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A los contagios y la recesión, el Gobierno suma la obsesión por el impacto en el empleo

La emergencia cambia las prioridades. La economía cruje y los empresarios se quejan. El cuco estadounidense. Quién trabaja, quién no. El Consejo, en mutación. Se vienen los penales.

Por 26/03/2020 14:31

Más allá de la negociación de la deuda, Alberto Fernández había comenzado el año con un objetivo excluyente en materia económica: coordinar precios y salarios de modo de evitar una carrera descontrolada entre ambos y de comenzar a reducir la inflación del 53,8% heredada de Mauricio Macri. Sin embargo, la crisis del virus COVID-19 cambió abruptamente el panorama y toda la energía del Gobierno se concentra ahora en privilegiar el mantenimiento del empleo. Así es: a la emergencia sanitaria se sumó rápidamente la económica por el freno que la cuarentena impone a la actividad; sin dar respiro, la emergencia laboral se convierte ya en la tercera ola de la pandemia.

En su agenda original, las autoridades económicas y laborales buscaron mantener bajo un control razonable las paritarias que cayeron en diciembre, como las de aceiteros y bancarios, y, de inmediato, evitar que el resto de las grandes (salud, comercio, metalúrgicos, alimentación), cuyos acuerdos vencen entre marzo y mayo, depararan pedidos desmedidos de subas salariales que las alejaran de la meta de reducir la nominalidad de la economía y, con eso, de la inflación.

La intención, con la coordinación entre los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, de incluir todas esas tratativas en el Consejo Económico y Social a partir de abril o mayo, cambió porque, no solo para ellos sino también para los propios sindicatos, la nueva prioridad es el el mantenimiento de los puestos de trabajo. No habrá que sorprenderse si, cuando pase la cuarentena, el Consejo ve la luz con una misión diferente a la original.

 

 

Vale una digresión, vinculada con lo que está pasando en la mayor economía del mundo: los Estados Unidos. Allí, donde la rotación de personal es mucho más elevada debido a la flexibilidad de las normas laborales, pero donde la pandemia pareciera tener efectos económicos menores que en Argentina dado que las medidas de aislamiento social no son totales, el número de pedidos de desempleo alcanzó a 3,28 millones en la semana que terminó el 21 de marzo, un incremento de casi el 1.500% en apenas quince días y un número sin precedentes desde 1968, cuando ese indicador comenzó a medirse. Para peor, proyecciones privadas ya apuntan a 4,4 millones. ¿Podría darse una explosión semejante, tema que desvela a varios países, en la Argentina?

 

 

En el país no se trazan escenarios, ni a nivel oficial ni a nivel privado porque se ignora tanto la duración de la pandemia como la extensión de las medidas de reclusión y el daño económico real que estas provocarán. Sin embargo, un salto de la desocupación es una hipótesis fuerte y limitarlo es la nueva obsesión del Gobierno, que, después de haber salido con varias tandas de medidas anticíclicas para sostener los ingresos de jubilados, receptores de planes sociales, pymes, monotributistas y cuentapropistas, ahora enfoca todos sus esfuerzos hacia una posible emergencia laboral.

También esa tarea impone sintonía fina. El miedo al coronavirus cunde y trabajadores vinculados a la producción de alimentos no vitales (por ejemplo, golosinas), a la actividad portuaria y al transporte de granos, entre otros, presionan con fuerza a sus dirigentes, y estos a las autoridades, para sumarse a la cuarentena. Ante eso, el Gobierno decidió incluirlos a todos, así como a las industrias proveedoras de insumos como envases, dentro de la categoría de servicios esenciales para preservar un abastecimiento lo más fluido posible y evitar una mayor inflación por escasez y un impacto todavía mayor en la economía. “No mantener una cierta normalidad sería un camino al desastre”, le dijo a Letra P una fuente oficial vinculada con esas gestiones.

 

 

La doble indemnización impuesta por Fernández el 13 de diciembre, apenas asumido, vence en junio, pero el propio Presidente y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, estudian si la extienden. “Sin esa herramienta, este momento sería mucho más difícil”, estimó la fuente consultada.

La alarma cunde porque, en este contexto, algunos empresarios plantean su intención de acudir a procedimientos preventivos de crisis, que abren una instancia de diálogo, que debe se validado por las autoridades, cuando los planes de despido “afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores”, según dice la página de Internet del Ministerio de Trabajo.

Todo argumento vale para frenar esas presentaciones: el Gobierno esgrime la imposibilidad de armar reuniones por imperio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para evitar la instalación de esas mesas. Mientras, monitorea la situación con cada empresario que declara tener problemas y explica que la batería de medidas que se han tomado para aliviar la situación no justifica llegar a esos extremos.

Una idea que circula entre varios despachos es la de incluir la problemática laboral en el Consejo Económico y Social, haciendo mutar a este desde su función inicialmente prevista de arbitrar en la puja distributiva. El sostenimiento de los puestos de trabajo, la agilización en el otorgamiento de los programas Repro (por los que el Estado asume una parte de los salarios de las empresas en crisis) y una mayor cobertura del subsidio de desempleo podrían estar sobre la mesa en breve.

“Estamos atajando penales”, le dijo la fuente consultada a Letra P. La precariedad es la nueva normalidad en el vendaval de la pandemia.