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La conectividad como derecho universal

La pandemia por el COVID-19 echó luz con mayor intensidad sobre algunas zonas de las desigualdades sociales. Entre ellas, el acceso a internet.

La conectividad como derecho universal

22/10/2020 8:30

 

La pandemia por el COVID-19 echó luz con mayor intensidad sobre algunas zonas de las desigualdades sociales que se volvieron indispensables para revisar algunas discusiones que parecían relegadas y que se tornaron estructurales para pensar de manera integral el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía. 

De la obturación por el miedo que significaban las tecnologías en el aula por la incertidumbre que generaba en una posible modificación del contrato social existente entre docentes-estudiantes en dicho ámbito y los estigmas hacia los pibes y las pibas por gozar de sus neetbooks del Programa Conectar Igualdad en las zonas libres de navegación de plazas y espacios públicos, nos encontramos frente a un intenso reclamo por la falta del acceso a la conectividad por parte de estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. 

La suspensión de las clases presenciales por las disposiciones del APSO puso nuevamente en escena la necesidad de una política pública federal que garantice y regule las condiciones de acceso a internet en todo el territorio nacional. 

Esta situación ubica nuevamente la necesidad de contar con un tendido de fibra óptica en todo el país en un contexto donde solamente el 12% de las usuarias y los usuarios cuenta con este tipo de conexión. En este entramado desigual, cobra vital importancia la declaración de la telefonía celular y fija, las prestaciones de internet y la TV paga como servicios públicos mediante el DNU 690/2020, firmado por el presidente Alberto Fernández y publicado en el Boletín Oficial el día 21 de agosto. 

 

 

La declaración como servicio público de las prestaciones de internet son el marco general para avanzar en una legislación sólida que regule los valores de las tarifas, la calidad del servicio y la concentración que se da en algunos lugares por parte de las empresas de telecomunicaciones. En municipios del interior, los postes para el uso de servicios de telecomunicaciones están reservados muchas veces para una única empresa que decide la autorización del tendido de fibra óptica por ese lugar y especula económicamente para neutralizar a posibles competencias, lo cual desencadena en concentración y mala calidad en la prestación de los servicios para las usuarias y los usuarios.

Partiendo de las discusiones mencionadas anteriormente, el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la Provincia de Buenos Aires y el Enacom llevaron a cabo una encuesta a estudiantes de universidades nacionales y provinciales para conocer sus condiciones de conectividad. 

La encuesta fue respondida por 35.721 estudiantes que participaron de manera voluntaria, donde el 49,36% declara no tener condiciones óptimas de conectividad y equipamiento para sostener sus cursadas. 

En una encuesta respondida por 35.721 estudiantes universitarios, el 49,36% declaró no tener condiciones óptimas de conectividad y equipamiento para sostener las cursadas. 

De los datos más relevantes, el 73,19% declara conectarse a Internet vía señal de wifi o cable pero donde un porcentaje elevado de las respuesta sostiene contar con un servicio regular o malo de conexión y el 13,9% no posee ningún tipo de conexión. La situación cobra aún mayor relevancia, cuando vemos que el 25,33% tuvo que dejar materias y donde al especificar los motivos por los cuales abandonaros algunas cursadas el 45,33% señala que tiene que ver con sus condiciones de conectividad y la falta de equipamiento. 

Si nos detenemos en la falta de equipamiento, es imposible no pensar en la desinversión por parte del gobierno de Mauricio Macri en el Programa Conectar Igualdad, donde se efectuaron despidos, su anulación como política pública y la quita el manejo presupuestario. 

Sobre esta situación, la becaria posdoctoral del CONICET María Chachagua, en una investigación que viene realizando desde 2011, señala que en 2018 Macri disuelve el programa y lo incorpora a la plataforma Edu.ar bajo el discurso de que la brecha digital estaba “saldada” y considera que, si el macrismo no hubiera desguazado el programa, hoy el problema de la conectividad estaría medianamente resuelto. 

Siguiendo las reflexiones de Chachagua, las malas condiciones de conectividad, la concentración y mala calidad en materia de servicios de telecomunicaciones y la falta de equipamientos en el sistema educativo no se producen por la pandemia, sino que corresponde a la pesada herencia de los cuatro años de gobierno neoliberal que desfinanció a la educación y sus políticas públicas en todos los niveles.