“Se termina hoy”. Palabras más o menos, ese fue el mensaje que el Ministerio de Trabajo comunicó a las empresas que integran la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el consorcio agroexportador cuya actividad está trabada desde hace 20 días por el paro de los trabajadores aceiteros y recibidores de granos. “Esto va para largo”, coincidieron, escuetos, del otro lado del ring, a poco de iniciar la audiencia. El Gobierno parece determinado a que el conflicto se solucione y vuelvan a liquidarse las divisas que necesita el Banco Central para sostener la calma cambiaria.
La reunión en la cartera laboral comenzó pasadas las 11. De un lado, representantes de Ciara y de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio). Del otro, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA). El Gobierno busca laudar para destrabar un conflicto que tiene a 170 buques varados a la espera de poder cargar granos y oleaginosas, en plena liquidación de la cosecha de trigo y en los días finales para exportar soja con la rebaja temporal de retenciones y precios internacionales en torno a los U$S460 por tonelada.
Los trabajadores pasaron la Navidad en la puerta de las fábricas y en los últimos días recibieron señales del Gobierno. “Trabajo empezó a moverse, esa es una novedad”, dijeron a Letra P. El Ejecutivo observa que el conflicto escaló más de la cuenta.
Los trabajadores reclaman actualizar el salario de acuerdo con una canasta que mantienen invariable desde 2015. Para eso, exigen llevar el básico a cerca de $93.000 y volver a negociar en agosto. Los aceiteros sostienen que eso implicaría actualizar la paritaria de mayo (25%) en otro 10 por ciento.
La cámara empresaria busca alinear el aumento con la inflación futura, algo que los sindicatos rechazan. En su cuenta de Twitter, Ciara informó la última propuesta: “Un 35% para el 2020 y (...) una actualización basada en el índice de costo de vida para 2021 según el INDEC; un sueldo adicional (bono anual) y, este año, un bono excepcional de $70.000 a los que contribuyeron con su esfuerzo diario durante la pandemia”. Los gremios indicaron que esa oferta no les llegó ni siquiera por canales informales. “En su totalidad, el aumento que proponen a los aceiteros -que no recompone el salario de 2020 y se escalona hasta dentro de ocho meses- sería ‘no remunerativo’”, replicaron.
Los sindicatos observan que entre las empresas (Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, COFCO, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza -AGD-) hay posiciones dispares y dicen que el conflicto escaló por la intransigencia de AGD, la empresa de Roberto Urquía en la que se desempeña su cuñado, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo. “Nos dijeron, al pasar, que están preocupados por otros convenios”, afirmaron los representantes de los trabajadores, ante un 2021 que se anticipa como de puja distributiva.
Años atrás, la Bolsa de Rosario cuantificó que un día de conflicto les costaba a las empresas pérdidas por 100 millones de dólares. “Con U$S100 millones nos pagan a todos los trabajadores la paritaria de todo el año”, replicó Daniel Yofra, secretario de Aceiteros, hace unos días. “La industria no pierde 100 millones de dólares por día, pierde demanda de los países compradores. Se retrasan ingresos de divisas. Toda la cadena agroalimentaria padece este paro. Es el momento de alcanzar acuerdos sustentables y razonables acordes con la realidad nacional”, indicó Ciara.
El Banco Central, en tanto, espera. En un diciembre tranquilo, lleva comprados más de U$S450 millones netos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero estima que el largo conflicto cerealero puede repercutir en la liquidación de divisas de enero. La "buena" es que el derrumbe del turismo internacional aplacará la alta demanda de dólares de los argentinos que suelen vacacionar en el exterior.
