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Casación provincial hizo lugar a un habeas corpus colectivo. Incluye a mayores de 65 años, embarazadas y madres presas con hijos en cárceles y comisarías. Excluye a presos por delitos graves.

Por 09/04/2020 14:57

En medio del aislamiento para evitar el contagio masivo de coronavirus, el escenario tan temido por varios sectores del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se hizo realidad con la resolución dictada por el Tribunal de Casación bonaerense que les abrió la puerta a unos 800 detenidos para que vuelvan a sus hogares bajo la figura de prisión domiciliaria. La resolución conlleva un fuerte mensaje al procurador Julio Marcelo Conte Grand, a quien responsabiliza por la situación de hacinamiento carcelario. La respuesta del jefe de los fiscales fue una dura advertencia a funcionarios judiciales que están bajo su mando.

En las últimas horas de este 8 de abril (en la previa a la Semana Santa), el juez de La Plata Víctor Violini hizo lugar parcialmente a un amparo colectivo presentado por defensores generales en el que pedían la libertad de las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgo.

En la resolución a la que accedió Letra P se estableció que “la solución más equitativa consiste en la concesión del arresto domiciliario”, medida que “deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”, es decir, no será de aplicación inmediata. La resolución deberá pasar por el filtro de los magistrados de instancias inferiores que tienen a los detenidos a su cargo.

 

 

 

Cabe aclarar que no se trata de libertades. Quienes salgan de las unidades penales irán a sus domicilios pero seguirán cumpliendo prisión preventiva o purgando condena mientras dure la emergencia por la pandemia por COVID-19.

La resolución de Casación está en línea con lo que a fines de 2019 dispuso la Suprema Corte bonaerense cuando instruyó y empoderó a todos los jueces penales provinciales para que comenzaran a otorgar morigeraciones con el objetivo de descomprimir la situación de hacinamiento en cárceles y comisarías, que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y del Ministerio de Seguridad, respectivamente.

En aquel momento el coronavirus era solo un problema de China. Pero el problema llegó a la provincia de Buenos Aires y se encendieron las luces de alerta en la población carcelaria, golpeada por las mañas condiciones de alojamiento y ahora bajo amenazas de un virus de virulento contagio y que en las condiciones en que están los privados de la libertad en esas dependencias bonaerenses gana en mortalidad.
 

El colectivo carcelario La Cantora presentó otro habeas corpus colectivo ante Casación en el que solicita la libertad de todos los presos en situación de riesgo en la provincia de Buenos Aires. Asemejó el actual cuadro sanitario a una situación de tortura sostenido en el tiempo, según se lee en el documento judicial presentado por el abogado Oscar Rodríguez al que accedió Letra P.


Violini no ahorró críticas -una vez más- a su viejo rival, el titular del Ministerio Público Fiscal, el vidalista Conte Grand. Tampoco ahorró críticas para algunos defensores oficiales: no los mencionó, sino que focalizó en el jefe de fiscales y defensores oficiales del fuero penal provincial.

“Más allá de lo expuesto, y como una mera apreciación de carácter personal, me veo obligado a observar que el señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, doctor Julio Marcelo Conte Grand, que ahora parece erigirse como una suerte de héroe o líder mediático en medio de la pandemia decretada, ha sido, en los cuatro años pasados, el artífice de instrucciones (nunca resistidas por parte de algunos defensores que ahora recurren) que provocaron la proliferación de pedidos de prisión preventiva (mantenidos mediante recursos) y colaboraron de modo sustancial con la superpoblación carcelaria y la situación de hacinamiento imperante, que recién ahora, en la crítica circunstancia de la pandemia mundial decretada, parece revertir” mediante un resolución “oscilando entre Torquemada y Mandela”.

 

 


ALISTADO DE TROPAS. Antes de que se conociera esta resolución, Conte Grand hizo una videoconferencia con fiscales y defensores generales. Con tono imperante les ordenó que no solicitaran arrestos domiciliarios ni libertades.

 

En esa tecnoreunión judicial señaló que desde la Procuración General trabajan en alternativas para corregir “esos desvíos del sistema”. Les pidió que estén “atentos” a esas “miserias humanas” (pedir arrestos domiciliarios de “personas que no integran los grupos de riesgo” que “pueden obedecer a motivaciones diversas” derivadas “de la convicción de un bien al prójimo o por motivaciones de las más perversas, viles, de naturaleza crematística”, es decir, mediante el pago de sobornos a jueces.

“Vamos a aplicar todas las herramientas del sistema para revertir estas situaciones en casos que no son viables”, se envalentonó Conte Grand, en modo de declaración de guerra judicial a magistrados que otorguen morigeraciones a detenidos que no estuvieren en condiciones de acceder a ellas.