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Los pesos pesado que mandan en la provincia productiva que pretende Kicillof

Tenaris, entre despidos y adquisiciones. Mastellone y la tensión con tamberos. DESA, con balances millonarios e inversiones inciertas. Tanques oligopólicos con los que debe lidiar el gobierno.

Por 18/01/2020 15:31

La reactivación de la matriz productiva bonaerense ha sido el eje central de las propuestas de campaña del hoy gobernador Axel Kicillof. Frente a un esquema de desarticulación del entramado industrial, la premisa del nuevo gobierno apunta a generar las condiciones que disparen la creación de nuevas fuentes de empleo. Pero, en ese cometido, también aparece la necesidad de articular con pesos pesado que inciden tanto en el pulso del tejido industrial como en el campo bonaerense. 

Mientras Kicillof contempló en la ley Impositiva exenciones para pequeños productores lecheros, en el sector hacen hincapié en la necesidad de intervenir en la cadena de comercialización, donde Mastellone sigue siendo un actor determinante a la hora de definir el precio por litro de leche que se le paga al tambero. Por otro lado, aunque el Ejecutivo se enfoca en intervenir para evitar despidos, Tenaris-Siderca avanza en Campana con desvinculaciones. Con todo, el interrumpido aumento del 25% en la factura de luz es apenas un breve paréntesis dentro de una larga negociación con el principal pulpo de la energía bonaerense, Desarrolladora Energética S.A. (DESA).

El posicionamiento de la nueva gestión al momento de lidiar con estos tanques, que a la vez son generadores de miles de puestos de trabajo, será un termómetro que medirá su capacidad de intervenir en esa pretendida reactivación de la matriz productiva.



LA VERDAD LÁCTEA. Entre 2015 y 2019, la caída del rodeo nacional de vacas lecheras fue estrepitosa -del orden del 10%- producto en buena parte a la gran cantidad de tambos que cerraron a partir de la falta de rentabilidad. Además del fuerte impacto de las sucesivas devaluaciones en una actividad que tiene el 70% de sus costos directos dolarizados, la otra pata del derrumbe radicó en la cadena de comercialización.

Aquí, el rol de Mastellone S.A., con su marca ícono, La Serenísima, incide a la hora de la definición del precio por litro de leche, que cerró 2019 en un promedio de $16,4. Cartelización, escasa competencia y predominio absoluto en materia de distribución son los factores por los que los tamberos se ven en marcada desigualdad de condiciones ante el gigante lácteo a la hora de negociar un precio que apunte a mejorar sus márgenes de ganancia.

 

DNI. En 2020, el Grupo Arcor, junto a su subsidiaria Bagley, tendrá el 49% de las acciones de la firma láctea. En 2018, por la debacle de Sancor, cerró el año con balance positivo, por más de $1.150 millones. En 2019, al tercer trimestre, registraba una pérdida de $524 millones. Generando más de 3.500 empleos directos, Mastellone procesa más de 3,2 millones de litros de leche por día y posee ocho plantas elaboradoras, seis plantas de clasificación, 15 centros de distribución y 816 camiones de comercialización.

 

“Una de las particularidades de Buenos Aires es que, en su extensa geografía, se distinguen tres principales cuencas lecheras bien delimitadas y distantes entre sí, lo que provoca –sobre todo en Cuenca Oeste y Cuenca Mar y Sierras– escasa competencia por la leche cruda, con tendencia a la cartelización, situación que se agravó después del desmembramiento de Sancor”, detalló en un informe la coordinadora de Lechería de Carbap, Andrea Passerini, que, en diálogo con Letra P, observó como “una buena señal” la exención impositiva de Kicillof para los tamberos con menos de 100 hectáreas, pero consideró que la clave pasa por otro lado: "Hay que encarar la lechería por la cuestión de la comercialización, donde los más chicos son los más perjudicados porque tienen menos poder de negociación".
 


La Cuenca lechera Oeste, con Trenque Lauquen como mayor exponente, es la más importante de la provincia. Allí, Mastellone compra el 70% de la producción. "Trenque Lauquen siempre tuvo mercado por precio La Serenísima. Cuando les conviene a las pymes, pagan a precio La Serenísima y, cuando necesitan leche, tratan de pagar un poco más. Eso pasa en lugares donde no hay competencia”, enfatizó meses atrás a Letra P el productor Ignacio Kovarsky, que, cuando fue presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, impulsó una manifestación frente a la planta local de La Serenísima en reclamo de una mejora del precio a pagar al productor, en momentos donde el cataclismo de Sancor hacía más robusto al oligopolio.

En aquella oportunidad, mientras se desarrollaba la manifestación, una serie de camiones con el sello de una firma competidora salía de la planta de La Serenísima. Era un claro símbolo de otra cuestión que vienen denunciando los productores: el clearing entre usinas, mecanismo bajo el cual no se compite por la materia prima y el precio permanece congelado al productor.



En regiones donde hay más industrias, el panorama cambia para Mastellone: “En Navarro, uno de los distritos bonaerenses con mayor densidad de tambos, quedaron sólo cinco remitentes de La Serenísima”, consignó una fuente del sector a este medio. Aquí, fue la firma de capitales canadienses Saputo, que produce, comercializa y distribuye La Paulina y Molfino, entre otras marcas, la que fue captando tambos remitentes al punto de desplazar en mayo pasado a Mastellone como la empresa con mayor recibo de leche diario.

