La orden de compra de 15 mil barbijos de "alta eficiencia" a un valor de 3.000 pesos la unidad, diez veces su precio real, descolocó a Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno venía invicto por su gestión ante el avance del coronavirus. Al igual que al presidente Alberto Fernández, las encuestas de opinión lo muestran bien posicionado. Pero la adquisición de estos productos para personal de salud abrió un escándalo que podría trepar al nivel que alcanzó, hace pocos días, el caso en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y su cuestionada compra de alimentos, que concluyó en una purga en el gobierno nacional en plena pandemia.
"Estamos evaluando las diferentes compras y, una vez que tengamos el análisis hecho, se dará a conocer. Todas las compras son transparentes y cumplen con los procedimientos legales", respondió el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, ante la consulta de una periodista de América TV este lunes por la mañana. La pregunta fue dirigida al alcalde, quien la escuchó pero dejó que su ministro coordinador respondiera en su lugar
Aunque el precio supera el valor de venta estipulado en el mercado, como detalló la revista Noticias, el Gobierno porteño sostiene que la adquisición era de carácter "urgente" y que la empresa Green Salud era la única que tenía el stock de 15 mil barbijos que precisaba el Ministerio de Salud porteño. En rigor, según se detalla en el Boletín Oficial, hubo tres llamados a licitación, pero todos quedaron desiertos por falta de oferentes.
El último llamado fue el 3 de abril y la resolución que habilita la contratación directa por 45 millones de pesos fue aprobada por el Ministerio de Salud el 6 de abril. En la Jefatura de Gobierno admiten que el precio está por encima de otras opciones en el mercado, pero aclaran que "fue el valor mínimo que estaba disponible al momento de la compra". Esa operación contempló la adquisición de 1.800 unidades para abastecer a personal de los 18 hospitales que están abocados exclusivamente a atender pacientes con Covid-19. El resto aún no fue entregado, pero el contrato seguiría su curso.
A diferencia de la situación nacional, en la Ciudad no habrá purga de funcionarios ni sumario administrativo porque sostienen que la compra cumplió los estándares legales correspondientes y no existió sobreprecio. Además, en el larretismo añaden otro punto para diferenciar las compras: el Gobierno nacional compró fideos con otras opciones sobre la mesa y la Ciudad, según sostienen en Uspallata 3160, "no tenía otra oferta". Una vez revelada la información, Rodríguez Larreta pidió informes a Salud y Jefatura de Gabinete y recibió el mismo detalle de ambas terminales. Consultó si era necesario una explicación oficial, pero desde ambas carteras coincidieron en que el proceso de compra fue "correcto" y que el modelo de barbijo modelo N95 FFP3, recomendado para personal de salud por su característica reutilizable, se vende "incluso" a un precio mayor por unidad en plataformas online.
Pero también hay ejemplos que muestran lo contrario. La volatilidad del valor de los insumos esenciales responde a la alta demanda del contexto sanitario. En tanto, hacia dentro del gobierno porteño hubo reproches por optar por comprar a un proveedor, pero lo cierto es que en Argentina nadie fabrica el producto. La respuesta interna, para todo aquel que levantó la voz, fue la misma: "No había otra opción". La oposición política a Larreta debate si avanza con un pedido de informes en busca de especificaciones porque, sostienen, la orden de compra no aclara qué modelo de barbijo se requería. Y en esa característica, también, reside el valor de referencia.
Sin embargo, lo que sí podría modificarse es el proceso de compra de insumos de la Ciudad: a raíz de la emergencia, se optó por una liberalización y cada ministerio se abastece de manera unilateral. Bajo esa lógica, según pudo saber Letra P, Rodríguez Larreta estudia volver al sistema centralizado de compras y devolver la coordinación a la Jefatura de Gabinete.
Por fuera del método de contratación directa, la lupa se posa en la empresa Green Salud, cuyo dueño es Ignacio Saénz Valiente, ex funcionario de Mauricio Macri y abogado de las empresas Clarín y Telecom. Sobre este punto el Ejecutivo porteño tampoco considera contradicción alguna e insiste en que era la única empresa que podía asistir ante ese pedido.
