Un plan anticíclico necesario, pero que no termina de dar en el blanco

Las medidas sirven para amortiguar el freno económico. ¿Pero qué se hará en favor del enorme universo de cuentapropiestas y de quienes viven de la economía en negro? Cuando el Estado no llega.

Por más que algunos especialistas de inexplicable exposición mediática se animen a gritar que el premio Nobel de Economía John Maynard Keynes fue un fraude, los manuales indican que ante una caída en picada de la economía, como ocurrirá en la Argentina arrojada a la pandemia de coronavirus, es necesario introducir medidas que estimulen la demanda. Más gasto público, en definitiva, como anunció el martes el Gobierno. Sin embargo, esos manuales no describen crisis como la actual, en la que el colapso proviene del contagio de una emergencia sanitaria, en las que ese remedio puede ser insuficiente. Ese es el dilema del gobierno de Alberto Fernández, que se introduce más y más en terreno desconocido.

 

El impacto será enorme. Este miércoles, en lo que supone apenas un balance inicial de lo que le costará la emergencia a la Argentina, la consultora Ecolatina dijo que “nos vemos obligados a recortar nuestra proyección de PBI para 2020, pasando de una contracción de 1,3% a una de 2% con riesgo a la baja si las restricciones de circulación-cuarentena se profundizan”.
 

 

 

Las limitaciones para responder, probablemente, no pasen por la teoría sino por la estructura de la economía nacional, en la que el 45% hogares vive de los ingresos de trabajadores informales, para quienes el alcance del brazo del Estado es limitado.

 

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) recordó en su último informe, elaborado en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que solo el 55% de los hogares tiene como cabeza a un trabajador en relación de dependencia y en blanco. Así, el 22% de tiene como sostén a un asalariado no registrado (de los cuales el 43% son pobres) y el 23% a un cuentapropista (35% de los cuales son pobres). ¿Cómo se llega a ellos?

 


 

 

Esta crisis por pandemia, cuyos efectos globales contagian al país, implicará una paralización creciente de actividades, lo que hará necesario sostener la demanda agregada con mayor gasto público. Es una crisis de demanda, claro, aunque tiene además otro costado que la hace especialmente más compleja: es también una crisis de oferta, por el congelamiento de renglones enteros de producción de bienes y servicios, desde las aerolíneas y el turismo en general hasta la energía, pasando por la industria y el comercio.
 

 

 

En función de lo anunciado el martes por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, todo un cambio de agenda para el Gobierno, hay que interpretar qué medidas se han destinado a sostener la demanda, cuáles a la oferta (las empresas) y cuáles pueden llegar a ese 45% de los argentinos a quienes el Estado suele atender poco o nada.

 

Primero, para sostener la demanda, el abanico de medidas es, por lejos, el más amplio, incluso dentro de los estrechos marcos fiscales que atenazan al Gobierno: pagos extras a jubilados de bajos ingresos y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE); postergación en abril y mayo de los pagos de deudas asumidas por miembros de esas categorías durante los jubileos electorales macristas de 2017 y 2019; prórroga del plan de crédito Ahora 12; refuerzos del seguro de desempleo e imposición de precios máximos para artículos de primera necesidad.

 

Por si eso fuera poco, también hay disposiciones también para el mediano y largo plazos, lo que da una idea de los daños que se otean desde la Casa Rosada: fuerte aumento del presupuesto destinado a obra pública y relanzamiento del plan de viviendas Procrear.

 

En segundo lugar, para aliviar a las empresas, el menú es menos amplio pero igualmente ponderable, desde la eximición de pago de contribuciones patronales y apoyo para el desembolso de salarios vía el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), hasta la aceleración de los reintegros a la exportación para las empresas industriales, pasando por la adjudicación de $350.000 M para asegurar la producción y abastecimiento de alimentos e bienes básicos.

 

Gustavo Reija, director de la consultora Mecronomic, le dijo a Letra P que “las medidas oficiales apuntan a remediar parte de los dos shocks que enfrentamos: de oferta y de demanda. Se intenta alivianar al sector productivo y, al mismo tiempo, incrementar demanda. El ‘efecto cuarentena’ impone condiciones de stress muy fuertes a la estructura productiva con cierres de plantas y paralizaciones temporales”. 

 

En tanto, Federico Furiase, director de la consultora Eco Go y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, señaló en diálogo con este sitio que “ante la crisis será clave que el aumento del financiamiento monetario se dirija a evitar disrupciones en la cadena de pago y a financiar el capital de trabajo de los sectores más vulnerables para minimizar el costo en inflación y brecha cambiaria”. Atención a esto: este nuevo miércoles negro en los mercados internacionales repercutió en el país en un aumento de todas las modalidades de dólar, pero más de los paralelos: el oficial trepó a nivel mayorista 0,2% hasta $63,66, pero el “contado con liquidación” aumentó 1,5% y quedó a punto de quebrar la barrera de los $90.

 

 

Fuente: Rava Bursátil.

 

 

Hasta ahí, bien, entonces. ¿Pero qué queda para aquel tercer renglón, el de la economía informal? Apenas el refuerzo de partidas para comedores comunitarios. Nada hay para ir en auxilio de los ingresos menguantes de familias que dependen de actividades como las reparaciones de plomería, electricidad y gas; la de los peones de taxi; servicios como la poda y el corte de pasto; tareas de cuidado de niños, ancianos y enfermos: emprendimientos varios y venta ambulante, entre muchas otras. He allí la Argentina del 45%, en gran medida en negro y la que más sufrirá por el freno de la actividad. El problema es que, al estar en la informalidad, las posibilidades del Estado de prestarle asistencia son muy limitadas.

 

 

 

“Haga la changa”, volvería a decir Elisa Carrió como en 2018, cuando (¡qué tiempos aquellos!) la crisis era solo nuestra. ¿Alcanzará?

 

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