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Una de las organizaciones que integran la UTEP proponen crear una empresa pública de alimentos e intervenir en las firmas en crisis y con deudas con el Estado.

Por 20/05/2020 14:40

El crecimiento exponencial de la demanda de alimentos en comedores populares, provocada por la crisis del coronavirus, acelera la presión de los movimientos sociales sobre el Estado para que tenga mayor injerencia en el mercado de la alimentación, con una propuesta centrada en la intervención de empresas en crisis y la creación de una compañía pública.

La ofensiva ocurre luego de que la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social quedó prácticamente paralizada durante casi un mes, en pleno pico de las demandas sociales, después de conocerse que la cartera a cargo de Daniel Arroyo había autorizado la compra de productos a precios muy por encima de lo estipulado en el programa de Precios Máximos, que apunta a domar la inflación. A eso se sumó el naufragio parcial de la licitación de compra de alimentos que quedó desierta y puso el duda la aplicación del acuerdo entre el Gobierno y las alimenticias.

Sin desmerecer el trabajo del ministro del área, la Corriente Nacional Martín Fierro, una organización que mantiene su frente territorial dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la central de movimientos sociales que conducen Juan Grabois y Emilio Pérsico, propone "generar mayor intervención en los sectores esenciales de la economía, en particular en la producción de alimentos, para impedir que se generalice el hambre como en las anteriores crisis que hemos atravesado".

 

 

La organización que dirige Nahuel Beibe está elaborando un proyecto de ley para "la creación de una Empresa Estatal de Alimentos" que combine un mayor intervencionismo estatal sobre el sector y que, al mismo tiempo, incluya a los emprendimientos comunitarios y pequeñas y medianas empresas como proveedores de productos alimenticios, marcando un cupo obligatorio de compras a ese segmento productivo. Esas medidas se complementarían, según ese plan, con la producción agropecuaria y ganadera en tierras fiscales.

"Entendemos como primordial que se construya la infraestructura estatal necesaria para darle valor agregado a la producción primaria y, sobre todo, que se estaticen las empresas del sector alimenticio que no puedan sostener su producción en el marco de la crisis", proponen desde ese movimiento, una medida similar a la que lanzó la diputada nacional Fernanda Vallejos.

A diferencia de lo que sostuvo la economista, el planteo de los militantes es que el Estado designe "directores estatales en aquellas que tienen deudas incumplidas con la banca pública" y mencionan especialmente el caso de Vicentín, pero también en aquellas empresas "a las cuales el gobierno nacional sostiene con importantes desembolsos y son fundamentales en la cadena de valor del sector".

 

 

En la cúpula de la organización sostienen que todo el planteo está resguardado por los fundamentos de la Ley de Abastecimiento, una herramienta que "puede garantizar la seguridad alimentaria de la población asumiendo la producción en escala de la agricultura y la ganadería en tierras estatales".

La situación del sector alimentario quedó en medio de la polémica por las críticas del presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, al acuerdo de suspensiones con rebajas salariales en la trasnacional Mondalez, que en la CGT fue recibido con duras críticas.

En la Martín Fierro las críticas van en el mismo sentido. "No puede suceder que las grandes empresas de la alimentación se beneficien del aporte estatal sin nada a cambio, sobre todo porque actúan como carteles monopólicos que fijan precios y a la vez incumplen con la leyes laborales".

Los dardos están dirigidos hacia la empresa Arcor, que mantiene un agudo conflicto en su planta de Córdoba, donde el Sindicato de la Alimentación denuncia el incumplimiento de las medidas de seguridad y descuentos salariales a trabajadores con licencia por integrar los grupos de riesgo.

"Arcor recibe cuantiosos recursos del Estado y no solo tiene un conflicto gremial, sino que, junto con Aceitera General Deheza, fueron algunas de las empresas de la alimentación protagonista de la fuga de capitales durante los últimos cuatro años. No conformes con concentrar el mercado de alimentos, concentran el mercado de fuga de capitales" denuncian en la agrupación.