Buenos Aires | La deuda

Kicillof, al límite: extiende el plazo a los bonistas para evitar el default

Esperará hasta el 3 de febrero la respuesta de los acreedores a su propuesta de diferir el pago de U$S 250 millones al 1 de Mayo. Si el 5 no acordó y no paga, la provincia entrará en cesación de pago.

El gobernador Axel Kicillof otorgó otros tres días a los bonistas para que respondan a su propuesta de diferir al 1 de Mayo el pago de US$ 250 millones del bono Buenos Aires 2021 (BP21) que venció el 26 de enero. Ahora, la fecha tope es el 3 de febrero, dos días antes de cumplirse los 10 días de gracia establecidos por contrato a partir del vencimiento, tras lo cual la Provincia entrará en cesación de pago si no llega a un acuerdo o cancela esa deuda.

 

A través de un comunicado, el Gobierno bonaerense anunció que a los bonistas se les “ha extendido hasta las 17 pm (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 03 de febrero de 2020 el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26 de enero hasta el 1 de mayo de 2020”.

 

Se detalló también que “el pasado 27 de enero, teniendo en consideración la compleja situación financiera existente y la voluntad de pago que siempre exteriorizó esta administración, la Provincia mejoro la oferta ya realizada a los tenedores del bono, ofreciendo cancelar de manera anticipada y en su totalidad los intereses relacionados con el capital diferido (por el período desde el 27 de enero al 1 de mayo). Los bonistas ahora recibirían, de ser aprobada la modificación, aproximadamente US$ 28,698 cada US$ 1000 de capital diferido”.

 

 

Con la decisión, Kicillof gana tiempo en busca de la adhesión de -al menos- acreedores que, juntos, reúnan el 75% del valor del BP21. Desde Casa de Gobierno le explicaron a Letra P que van a “extremar las medidas” de la negociación.  

 

No se quiere caer en default “bajo ningún concepto”, enfatizan en la Casa de Gobierno ubicada en La Plata. Como explicó Letra P, entrar en un proceso de default le implica a la Provincia quedar al margen de los mercados, al tiempo que complejiza las negociaciones a futuro de la Provincia y altera las que lleva adelante la Nación. Kicillof, su ministro de Economía, Pablo López, y otros funcionarios reiteraron toda vez que pudieron que el total de deuda es “insostenible”. Y, pese a que el bono que debe cancelarse ahora fue emitido durante el gobierno de Daniel Scioli, responsabilizan a María Eugenia Vidal de la situación, quien elevó drásticamente la deuda en dólares.

 

La estrategia que ejecuta el ministro López fue diseñada con la participación de la administración central. Que Buenos Aires logre la postergación del pago es clave para la Nación: así, podría encolumnar a todas las provincias con deuda detrás de la renegociación que el ministro de Economía nacional, Martín Guzman, lleva adelante.

 

 

 

Fuentes del ministerio de Economía bonaerense insisten con que “es importante” el número de bonistas que aceptan la propuesta. Pero evitan dar un porcentaje. En las últimas horas, versiones periodísticas le atribuyen a Guzmán haber dicho en Nueva York que Kicillof había conseguido solo el 26% de aprobación. Esa versión nunca fue ratificada ni desmentida por el ministro de Hacienda nacional. Tampoco por la Provincia.

 

Si para el 5 de febrero la Provincia no pagó, los bonistas podrían tomar dos caminos para intentar cobrar: judicializar el reclamo de los 250 millones de dólares de capital o apelar a la cláusula de “aceleración”, bajo la cual podrían exigir el pago total del bono. Es decir, no solo el pago de los US$ 250 millones que vencen ahora sino, además, los US$ 250 millones restantes. Esta última opción sólo es posible si los litigantes juntasen al menos el 25% del valor del bono.

 

Un reclamo de esas características abre inclusive un escenario que podría ser devastador para el gobierno provincial, en tanto que habilita a otros acreedores a echar mano a ese recurso. Es decir, podrían reclamar el pago todos los tenedores de deuda bonaerense en moneda extranjera, que llega a los US$ 7 mil millones, según fuentes de Economía.

 

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