Por La decisión del presidente Alberto Fernández de aplicar por decreto el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos trizó los planes de la Cámara de Diputados para continuar con sesiones virtuales y reuniones de comisión mediante herramientas tecnológicas. También desnudó las enormes dificultades que tendrá el Congreso para funcionar en medio de la cuarentena, por la cantidad de miembros en edad de riesgo en ambos recintos y por la decisión del Senado de no acompañar el frenesí que planificaban sus pares de la Cámara baja.
Desde que comenzó la crisis por el nuevo coronavirus, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, buscó mostrarse hiperactivo y transmitió el interés de sesionar cuando fuera necesario. Pero el impacto de la pandemia y la posible extensión de la cuarentena hasta mediados de abril le alteró los planes: en lugar de activar a las dos cámaras para sesionar y darle trámite al eventual proyecto de ley que iba enviar el Ejecutivo, el oficialismo activará la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Parlamentario para darle tratamiento a los DNU que firme el Presidente. En este caso, la atención estará puesta en la medida para alquileres, para que cuente con el aval legislativo antes del próximo vencimiento de los pagos que, en su mayoría, operan del 1 al 5.
El texto que firmará Fernández establecerá 180 días de congelamiento para alquileres, suspensión de desalojos, remates, hipotecas y congelamiento de sus cuotas. Apenas le ponga su rubrica, en el Congreso activarán la bicameral que preside el diputado santafesino del Frente de Todos Marcos Cleri y tiene como vice al senador formoseño y titular del bloque de la UCR, Luis Naidenoff.
La certeza que respiran en el Frente de Todos no cayó bien en el interbloque de Juntos por el Cambio. Tanto en el PRO como en la UCR coinciden con la necesidad de aplicar un paliativo a los alquileres, desalojos e hipotecas, pero estaban dispuestos a conceder dos meses de suspensión y no seis como quiere la Casa Rosada.
Ante la dimensión de la crisis, un freno por sesenta días parece más afín a las preocupaciones del mercado inmobiliario que a las necesidades de los inquilinos, pero en el interbloque opositor advirtieron que no hubo interés del oficialismo para llegar a alguna negociación que sintetice posiciones.
En el Gobierno y en la presidencia de la Cámara baja admiten que el obstáculo para sesionar no puede durar lo mismo que la cuarentena, porque buena parte de las restricciones que rigen desde el 12 de marzo han sido establecidas por DNU.
