Durante al menos 20 años, el Mercosur se vio cruzado por un dilema existencial: ¿debía ser la plataforma para buscar una inserción conjunta de sus miembros en la economía global o apenas un tratado de libre comercio? En trazos gruesos, la primera de esas visiones correspondió históricamente a la Argentina y a los gobiernos de Brasil previos al triunfo electoral del liberalismo económico a ultranza de Jair Bolsonaro. La segunda, en tanto, fue empujada por los miembros menores del bloque, Uruguay –incluso con el Frente Amplio– y Paraguay, los que, a falta de industrias que proteger e impulsar, comenzaron a observar con buenos ojos el modelo chileno de apertura multilateral. La versión más ambiciosa del Mercosur, la primera, fracasó, es cierto, aunque más por las inestabilidades económica y política de Argentina y Brasil, respectivamente, que por sus supuestos. Lo irónico sería que la palada definitiva sobre su cadáver sea lanzada en nuestro país no por el gobierno de Mauricio Macri, que se fue en amagues ante las presiones brasileñas, sino por el de Alberto Fernández, que amenaza con volver sobre su tendencia conocida.
Así las cosas, la determinación argentina, que en principio busca causar un shock que modifique el actual estado de cosas, bien podría constituir un veto para cualquier nuevo tratado de libre comercio y una paralización del funcionamiento del bloque. Sin embargo, en ese camino sin retorno, el Gobierno corre el riesgo de que sus pares se unan en la exigencia de que no sea un obstáculo para revisar aquella restricción.
Un comunicado de la Cancillería de Paraguay, que tiene hoy la presidencia rotativa del bloque, señaló que los Estados miembros "evaluarán las medidas jurídicas, institucionales y operativas más adecuadas en razón de la decisión soberana de la República Argentina de manera de no afectar el proceso de construcción comunitaria del Mercosur y de las negociaciones comerciales en curso". En criollo, buscarán un mecanismo para que Brasil, Uruguay y Paraguay puedan avanzar, juntos o por separado, en negociaciones comerciales que excluyan a la Argentina y, desde ya, a la suspendida Venezuela. "Sabemos que una flexibilización de las normas es un riesgo que corremos, pero no tenemos alternativa", le dijo a Letra P una fuente de Cancillería.
Es ese sentido, el texto de Asunción explicó que "la República Argentina (...) indicó que no será obstáculo para que los demás Estados partes prosigan con los diversos procesos negociadores". El comunicado fue dado al conocer el último viernes y, llamativamente, hasta el cierre de esta columna esa supuesta promesa no fue desmentida en Buenos Aires.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, se limitó a explicar en declaraciones a la agencia Telam que "una vez que terminen esos procesos (de negociación), evaluaremos qué es conveniente para nosotros". "Para eso planteé que hay publicar una salvaguarda jurídica en el tratado a los fines de que quede establecida la legalidad de ese procedimiento", añadió.
Es tan cierto lo que dice el comunicado nacional, esto es que la decisión se basa en la preocupación por los efectos de la pandemia sobre el tejido industrial, como lo que omite. Por un lado, que el gobierno de Fernández jamás vio con buenos ojos los tratados de libre comercio por entender que comprometerían la reindustrialización del país. Además, que, entre el manojo de negociaciones en curso, la que sentía más amenazante era la adelantada con Corea, país de potente industria y voracidad exportadora que, a la hora de proteger lo propio, suele ser hábil en la imposición de barreras no arancelarias a las importaciones de alimentos. Tercero, que, a pesar de la retracción del mundo hacia el proteccionismo –inaugurada con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2017 y profundizada por el COVID-19–, los tres miembros aperturistas del bloque se disponen a culminar la gestión con Seúl, lo que llevó al canciller Felipe Solá a concluir que el reclamo nacional de avanzar con pie de plomo ya no es viable.
Fuentes oficiales consultadas por Letra P destacaron que la retirada de las negociaciones está en línea con las posturas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT). ¿Justificarán los intereses sectoriales semejante golpe de timón?
Si las motivaciones del Gobierno son las mencionadas, la oportunidad se vincula con el recrudecimiento de la crisis institucional en Brasil, que hace pensar que Bolsonaro, en jaque tras la renuncia de su ministro estrella, Sergio Moro, y ahora en riesgo de impeachment, tal vez tenga prioridades mayores que el libre comercio con Corea. La Casa Rosada tomó nota de un comunicado firmado por la UIA y la brasileña Confederación Nacional de la Industria (CNI) en el que ambas entidades expresan su "preocupación por el impacto en los sectores industriales y falta de transparencia de las tratativas" con ese país. Debilitado como está, ¿cederá al lobby industrial? El problema es que el intento de Fernández de patear el tablero para redefinir el juego no ofrece garantías.
Si el Gobierno fracasara en el ensayo de cambiar el rumbo liberalizante actual, el eventual nacimiento de un Mercosur bonsái, zona de libre comercio y ya no unión aduanera, podría provocar graves problemas cuando el país deba imaginar una salida a su doble crisis: la previa a la pandemia y la agravada por esta.
Si cada Estado del bloque negociara acuerdos de libre comercio por su cuenta, ya no llegarían a sus mercados con aranceles preferenciales solo los productos de los socios del mismo sino también los de todos aquellos países que consigan condiciones similares en el futuro. ¿Serían apenas los mencionados por la Cancillería? No, ya que Estados Unidos y hasta China están en la mira de Bolsonaro, Luis Lacalle Pou y Mario Abdo.
En tal escenario, los exportadores argentinos perderían en el Mercosur y en especial en Brasil la reserva de mercado de la que han disfrutado largamente y se verían forzados a competir en condiciones extraordinariamente desventajosas con proveedores de mayor escala, costos menores y condiciones crediticias y de estabilidad macroeconómica incomparables.
La Argentina no tendrá salida de sus entuertos si no logra darse, más allá de la estabilidad de variables y reglas de juego que es su gran cuenta pendiente, una política exportadora agresiva. Al fin y al cabo, sus repetidas crisis comienzan en su escasez crónica de dólares, que se hace notar en forma de mayores importaciones de insumos cada vez que su industria se reactiva, limitando su crecimiento. Las devaluaciones traumáticas son hijas de ese mal.
Si el país no tendrá libre comercio con Corea, Singapur, Líbano, Canadá y la India, ¿con quién sí? El comunicado de la Cancillería, vale recordar, confirma lo cerrado con la UE y con la EFTA… "sin entrar en debates por ahora estériles". Esto significa que el Gobierno cree que las mociones proteccionistas, sobre todo en materia agrícola, subyacen en varios países de dichos bloques, lo que convierte esos acuerdos en poco más que papel arrugado. ¿Para qué cuestionar lo que no existe?
Sin negociaciones nuevas, entonces, ni tratados ya firmados y con el peligro de una pérdida de la reserva de mercado en el Mercosur, ¿a quién le exportaría la Argentina del futuro, más allá de porotos de soja a China, en un escenario extremo?
Así, si el país terminara por sacar la bandera blanca ante las presiones librecambistas de sus socios del Mercosur, ¿de dónde saldrían los dólares necesarios para hacer sostenible la deuda que intenta reestructurar Martín Guzmán y cuál sería la fuente de divisas para superar, de una vez, la restricción externa que asesina en la cuna cualquier esperanza de desarrollo? ¿Qué sería, finalmente, del objetivo de duplicar las ventas externas en cuatro, cinco o seis años?
Las urgencias son enormes, es cierto, pero no se va a ningún lado cuando los caballos se ponen detrás de la carreta.
