Buena parte del oficialismo bonaerense optó por la cautela luego de las horas de máxima tensión que se vivieron en Guernica, donde un ejército de unos 4.000 efectivos reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a familias que mantenían usurpado un predio de unas 100 hectáreas. Mientras los intendentes e intendentas del Frente de Todos eligieron un silencio llamativo, dirigentes del massismo y algunos legisladores respaldaron las acciones del gobierno, al tiempo que volvieron a criticar la herencia macrista y lo que consideran "fuego proselitista" de Juntos por el Cambio.
Consultados por Letra P, jefes y jefas comunales de la provincia de Buenos Aires prefirieron no opinar sobre el extenso conflicto que se desarrolló en Presidente Perón, seguido de un desalojo marcado por la represión policial. Evitaron meterse en una agenda que les es incómoda y que contrasta en muchos puntos con algunas de las políticas de derechos humanos e inclusión social que impulsan. Pese a ello, hay quienes aseguraron que el procedimiento debía realizarse para evitar un efecto contagio en otros distritos. "Salió bien, pero podría haber sido una masacre, porque había mucha gente y es difícil de manejar", reconoció un intendente oficialista del interior, que advirtió, además, que la tensión entre el gobierno y las familias fue utilizado con objetivo políticos "por un par de vivos que terminaron usando a la gente que realmente pasa necesidades".
Dirigentes del massismo y algunos legisladores respaldaron las acciones del gobierno, al tiempo que volvieron a criticar la herencia macrista y lo que consideran "fuego proselitista" de Juntos por el Cambio.
Quienes sí se refirieron de manera directa al desalojo del predio fueron legisladores del Frente Renovador como los diputados Rubén Eslaiman y Jorge D´Onofrio y el senador José Luis Pallares, como también su par de la Cámara alta, el justicialista Adrián Santarelli. Todos ellos coincidieron en que el gobernador Axel Kicillof, sobre todo a través de su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, buscó hasta último momento una salida ordenada y pacífica al conflicto, aunque también se refirieron al déficit habitacional y el contexto social y económico con el que asumió la coalición peronista luego de cuatro años de gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
"El gobierno cumplió con lo que le dictó la Justicia y el Estado de derecho, que es restituir las tierras con un sentido profundamente social. Llegó a un acuerdo con la gran mayoría de las familias y atendió el grado de vulnerabilidad de cada una de ellas", aseguró a este medio Santarelli, uno de los hombres de máxima confianza del intenente Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). "Dentro del predio no hubo disturbios; el desalojó comenzó a las 5 y terminó a las 7.30 sin incidentes, pero lo más importante es que vimos a un Estado presente que atendió las necesidades de esa población que venía sufriendo hacía mucho tiempo y más después de cuatro años de gobierno neoliberal que, lejos de ayudar a resolver el problema, lo generó".
En tanto, Pallares dijo que "la propiedad privada es un bien inalienable" y que "desde un primer momento esto fue una bandera del Frente Renovador y de Sergio Massa". "El Ministerio de Seguridad actuó de acuerdo a las ordenes que recibió de la Justicia y vimos que el Estado fue muy criterioso y estuvo presente en todo momento", agregó el senador lanusense.
Diputado massista Rubén Eslaiman: "El objetivo del gobierno fue siempre encontrar una salida pacífica".
Por su parte, Eslaiman dijo que "el objetivo principal del gobierno, en todo momento y desde hace más de 40 días, fue encontrar una salida pacífica y en paz acatando lo resuelto por el fallo judicial siempre sobre la base sólida de que se trataba de una ocupación ilegal".
"Claramente, la problemática viene desde hace décadas y hay un déficit habitacional realmente alarmante, fundamentalmente en las clases sociales que menos tienen y en la clase media, que no tiene acceso al crédito y que, por más que trabaje, no puede llegar a cubrir esas necesidades", contextualizó a su tiempo D´Onofrio y agregó: "El accionar de algunos grupos bien organizados pretendió subrogarse la responsabilidad del Estado y extorsionar al gobierno para mantener sus propias organizaciones. No pensaron en las necesidades de la gente, porque, si estos personajes lo hubieran hecho, no habrían tenido a esas pobres familias viviendo en condiciones absolutamente precarias".
"El gobernador pudo resolver el conflicto de manera pacífica ante la falta de participación inicial de la Justicia y teniendo en cuenta que está avanzando con gestiones para revertir esta desidia que lleva décadas", remarcó el pilarense en diálogo con este medio.
El Frente de Todos denunció que el vidalismo no concurrió este jueves a la reunión de la comisión de Organización Territorial y Vivienda, que iba a debatir el proyecto de ley para garantizar el acceso y la seguridad de la tierra destinada a la vivienda y a la agricultura familiar en condiciones de igualdad, cuyo autor es el senador Francisco Durañona. "Lamentamos que el bloque opositor esté siempre predispuesto a realizar altisonantes declaraciones mediáticas solicitando soluciones para el déficit habitacional estructural que la provincia padece, pero, al momento de debatir en el Honorable Senado provincial una respuesta concreta a dicha problemática, su actitud sea vaciar la comisión negando el cuórum", apuntó a través de un comunicado.