Guillermo Berra, extitular de Asuntos Internos (AI) del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, solicitó que se amplíe la investigación por presunto espionaje ilegal a su superior jerárquico y extitular de la cartera, Cristian Ritondo, confirmaron fuentes judiciales a Letra P. La presentación fue realizada este martes, el mismo día que la justicia federal de Lomas de Zamora ordenó la detención de Susana Martinengo, secretaria de Documentación Presidencial durante la gestión de Mauricio Macri, acusada de espionaje.
La presentación para que se investigue a Ritondo fue realizada en el marco de una de las investigaciones en curso que se lleva adelante en la Unidad Funcional de Instrucción 16 de La Plata, donde ya fueron procesados Berra y la abogada Rosario Sardiña, luego de un allanamiento realizado en las oficinas de AI donde se secuestraron documentos que dan cuenta de investigaciones patrimoniales mediante el uso de bases de datos privadas, sin órdenes judiciales que las avalaran.
Se tratan de más de 40.000 consultas al sistema Nosis, que fue contratado por Ritondo para AI, Narcotráfico e Inteligencia Criminal. La contratación del servicio de datos privados lleva la firma del exministro de Seguridad. La defensa sostiene que si el criterio de la fiscal fue el uso de esas bases de datos, se debe ampliar la investigación a quien avaló la contratación de esa herramienta.
La solicitud del abogado Marcelo Peña lleva también anexa un documento que revela el proceso de compra. Así, queda explícito que los pedidos fueron direccionados a tres dependencias: inteligencia criminal, narcotráfico y asuntos internos.
De esta manera, Berra (activo militante del PRO), quien fue elogiado en varias oportunidades por la exgobernadora María Eugenia Vidal, comienza a apuntar contra su exjefatura política: Vidal y Ritondo. Tras la salida de la gestión, Berra fue designado abogado en Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, bajo el cobijo del radical Hernán Gómez.
Tal como informó Letra P, el espionaje ilegal en provincia de Buenos Aires tuvo diferentes objetivos: personas físicas y jurídicas. Entre sus objetivos hubo jueces, políticos, empresas y hasta la Suprema Corte provincial.
