Con números epidemiológicos alentadores, el Gobierno pule con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires los últimos detalles antes de anunciar el paso a la siguiente etapa del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO). Pero el avance en el casillero hacia la reapertura progresiva de las actividades tiene un nudo que el presidente Alberto Fernández todavía intenta desatar: qué hacer con los grandes conglomerados urbanos, en particular, con la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor parte de la población.
Ya en el anuncio de la prórroga de la cuarentena hasta el 10 de mayo, el Presidente avanzó hacia la idea de cuarentena focalizada que venía conversando con gobernadores e intendentes. El concepto obedece a las diversas realidades que tiene cada distrito, en cuanto a la cantidad de infectados por coronavirus, la densidad poblacional y las actividades económicas, entre otros factores.
De acuerdo a esa diversidad, la Casa Rosada decidió, ya en el decreto 408/20, dejar en manos de los gobernadores excepciones al cumplimiento de la cuarentena obligatoria para los aglomerados urbanos con menos de 500 mil habitantes en los que el tiempo de duplicación de casos no fuera inferior a 15 días, el sistema de salud fuera capaz de atender la potencial demanda, el porcentaje de población exceptuada no fuera superior al 50% y la zona no tuviera transmisión comunitaria del virus.
El proceso se puso en marcha y, desde entonces, las autoridades municipales empezaron a elevar pedidos de habilitación de actividades a las gobernaciones. En cada solicitud, los intendentes incluyeron protocolos sanitarios y de control municipal. Tras evaluar caso por caso, las provincias fueron aflojando las restricciones, en particular en aquellos municipios que no tienen casos o tuvieron pocos y llevan varios días con el contador en cero. La modalidad pudo aplicarse en todos los distritos, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene divisiones ni municipios autónomos que le faciliten la tarea. Todo el conglomerado porteño quedó sujeto, entonces, a las autorizaciones que deben pasar por el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero.
En las ciudades más pequeñas, la presión a veces es doble. La economía se deteriora a ritmo vertiginoso, mientras los ciudadanos empiezan a percibir que tienen las mismas restricciones que en las grandes ciudades aunque no tengan infectados entres sus vecinos. Aunque temerosos de que la aparición de un caso pueda generar un efecto multiplicador que desborde el sistema sanitario, los intendentes sufren por la baja de las recaudaciones y suman el temor a sufrir reproches directos por parte de los vecinos, con quienes en muchos municipios del interior tienen un trato cotidiano. "Acá directamente la gente te viene a tocar timbre a tu casa", grafica un ministro provincial.
En ese contexto, en Santa Fe, el gobernador Omar Perotti habilitó el comercio mayorista y minorista, las mudanzas, actividades inmobiliarias, el ejercicio de las profesiones liberales, las obras privadas de hasta cinco trabajadores y también los servicios de peluquería, manicuría y podología. Afuera de la flexibilización quedaron, por ahora, las ciudades de Rosario y Santa Fe capital.
En Entre Ríos, varios intendentes consiguieron autorizaciones para abrir comercios con la aplicación de protocolos sanitarios, como la restricción de personas autorizadas para ingresar a los locales y la distribución por turnos por horarios y números de DNI. La creatividad se fue imponiendo. Lo mismo sucedió en el interior de la provincia de Buenos Aires. En Jujuy, que ya acumula más de 30 días sin contagios, el gobernador Gerardo Morales ya autorizó desde salidas recreativas hasta la apertura de shoppings, restaurantes, confiterías y galerías.
Pero mientras el interior se abre a la nueva normalidad, el Gobierno tiene el foco puesto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la presión económica es mayor y reside la mayor parte de la población y, también, de los infectados. En el distrito que gobierna Axel Kicillof, suman 1.811. En la Ciudad, son 1.404. Con esa preocupación, trabajan en estas horas el gobierno nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, cuyos representantes se reunieron este miércoles en la Casa Rosada. Allí estuvieron Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Salud porteño, Fernando Quirós, junto con Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Por videollamada participó Kicillof. Larreta pidió habilitaciones para la construcción privada y el llamado take away en los comercios.
Pero para poder reactivar la vida económica porteña, Larreta necesita de dos socios: el Presidente, porque en sus manos están las habilitaciones, y el gobernador Kicillof, porque en su distrito habita la mayoría de los trabajadores que pondría en marcha la actividad de la Ciudad. Fernández lo explicitó este miércoles, en diálogo con Radio Con Vos, donde anunció que el Gobierno está tratando de "organizar protocolos de una serie de actividades económicas", pero que necesita "evitar que los trabajadores utilicen el transporte público para movilizarse", tanto local como interjurisdiccional. "Estamos viendo que las empresas se encarguen de transportar a la gente", dijo. El dilema y la responsabilidad atraviesan a todos los actores, los que piden autorizaciones y los que dan el visto bueno para que la población empiece a moverse, con el riesgo de que el virus vaya detrás.
Para empezar a cerrar su decisión, Fernández se reunió este miércoles en Olivos con el comité de infectólogos que lo asesora. Antes de hacer un nuevo anuncio, hará otra ronda de consultas con los gobernadores. Sin embargo, tiene varias certezas sobre las actividades que no se rehabilitarán en lo inmediato. No volverán las clases ni los eventos públicos ni privados sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos ni de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Tampoco abrirán los cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la afluencia de público ni se reactivarán las actividades turísticas.
