A un día del vencimiento del plazo final para acordar con los tenedores del bono Buenos Aires 2021 (BP21) y evitar el default, el Gobierno bonaerense negocia contrarreloj para alcanzar el aval de los titulares del 75% del monto implicado, 250 millones de dólares de la segunda cuota vencida el 26 de enero pasado. Pero lo hace sobre un universo acotado de acreedores, dejando a un lado al fondo Fidelity Investments, que, según confiaron fuentes al tanto de la negociación, mantiene una postura “intransigente”. La estrategia de la firma se enmarcaría en la futura negociación con la Nación, de la que también es acreeedor.
Bajo los argumentos de que la Provincia no puede afrontar el pago y de la necesidad de transformar en “sustentable” toda la deuda bonaerense, el gobernador Axel Kicillof inició, vía su ministro de Economía, Pablo López, una negociación con los acreedores que tuvo su primera propuesta formal el 14 de enero y sucesivos capítulos. Pidió correr el pago al 1 de Mayo, pero no alcanzó el porcentaje de adhesión necesario. Entonces, jugó su primera baraja: dio más tiempo a los bonistas para responder y ofreció pagar por adelantado el total de los intereses que generase ese corrimiento de cancelación de deuda. Tampoco logró su objetivo y este lunes jugó su segunda carta: propuso pagar el 30% del capital además de los intereses.
En una entrevista concedida a El Destape Radio, Kicillof afirmó este lunes que “se consiguió el apoyo del grupo más importante” pero que “aún quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas (…) En particular, hay un fondo que tiene una cantidad muy significativa y no está demostrando el mismo grado de adhesión y ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe”, dijo, sin dar nombres.
La piedra en el zapato del gobernador es Fidelity. Fuentes que conocen los términos de la negociación dijeron a Letra P que el fondo pretende cobrar “el 100%” de la segunda cuota vencida en tiempo y forma. Y explicaron la dureza de la postura en la necesidad de sentar un precedente para una futura negociación con la Nación, de la que también son acreedores muchos de los bonistas representados por la firma.
Ante la encerrona, las mismas fuentes afirmaron que el Gobierno apuesta ahora a alcanzar el 75% de adhesión necesario entre el universo del 84% restante, sin tener en cuenta el 16% representado por el fondo en cuestión.
Del diseño de la estrategia de negociación bonaerense participa el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, quien ya avisó –también lo hizo el Presidente– que la administración central no hará un salvataje de Buenos Aires. Inclusive, el gobierno que encabeza Alberto Fernández advirtió que, sin acuerdo en Buenos Aires, podría endurecer su oferta a los tenedores de la deuda soberana. Una respuesta negativa de los bonistas al ofrecimiento de Kicillof, lo que haría entrar en cesación de pagos al distrito, sería considerado una señal negativa que, debido a su posible impacto sobre la sustentabilidad de la economía, podría determinar que la propuesta a los acreedores de la Nación termine siendo más dura de lo previsto.
El bono BP21 fue emitido en 2011 durante le gobierno de Daniel Scioli por un total de 750 millones de dólares a una tasa de 10,875% y bajo ley de Nueva York. La primera de las tres cuotas fue cancelada el 26 de enero de 2019 por el gobierno de María Eugenia Vidal, la segunda es la que se intenta postergar y la tercera está programada para la misma fecha del año 2021.
Si para el 5 de febrero la Provincia no pagó, los bonistas podrían tomar dos caminos para intentar cobrar: judicializar el reclamo de los 250 millones de dólares de capital o apelar a la cláusula de “aceleración”, bajo la cual podrían exigir el pago total del bono. Es decir, no solo el pago de los US$ 250 millones que vencen ahora sino, además, los US$ 250 millones restantes. Esta última opción sólo es posible si los litigantes juntasen, al menos, el 25% del valor del bono.
Un reclamo de esas características abre inclusive un escenario que podría ser devastador, en tanto que habilita a otros acreedores a echar mano a ese recurso. Es decir, podrían reclamar el pago todos los tenedores de deuda bonaerense en moneda extranjera, que llega a los U$S 7 mil millones, según fuentes de Economía.
