En estos días se hizo público un fallo de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del Tribunal Oral Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, en el que el primero se refiere al protocolo para la interrupción legal del embarazo como “un manual de salvajadas humanas” y se manifiesta en contra del acceso al aborto de una adolescente de 15 años abusada sexualmente. La niña pudo acceder a la práctica, como lo indican el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. El fallo “denuncia” a los médicos que realizaron el aborto y los llama “sicarios”. Ambos jueces habían sido recusados por transfóbicos y machistas en una causa en la que estaba imputada una mujer trans. El fallo de Anzoátegui y Rizzi no es una rareza, sino uno de los muchos sin perspectiva de género, y los jueces son sólo una muestra de un sistema judicial atravesado por una mirada machista.
Las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela fueron eje de otra de las recientes disputas entre el presidente Alberto Fernández y la Corte Suprema. En la presentación del programa Acompañar para víctimas de violencia de género, el Presidente le habló especialmente a Carlos Rosencrantz (“Le hemos pedido al presidente de la Corte que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”) y llamó al resto de los integrantes de la Justicia a no “hacerse los distraídos” con el tema. Fernández se refería a una nota enviada el 23 de junio por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a las autoridades del Tribunal Supremo donde dice que, en el marco de la Ley Micaela, su ministerio es el encargado de capacitar a quienes integran la Corte. La ministra de las Mujeres explicó que quisieron contactarlos también de modo informal y que ofrecieron realizar la capacitación de manera virtual, ya que “hay algunos de los ministros de la Corte que son grandes y estamos en el marco de la pandemia". Sin embargo, concluyó Gómez Alcorta, "No hemos recibido ninguna respuesta desde hace tres meses".
La insistencia del Ministerio de las Mujeres está basada en el artículo 6 de la Ley 27499, que establece: “La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (hoy, Ministerio)”.
La respuesta a las críticas de Fernández y de Gómez Alcorta llegó al día siguiente. El máximo tribunal emitió un comunicado de prensa titulado “La Corte Suprema de Justicia de la Nación lidera desde el año 2010 la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial”, en el que recuerda la creación de la Oficina de la Mujer en 2009 por iniciativa de Carmen Argibay y hoy a cargo de Elena Highton, además de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que funciona desde 2008. También señala que tanto los miembros de la Corte como otros funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales recibieron capacitaciones en perspectiva de género a través de la Oficina de la Mujer.
La celeridad en la respuesta de la Corte reveló un acuerdo entre sus integrantes, por lo menos en este tema. Internamente, dicen que las declaraciones del Ejecutivo generaron una unidad poco vista hasta ahora. “Es Beresford”, dijeron de la ministra Gómez Alcorta, en alusión al general que propició, sin intención, la unidad de criollos y españoles frente a los ingleses. Para la Corte, agregaron, “el tema está concluido”.
El fin del debate argumentan en la sede de Talcahuano se encuentra en la interpretación del artículo 2º de la Ley Micaela: “Las personas referidas en el artículo 1° (todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación) deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones”.
Lo cierto es que, más allá de la discusión puntual sobre qué organismo debe capacitar a las máximas autoridades de la Justicia, las voces más progresistas dentro del Poder Judicial coinciden en que son más los magistrados y las magistradas que se niegan a recibir capacitaciones que quienes admiten que necesitan cambiar la mirada. Sin embargo, aceptan que, aun con estas limitaciones, es mucho lo que se avanzó en términos de perspectiva de género, sobre todo, con la presencia de Argibay, quien se definía a sí misma como atea militante y feminista. El Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación, de hecho, tienen áreas específicas de género cuya labor es reconocida por la gran mayoría del movimiento de mujeres y diversidad.
Las voces más progresistas dentro del Poder Judicial coinciden en que son más los magistrados y las magistradas que se niegan a recibir capacitaciones que quienes admiten que necesitan cambiar la mirada.
De los tres poderes del Estado, el Judicial es el más conservador, el más resistente a los cambios y en el que los cargos son eternos. Allí no se habla de acciones afirmativas aun cuando el Mapa de Género de la Justicia Argentina que publica anualmente la Oficina de la Mujer de la CSJN da cuenta de la marcada brecha de géneros: si bien el sistema de justicia está conformado por un 56% de mujeres, su participación disminuye en las posiciones superiores. La proporción femenina es mayoritaria en el personal administrativo (61%) y en el funcionariado (61%), se reduce entre las/os magistradas/os, defensoras/es y fiscales (44%) y es todavía menor entre las máximas autoridades judiciales (28%).
En la justicia federal y nacional, la baja presencia de mujeres en altos puestos es más evidente: son sólo el 25% del total de camaristas, es decir que hay tres varones por cada mujer en ese ámbito. En 2019, la mayoría de los cargos de magistratura estaba ocupada por varones: en la justicia federal y nacional el 69% de los magistrados eran varones y en los poderes judiciales, el 57%, con una brecha de género aún mayor en la justicia federal y nacional que en la provincial.
Mientras tanto, el Presidente envió los pliegos del manzurista Daniel Bejas para la vacante en la Cámara Electoral y dejó afuera a Alejandra Lázzaro, quien tenía el visto bueno del radicalismo y primera opción en el orden de mérito. Con la Justicia federal en el ojo del huracán, se esperan todavía las ternas para cubrir dos cargos en esa cámara eternamente masculina. Esta vez, entre las seis personas seleccionadas, hay una mujer: Ivana Quinteros.
