10|4|2021

No, no y no: por qué Larreta no le firma el consenso fiscal a Fernández

03 de diciembre de 2020

03 de diciembre de 2020

El jefe de Gobierno escala la pelea. Dudas por la recaudación y "malabares" con el Presupuesto 2021. El fantasma del Pacto 2017.

Horacio Rodríguez Larreta está dispuesto a escalar la batalla con Alberto Fernández. Lo dijo entre líneas el martes, cuando aprovechó el prime time de TV para responder ante el avance en Diputados del proyecto de ley que establece un monto fijo para el traspaso de la Policía Federal y, automáticamente, disminuye el coeficiente de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo ratifica: el jefe de Gobierno se ausentará de la foto que arma el Presidente con las gobernadoras y los gobernadores para anunciar, este viernes en la Casa Rosada, la celebración de un nuevo consenso fiscal.

 

En diciembre de 2019, el porteño posó con ganas para esa misma imagen. Eran otros tiempos, era otra la historia. El paquete actual contiene una serie de contraprestaciones que, según Rodríguez Larreta, vuelven "infirmable" al texto. A pesar de que se autoriza la baja de las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, convirtiéndose en una bocanada de aire fresco en el marco de la crisis económica y la caída de la recaudación por la pandemia por coronavirus, la Ciudad no acompañará la propuesta oficial.

 

No lo hará, entre otras cosas, porque la tensión política entre la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno está en su punto de ebullición. El borrador del pacto fiscal 2020 es posterior al recorte de la coparticipación por decreto simple que firmó Fernández en septiembre y al proyecto que le pone un número preciso al traspaso policial, pero, para el larretismo, es parte de la misma película. En las últimas semanas, se generó un caldo de cultivo que volvió inestable cualquier negociación y que apagó, a mediados de noviembre, las charlas entre la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Martín Mura. Ambos funcionarios discutieron desde diciembre de 2019 tanto la masa de recursos coparticipables como la infinidad de cálculos para establecer cuánto dinero tiene que girar el Gobierno hacia la Ciudad para costear la Federal.

 

No hubo acuerdo en ninguno de los dos temas. En el caso del consenso fiscal 2020, Rodríguez Larreta no lo rubricará por tres puntos: la condición de abstenerse de presentar juicios ante el Estado relativos a transferencias de fondos y el régimen de coparticipación (y congelar por un año los vigentes); aceptar que la coparticipación no puede transformarse en un sistema de transferencias ad hoc, según la necesidad de cada distrito,y el flamante considerando que exige mantener la eximición de pago de Ingresos Brutos para operaciones financieras.

 

 

 

La cláusula sobre los reclamos judiciales no puede sorprender a la Ciudad ni a ninguna otra jurisdicción, ya que lo mismo firmaron en 2017 con Mauricio Macri. En aquel entonces, el punto sobre "Procesos judiciales" exigía a las provincias abstenerse de iniciar procesos judiciales por coparticipación, desistir de los ya iniciados y, en particular, frenar la judicialización del reclamo por el fondo del conurbano bonaerense. El texto 2020 propone lo mismo, pero el contexto es distinto: la Ciudad rompió filas con la Casa Rosada ante el recorte de la coparticipación y llevó la pelea al máximo tribunal. Bajo esa lógica, razonan en el larretismo, aceptar esa condición sería abandonar la resistencia a calificar de "inconstitucional" la quita de fondos.

 

Si avala la segunda contraprestación, el gobierno PRO estaría invalidando un método de compensación que Rodríguez Larreta usufructuó durante la gestión de Macri. El incremento de la coparticipación que autorizó Macri para costear el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, cuestionado por Fernández y en pleno litigio judicial ante la Corte Suprema, es un ejemplo fiel de esta práctica que ahora el oficialismo promete limitar.

 

Por último, en el Presupuesto 2021 -próximo a retocarse en la Legislatura porteña-, la Ciudad propone gravar en un 7% los intereses que deja la compra de Leliqs, las letras de liquidez que emite el Banco Central y solo pueden comprar los bancos. Es decir, avanza en sentido contrario a lo que exige el consenso fiscal 2020 en el apartado "compromisos en materia tributaria provincial". De esa manera, sostienen en Uspallata 3160, no se perjudica el Banco Central y la problemática queda en los bancos que operan con esos instrumentos financieros. Además, La Ciudad sostiene que ese punto se agregó a último momento porque varias provincias querían seguir el camino de Rodríguez Larreta.

 

En la vorágine de la negociación, la Casa Rosada cumplió un pedido de la Ciudad: ponerle un techo temporal a la prohibición del endeudamiento en moneda extranjera. Se resolvió que ese compromiso se mantendría solo por un año, pero para el larretismo no alcanzó esta contraoferta.

 

Al no acompañar este pacto fiscal, la Ciudad automáticamente sigue bajo el amparo del consenso macrista de 2017, que lo obligaría a continuar con la rebaja de impuestos. Este punto solamente implicaría una caída en la recaudación de entre 25 y 30 mil millones. Bajo esa lógica, en las oficinas de Parque Patricios se analizan los pasos legales a seguir para terminar con ese convenio que obligaría a Rodríguez Larreta a seguir disminuyendo las alícuotas de IIBB.

 

La negativa a firmar de Rodríguez Larreta responde tanto una cuestión fiscal como una definición política. Metido en el barro y en un contexto de cero diálogo directo con el Presidente, el jefe de Gobierno pisa el acelerador y devuelve sin exagerar el manual de la corrección política. Flanqueado por su gabinete, diputados y senadores nacionales, habló de "barrabravas" en la Casa de Gobierno y de un trabajo del oficialismo para "someter" a provincias opositoras, con eje en el distrito capital. La dialéctica que hegemonizó el discurso de Mauricio Macri durante su segundo mandato y su posterior campaña presidencial. 

 

¿Se acabó la era de poner la otra mejilla? Su culto hacia la moderación encuentra un límite cuando revisa las cuentas porteñas, pero también sufre modificaciones al calor de la insistencia de sus socios que le pedían a gritos, desde abril, confrontar con Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quienes rivaliza sin nombrarlos; un equilibrio que le es tan funcional como cómodo. Algunos de sus asesores hubiesen preferido demorar los más posible la subida al ring, pero otros están gustosos del adelantamiento de la riña ¿sin concesiones? con Balcarce 50.