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El diputado mendocino propone eliminar las primarias. La oposición lo acusa de cumplir con los pedidos del Gobierno. Su relación con "los peronismos".

Por 26/10/2020 17:54

La iniciativa del diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón para eliminar las PASO el año próximo blanqueó un deseo secreto del oficialismo que, por ahora, los funcionarios de la Casa Rosada no quieren mencionar. El proyecto despertó críticas e intrigas, pero es el tercero que impulsa con el discreto -a veces, no tanto- respaldo del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, la bancada que conduce Máximo Kirchner.  La primera fue un intento fallido de cambiar el reglamento de la Cámara por ley, para introducir las sesiones remotas, y el más reciente es la creación de una comisión bicameral para redactar un nuevo código del consumidor que la semana pasada cosechó la furia de las diputadas y los diputados de Juntos por el Cambio. 

Por el contrario, la suspensión de las primarias despierta contradicciones dentro del mayor conglomerado opositor. Hace tres años, el entonces presidente Mauricio Macri planificaba extirparlas para siempre. Ahora, sin la lapicera presidencial, los tres socios de la alianza necesitan dirimir sus liderazgos mediante las PASO y el pasado reciente no los beneficia, porque las primarias son un ordenador vital para el año próximo. Esa tensión alimenta el interés del oficialismo por avanzar con una suspensión provisoria de las primarias abiertas, pero las principales funcionarias electorales del Ministerio del Interior, que conduce Eduardo de Pedro, descartan cualquier cambio en el cronograma electoral. 

 

 

En el oficialismo, sostienen que esa situación justifica la presentación de Ramón, titular del interbloque Unidad y Equidad Federal para el Desarrollo, donde conviven un puñado de aliados, a veces esquivos, para el Gobierno. El abogado cuyano es el representante de Fuerza Protectora, un partido provincial con legisladores y concejales propios. Su mandato concluye el año próximo, porque llegó al recinto en 2017, y en su entorno aseguran que buscará revalidar los títulos en los comicios legislativos en 2021 con un objetivo de máxima: llegar al Senado. En los tres años que lleva como diputado, ya mantuvo dos etapas: entre 2017 y 2019, negoció con el macrismo a través del entonces titular de la Cámara, Emilio Monzó, y ahora lo hace con el peronismo.

En su interbloque, aseguran que tiene mejor relación con el oficialismo actual que con el anterior y basta recorrer su composición para comprenderlo: cuenta con 11 voluntades, donde conviven los cuatro escaños del Frente de la Concordia Misionero, que responde al gobernador Oscar Herrera Ahuad, con ex monzoístas, como la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque del Partido por la Justicia Social, y el santacruceño Antonio Carambia, que pertenece al Partido Fe, el que lideró el diifunto dirigente sindical Gerónimo Venegas.

 

 

Aún así, la relación de Ramón con el FdT no es un lecho de rosas, pero cuenta con interlocutores en las dos cámaras del Congreso. En Diputados, negocia con Kirchner y también con el titular del cuerpo, Sergio Massa. En el Senado, el teléfono rojo lo atiende la mendocina Anabel Fernández Sagasti, de estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

A ese tejido se remite la iniciativa que promovió Ramón la semana pasada en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que controla el oficialismo a través de la entrerriana Mayda Cresto. El lunes pasado, el mendocino propuso crear una comisión bicameral para la creación de un nuevo Código de Defensa del Consumidor, cuando la comisión específica en la materia, que preside el radical Diego Mestre, ya lleva cinco reuniones informativas con especialistas y expertos para ese mismo fin. 

El oficialismo firmó el despacho para crear el nuevo organismo y los miembros de JxC estallaron en gritos, críticas y acusaciones de crear cargos y puestos remunerados sin justificación. Ramón sostuvo que la comisión no tendría nuevo personal y su funcionamiento sería por 60 días para acelerar la creación de una reforma a la ley de Defensa del Consumidor que data de 1993. 

 

 

Las explicaciones no contuvieron a JxC. El radical Mestre le comunicó a Massa que el procedimiento era nulo, porque el reglamento sostiene que ese tipo de proyectos debe pasar por la Comisión de Defensa del Consumidor como instancia originaria y la bicameral fue creada por Peticiones, Poderes y Reglamento. Ante las consultas de Letra P, en el oficialismo no contestaron si harán lugar al planteo y aseguran que hay interés tener un nuevo código antes de fin de año. 

En ese mapa de arena se mueve Ramón, aunque resta saber si su acercamiento con el peronismo le genera réditos concretos en su terruño y, especialmente, en Fuerza Protectora, su partido, cuyos dirigentes ya le han planteado sus desacuerdos en otros proyectos, como el aval que dio al fallido intento de expropiar la cerealera Vicentin, que tuvo a Fernández Sagasti como cara visible.