El contexto de pandemia causado por la covid-19 y el aislamiento social obligatorio dispuesto por las autoridades reveló, como nunca antes, la importancia de contar con accesos de calidad a servicios de conectividad. En este marco, el DNU 690/20 declaró a los servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”, suspendió aumentos de precios para el sector hasta el 31 de diciembre de 2020, incorporó a la telefonía móvil como servicio público y reestableció potestades regulatorias –derogadas por decreto del gobierno de Mauricio Macri– en materia de precios y prestaciones básicas.
Si bien la promulgación de la medida sorprendió al Gobierno, a la oposición y a la empresas de telecomunicaciones, reintrodujo en agenda la discusión acerca del acceso a internet como un derecho humano y como una condición esencial para garantizar el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se hallan la educación, el trabajo, la salud y el acceso a la información. Del mismo modo, reabrió el debate acerca del rol que debería asumir el Estado para fomentar y garantizar un acceso amplio a servicios de conectividad, en particular, para los sectores más vulnerables.
BRECHAS DIGITALES. En la Argentina, existen profundas desigualdades en el acceso a servicios de conectividad a lo largo y ancho del país. Durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 36% de los hogares argentinos no tuvo acceso a internet fijo, según datos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) correspondientes al segundo trimestre de 2020.
Esta situación se agrava en varias provincias. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una tasa de penetración de internet fijo que supera el 106%, provincias como Formosa, San Juan, Santa Cruz, Mendoza y Chaco no llegan al 40% de los hogares conectados.
Si bien los accesos fijos a internet se han incrementado a lo largo de los últimos años (un 23% entre 2015 y 2020), aún resta un largo camino para conectar a la totalidad de los habitantes. Además, el costo por estos servicios representa una carga significativa para el 27% de los hogares del país, según datos de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), sobre la base del ingreso promedio por hogar.
Si se considera el tipo de acceso por tecnología, las conexiones principales de los más de nueve millones de accesos fijos a internet se producen a través del cablemódem (56%), seguido por la tecnología ADSL (25%), la fibra óptica (12%) y las conexiones inalámbricas (4%). No obstante, subsisten brechas entre regiones y provincias del país. Las conexiones por cable sólo llegan a 241 localidades y las ADSL alcanzan a 424, con ofertas concentradas en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
Además de este primer nivel de acceso a servicios de conectividad, existe toda una serie de indicadores que permiten medir el grado de profundidad de la brecha digital, uno de los cuales es la calidad de la conexión. Las velocidades de acceso a internet en la Argentina durante el segundo trimestre del año exhibieron grandes asimetrías, sobre todo entre aquellas que no alcanzan los 10Mbps de descarga de datos (42%) y las que superan los 30Mbps (41%), en general concentradas en el AMBA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
La tasa de penetración de la telefonía móvil es alta en la Argentina: alcanzó el 122% durante el segundo semestre de 2020. Sin embargo, las desigualdades también son pronunciadas. Del total de accesos operativos, el 89,72% son modalidades de tipo prepago. Esta es la principal y más onerosa forma de conectividad para los sectores con menores ingresos, en particular para el consumo de datos. La autoridad de aplicación debería avanzar en regular los precios de estos servicios, en línea con la declaración de la telefonía móvil como servicio público.
LO QUE VIENE. El DNU 690/20 fue ratificado por la Cámara de Senadores a principios de septiembre. El Enacom es el encargado de elaborar su reglamentación y, para ello, se ha reunido con empresas de telecomunicaciones, cámaras que nuclean a cooperativas y pymes de servicios de TIC y asociaciones de usuarios y consumidores. Si bien aún no hay precisiones sobre su implementación, trascendió que la reglamentación sería asimétrica, es decir, diferenciada según el tipo de prestador, tamaño, estructura de costos, ubicación geográfica y servicios brindados.
Estas medidas deben articularse dentro de una política pública de conectividad más amplia y a largo plazo, que apunten a saldar una deuda histórica que el mercado no ha resuelto hasta ahora: el acceso a servicios de conectividad, en condiciones equitativas, asequibles y de calidad, para toda la población. El reciente lanzamiento del Plan Nacional de Conectividad para reactivar el desarrollo satelital, ampliar la capacidad de las redes 4G, expandir la Red Federal de Fibra Óptica y revitalizar la Televisión Digital Abierta parece ir en dicha dirección.
