Ante los rumores que en los últimos días avanzaron con fuerza sobre supuestos interesados privados en comprar Vicentin SAIC, la agroexportadora de capitales argentinos más importante caída en desgracia tras un default de 1.3000 millones de dólares, un núcleo amplio de dirigentes de la centroizquierda propone que el gobierno nacional la transforme en una empresa pública no estatal bajo control político y social.
La propuesta va en consonancia con los pedidos de expansión del Estado sobre las empresas que sobrevolaron las últimas semanas el Congreso, primero con el proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que propone que el gobierno se quede con una porción de las empresas a las cuales ayuda en la crisis, y, luego, con la idea de los movimientos sociales de estatizar las alimenticias en crisis.
Mediante un documento, este grupo amplio de sectores políticos dio el primer paso para medir el interés del gobierno nacional en el asunto y por eso es que solicitaron una entrevista con el presidente Alberto Fernández. Los alertó el supuesto armado del exministro del Interior de Carlos Menem y empresario de medios José Luis Manzano, para avanzar, junto a acopiadores y corredores de bolsa, en una compleja operación para quedarse con Vicentín. Corren rumores de que en el borrador aparecen fondos y firmas extranjeras de peso.
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“El avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular, resulta alarmante”, señalaron en un comunicado dirigentes de diversos espacios de centroizquierda como el Frente Patria Grande, Unidad Popular, Movimiento Evita, Frente Social y Popular, entre otros. Entre los dirigentes están Juan Grabois, Itai Hagman, Leonardo Grosso, Pino Solanas y Víctor De Gennaro, e intelectuales como Mempo Giardinelli y Horacio González.
El impulso se lo da Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, quien encabeza una investigación interna por los créditos otorgados por la entidad crediticia a la firma en la etapa macrista que convirtieron a la banca en el mayor acreedor con 18.300 millones de pesos. “La alarma es Manzano. Pero el problema de fondo es que Cargill diseñará la matriz exportadora del país”, sostuvo el diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade.
En rigor, plantean una empresa pública no estatal, con mayoría del Estado nacional, bancada por el Tesoro público, pero sin funcionarios estatales, sino conducida por profesionales universitarios y sectores trabajadores. “La idea no es crear una empresa pública estatal que sea boba o cómplice de los intereses transnacionales”, sostuvo Del Frade.
“Nos parece insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina”, explica el comunicado. Por eso insisten en que el gobierno nacional no debería permitir que la cerealera “caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento”.
Todo está supeditado al interés del gobierno nacional que por ahora es “poco claro”. En caso de lograr interés, se transformaría en un proyecto de ley. “Siendo evidente que el fraude consumado por Vicentín incluye el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos, consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación”.