Como la ley de emergencia financiera no logra ser aprobada, el gobierno santafesino decidió, a través del decreto 135/2020, consolidar la cesación de pagos a proveedores de servicios y contratistas de obra pública de la provincia. A su vez, resolvió analizar o redefinir los montos de las deudas para reprogramar los pagos en un régimen especial que pueden llegar a ser mensuales, anuales o hasta “plurianuales”.
La reprogramación que expresa el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti y el minsitro de Economía, Walter Agosto, excluye a los gastos corrientes como "las obligaciones que corresponden a deudas de haberes de agentes públicos, servicios personales, haberes jubilatorios, deudas con municipios o comunas de la provincia o entes que conformen el sector público no financiero municipal o comunal".
La decisión se basa en los alcances del artículo 54 de la ley de Presupuesto, que permite “consolidar en el Estado provincial, y municipios y comunas, las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 31 de diciembre del 2019 (es decir, tomadas por el socialismo), que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero".
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Para ello, propone reglamentar un procedimiento en el que cada contratista deberá hacer un reclamo por su acreencia con tiempo hasta el día 31 de marzo de 2020 bajo un complejo sistema para la verificación de las deudas. Luego de las presentaciones, el gobierno se expedirá sobre la procedencia y admisibilidad de lo solicitado por el acreedor, es decir, cuánta deuda le reconoce y cómo se la pagará: mensual, anual o plurianual. Se cancelarán a cuenta de la consolidación, los compromisos que sean exclusivamente necesarios para no poner en riesgo los servicios públicos.
Las críticas que se despertaron rápidamente en la oposición es que este tipo de consolidaciones se realizan cuando está en duda la legitimidad de una deuda, que no es el caso. Además, ponen en juicio si habrá conformidad de las partes en la modalidad de pago.
El trasfondo es la dilatada aprobación de la ley de emergencia, que en la semana tuvo una contrapropuesta del Frente Progresista, que el PJ calificó de "invotable" e interpretó como una "muestra de no querer acordar".
El malestar que se fue generando en las últimas semanas en el oficialismo puso el foco en las deudas con proveedores que generó Miguel Lifschitz en los últimos seis meses de su gestión y que ahora "debemos levantar con todos estos esfuerzos y en esta situación complicada", comentaron a Letra P fuentes del PJ. Quizás por todo esto se interprete el decreto como una forma de redoblar la apuesta.
Desde la mesa chica del gobierno consideran que, sin la ley de emergencia financiera, no se podrán hacer frente a nuevas obras ni cancelar las pendientes que se arrastran desde mediados de 2019. Por eso, en el texto solicitan operaciones de crédito por unos 9.000 millones de pesos para hacer frente a la deuda flotante: sólo en obras, asciende a 4.000 millones de pesos, que se suman a 3.000 millones que se les deben a proveedores.