Otro de los hechos que generó conmoción y sigue sin esclarecerse fue el incendio de dos autos frente al ministerio de Seguridad. Solo se confirmó que se utilizó un artefacto incendiario compuesto por combustible y pólvora. El hecho fue el 24 de agosto de 2017, once días después del triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones primarias donde estrenó el sello de Unidad Ciudadana. La explosión de los coches fue el corolario de una jornada caliente de marchas y reclamos en la capital bonaerense. Las primeras versiones de la justicia apuntaron a un grupo de anarquistas, pero nunca se comprobó siquiera su existencia. Las agresiones se dieron luego de una marcha en La Plata en la que se reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en un río de Chubut tras una violenta represión y persecución por parte de Gendarmería.

Esa misma noche también se registraron daños en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. A través de una de las ventanas arrojaron una bomba molotov que provocó un principio de incendio que fue apagado por personal de seguridad privada del lugar, habían alcanzado a cerrar las puertas minutos antes. En el edificio realizaron diversas pintadas, entre las que  escribieron “(Patricia) Bullrich responsable” y “Yuta Cómplice”.

Ritondo, en el apuro por salir en el prime time periodístico de la mañana siguiente, ensayó una hipótesis. Dijo que los hechos de violencia podían ser en represalia a la gestión de Vidal o desprendimientos de la marcha de Maldonado.

 

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Elegido para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires (el principal distrito político, económico y electoral del país), en caso de un triunfo de Juntos por el Cambio Ritondo iba a presidir la Cámara de Diputados de la Nación e iba a formar parte de la línea sucesoria presidencial. Un buen pago por su lealtad a Macri y Vidal.

La falta de respuestas oficiales a tantos casos extraños le dan musculatura a la hipótesis que sostiene que, en realidad, se trató de hechos de contrainteligencia generados por grupos de choques (topos, espías, fisgones), especialistas en sembrar caos para el beneficio del oficialismo de turno, que en muchos casos vende estos ataques como reacciones a la lucha contra la mafia, el delito y los narcotraficantes encarada por el gobierno.

Esas maniobras parecen tener su génesis en las sombras de las fuerzas de seguridad, donde conviven agentes preparados para todo tipo de operaciones psicológicas que luego son amplificadas por los medios de comunicación aliados al oficialismo de turno.

 

 

ASUNTOS INTERNOS. Mientras la justicia sigue sin esclarecer esos delitos, la causa de espionaje en suelo bonaerense avanza sin pausa. Tal como informó Letra P, todo comenzó con la denuncia de un excomisario que derivó en una redada judicial a la sede de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Allí se secuestró evidencia que da cuenta de espionaje a intendentes, dirigentes políticos, exjueces, diputados, senadores y hasta integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En esa investigación ya fueron procesados Guillermo Berra y Belén Sardiña, dos exfuncionarios que el próximo 29 de junio deberán declarar ante la fiscal Corfield. Por el volumen de documentación secuestrada y los datos obtenidos, no parece razonable la versión de dos empleados infieles que montaron una agencia de vigilancia privada desde el Estado. La talla y el calibre de las personas y empresas espiadas dan a entender que detrás de estos dos primeros acusados hay una mano mayor que movía los hilos durante la gestión Cambiemos.

La investigación cuenta con varios listados de objetivos sobre quienes los acusados obtuvieron información patrimonial. Una de las misiones de Asuntos Internos es controlar el crecimiento patrimonial de los integrantes de la fuerza para detectar posibles casos de enriquecimientos ilícitos. Hasta allí, nada que objetar. Pero, para qué buscaron información financiera de empresas privadas, colegios profesionales, organismos públicos o políticos opositores. Todo apunta a funcionarios de la máxima jerarquía. Los imputados respondían directamente a las órdenes del entonces ministro Ritondo.

Una de las tareas del ministro de Seguridad es mantener el control de la calle como primer paso en garantizar la seguridad de ciudadana. Pero ese control urbano da un poder territorial y político descomunal. De allí que quien puede lo más, puede lo menos. ¿Es lógico pensar que un sheriff bonaerense del ala dura como se autoproclamó por acción Ritondo no supiera de la existencia de una base operativa ilegal como la que denunció Bruera? Cada ciudadano tendrá su respuesta, pero la Justicia tiene la obligación de una reconstrucción material y objetiva de los hechos para llegar a una verdad histórica, robusta e impermeable a las operaciones del tiempo.