La denegatoria al pedido de detención del líder sindical Pablo Moyano subió al escenario público una grieta abierta en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que tiene de un lado al vidalista procurador general, Julio Marcelo Conte Grand, y del otro al juez de Casación Víctor Violini, quien aseguró que “en la causa Moyano hay una pata política” y se solidarizó con el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien denunció amenazas y presiones en el marco de la causa por “asociación ilícita” en el club Independiente, que salpica al secretario adjunto de Camioneros.
El actual juez ya sabe lo qué es enfrentar a un procurador general. Durante su trayectoria como fiscal, se tornaron clásicos de la familia judicial sus peleas con María del Carmen Falbo, la titular del Ministerio Público que la gobernadora María Eugenia Vidal corrió para ubicar en ese sillón a un cuadro propio. Violini formaba parte del “Club de los Sancionados”, como se conocía al grupo que integraba con sus pares Marcelo Romero, Gabriel Sagastume y Leandro Heredia, quienes eran sancionados por hablar con medios de comunicación.
Desde hace varios años, es el titular de la Asociación de Magistrados de La Plata. Desde ese espacio estuvo políticamente enfrentado con la fallecida jueza Margarita Tropiano, quien fue durante más de una década titular de la Asociación de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
En los primero años de la década pasada, el apellido Violini saltó a la escena nacional: encabezó una mega investigación que apuntó al patrimonio de la cúpula policial y varios comisarios de la temible fuerza de seguridad bonaerense. La causa fue elevada a juicio, pero distintos ardides de los defensores hicieron que la mayoría de los expedientes prescribiera por el paso del tiempo. Todavía quedan algunas causas arrumbadas en despachos del Poder Judicial de La Plata, tal vez, a la espera de impunidad por el paso del tiempo.
Años después, pasó de fiscal a defensor de Casación y luego a juez del máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires, siempre en tiempos de la gobernación de Solá.
Con ese bagaje en su haber, Violini fue el primero de los jueces en la provincia de Buenos Aires en denunciar, durante la gestión de Cambiemos, que el poder político presiona a la Justicia. “A todas luces, no tengo ninguna duda, aparece la pata política en esa causa”, aseguró el magistrado este miércoles en declaraciones a radio La Red y apuntó contra Conte Grand.
“En la provincia debería haber división de poderes, (pero) no la hay, porque no hay independencia del Poder Judicial, está absolutamente subordinado no solo en el plano económico, sino de cómo debe hacerse e interpretarse la Justicia”, disparó Violini.
Minutos antes, el jefe de los fiscales había rechazado en esa misma emisora “las presiones y los carpetazos” y aseguró que se trabaja con “objetividad” en la Justicia bonaerense. “Yo no pertenezco al Poder Ejecutivo”, aclaró.
De esta manera, quedó expuesta la guerra judicial en la provincia de Buenos Aires con cruces de declaraciones y con denuncias sobre la falta de independencia de los poderes, un eje clave en el discurso fundacional de Cambiemos que resultó lesionado con la decisión de Vidal controlar el Ministerio Público a través de un militante del PRO.
Detrás del juez de Casación se encolumna la mayoría de los magistrados de La Plata, quienes deben resolver causas sensibles a los intereses del oficialismo.
El vidalista Conte Grand tiene un poder ilimitado: cualquier investigador puede caer en desgracia si no es del agrado del jefe de turno. Ese no es un problema de la cabeza, es sistémico. Desde ese cargo, el ex secretario de Legal y Técnica del gabinete de Vidal anunció que pedirá el juicio político para el juez Carzoglio.
En ese mar de tiburones navegan los fiscales de la provincia de Buenos Aires. No es nuevo para ellos: antes fueron víctimas del látigo de Falbo, que hoy asesora al ministro de Justicia nacional, Germán Garavano.
El arribo de Conte Grand al Ministerio Público fue turbulento: se dio como epílogo de una campaña de presiones que Falbo, aferrada al sillón devengado por el acuerdo entre el PJ y la UCR bonaerense, resistió todo lo que pudo.
El actual procurador no cumplía con los requisitos constitucionales para acceder al cargo, pero un amparo resuelto favorablemente por un juez penal de La Plata le habilitó la vía para comandar el Ministerio Público Fiscal bonaerense.
En lo superficial se diferenció de su predecesora. Se mostró más abierto al contacto con los medios de comunicación y su rostro se hizo visible para el gran público. Pero, en lo profundo, según las denuncias de dos magistrados, no se diferenció de la ex dama inoxidable de la justicia bonaerense.
Conte Grand está en sintonía directa con lo que necesita la gobernadora Vidal para mostrar su gestión en materia de política judicial, que, muchas veces, se emparenta con la política criminal (léase lucha contra el delito en cualquiera de sus versiones), que es uno de los ejes centrales de lo que quiere mostrar y transmitir el equipo bonaerense de Cambiemos: “La lucha contra las mafias”.
El procurador se muestra activo en casos que son de vital importancia para la gestión. Por ejemplo, acusó y logró la destitución del incómodo juez Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias, que fue, sin dudas, el magistrado que más dolores de cabeza ocasionó al gobierno de Vidal: dictaminó contra los tarifazos, consideró inconstitucional la municipalización de comedores escolares e hizo lugar a una serie de presentaciones de los gremios en medio del conflicto docente, entre otros temas que irritaron al oficialismo de turno.
Luego del capítulo Arias, la capital bonaerense se vio sacudida por una investigación penal, conocida mediáticamente como “La banda del juez”, por la fueron detenidos y están con prisión preventiva el ex juez de Garantías de La Plata César Melazo y el ex fiscal Tomas Moran, sospechados de dar cobertura legal a una banda mixta de policías corruptos y ladrones que operó desde 2008 hasta su desarticulación en junio pasado. También fue imputado y apartado temporalmente del cargo el juez de Casación Martín Ordoqui.
Otra funcionaria procesada es la relatora de Casación María Constanza Fonrouge, con pliego aprobado para ser jueza en el Departamento Judicial de Quilmes. En la mira de los investigadores también están un fiscal de Casación, un juez de la misma instancia y otros magistrados de La Plata, junto con abogados y militantes del PJ de La Plata. Un dato llamativo: Melazo y Ordoqui son dos amigos confesos del ex jefe de Gabinete nacional Aníbal Fernández.
Una conducta llamativa de Conte Grand: ante cada novedad explosiva en el marco de esa causa, realiza maratones mediáticas en las que promete más procesamientos de magistrados y asegura que a ese lote se sumarán protagonistas de la política platense en los expedientes que tienen al mando las fiscales Betina Lacki y María Eugenia Di Lorenzo.
Durante el trámite previo al juicio político al exjuez Melazo (quien finalmente renunció al cargo), Conte Grand elogió la política en la lucha contra los desarmaderos ilegales de autos durante la gestión de Solá. El fiscal a cargo de esta causa fue Violini.
En este marco de tensiones salió a escena la grieta judicial en la provincia de Buenos Aires, donde los investigados, la mayoría, son adherentes al peronismo o no son oficialistas.
En esa línea también se inscribe la denuncia que realizó otro juez de La Plata, Guillermo Atencio, quien dejó por escrito que existe un “pacto de impunidad” que salpica a una jueza de la Suprema Corte bonaerense, a Conte Grand y al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, tal como informó Letra P.