Además, en 2019 también se dio la aparición de un nuevo jugador con Adecoagro, que adquirió las plantas más importantes de Sancor e ingresó al mercado con Apóstoles en Precios Esenciales y una vieja marca como Las Tres Niñas. Ese ingreso también erosionó la posición de Mastellone, que, de todas formas, sigue marcando buena parte del pulso de la cadena de comercialización.
 


Así, como condición necesaria para que la actividad tambera vaya hacia un círculo virtuoso de crecimiento sostenible, Passerini pidió “una política de Estado que encare en serio un cambio de fondo en la comercialización de leche cruda, que hoy se realiza como hace un siglo: la modalidad imperante de la ‘compra venta oral por litro’ se traduce, en la práctica, como la simple entrega del producto durante los 30 días del mes sin tener certeza del precio que se va a percibir hasta bien avanzado el mismo, cuando ya es tarde”. En ese sentido, en Carbap reclaman un Mercado Institucionalizado de Leche Cruda, con precio de referencia en base a la calidad.

Desde esa base, consideran “fundamental” la articulación público privada en el marco de la Mesa Provincial de Lechería. Pero, además de la convocatoria a ese espacio, también existen acciones del Ejecutivo bonaerense que pueden apuntar a una reconfiguración del entramado de poder dentro de la cadena láctea. Un punto aquí son las adjudicaciones para la cobertura de programas de acción social.
 


A principios de 2019, el gobierno de María Eugenia Vidal adjudicó únicamente a Mastellone Hnos. S.A. el lote de 2,1 millones de kilos de leche en polvo destinados al plan “Un vaso de leche por día” por más de $500 millones y lo amplió en octubre en más de $400 millones. “La Provincia le compra todo o casi todo a La Serenísima por una cuestión de distribución. Si hay que entregar la leche en polvo a las escuelas, ¿qué pyme va a poder entregar punto a punto? ¿Quién tiene esa capacidad de distribución? Mastellone, nada más”, destacó el año pasado a Letra P el titular de Apymel (Pymes Lácteas), Pablo Villano, al dar cuenta de lo exigente de los pliegos para participar de esas licitaciones, por lo que pidió “diversificar más esas partidas” y “dividir por regiones”. “Podrían incluir a las pymes en partidas de quesos para comedores escolares, si se quiere, se puede favorecer a muchos”, propuso.

DESPIDOS Y ADQUISICIONES. En el sector metalúrgico, así como lo hizo en 2015 al gobierno de Cambiemos, Techint vuelve a recibir con despidos a la nueva administración. En la planta Campana de una de sus subsidiarias, Tenaris-Siderca, donde se desempeñan más de tres mil operarios, despidió a más de 190 trabajadores bajo el argumento de una caída de la producción y un parate en Vaca Muerta. Esto, a pesar del decreto anti despidos del gobierno nacional y de que la cartera laboral bonaerense había dictado la conciliación obligatoria por 15 días.
 


El conflicto comenzó cuando la empresa fue por un nuevo régimen de suspensiones que no fue aceptado por los operarios ya que en algunos casos implicaba percibir una remuneración por debajo de la línea de pobreza. Allí, Tenaris decidió no renovar los contratos de unos 150 trabajadores y desvincular a otros 41 empleados de convenio, algunos con hasta 15 años de antigüedad. El pulpo metalúrgico avanzó en los ceses más allá de la conciliación, ya que no considera como despedidos a los trabajadores contratados que, aduce la firma, no se les renovó esos contratos. Tras la reunión de esta semana en el Ministerio de Trabajo bonaerense, el cuadro no cambió y Tenaris no permite el ingreso de los desvinculados a su planta.

Pero, mientras el grupo comandado por Paolo Rocca acelera con despidos en la provincia de Buenos Aires, Tenaris anunció el primer día hábil de 2020 la  adquisición de IPSCO Tubulars, compañía productora de tubos de acero en Estados Unidos, por 1.067 millones de dólares, incluyendo aproximadamente USD220 millones en capital de trabajo. “La adquisición de IPSCO marca un nuevo capítulo en nuestra expansión en los Estados Unidos y representa otro hito en la historia de Tenaris. Juntos, tendremos un excepcional posicionamiento para servir a la industria del gas y el petróleo en los EE.UU.”, dijo Rocca.
 


Un año antes, el 21 de enero de 2019, había adquirido, por USD 141 millones, el 47,79% de las acciones de Saudi Steel Pipe Company, una productora de tubos de acero con costura listada en el mercado de Arabia Saudita que tiene una planta con capacidad de producción de 360 mil toneladas por año y provee productos con grandes compañías de petróleo nacionales.

En ese cuadro de expansión global, Tenaris anunció la incorporación de 1.200 nuevos empleados. Pero en la provincia de Buenos Aires realiza despidos, a la vez que, al apuntar a una reducción salarial en su planta bonaerense, baja un fuerte mensaje que va a contramano de la Mesa de Consenso Solidario que impulsa Alberto Fernández y desafía la conciliación dictada por el gobierno de Kicillof. Aunque algunos de los trabajadores afectados esperaban alguna sanción por parte del Ejecutivo a la empresa por ese incumplimiento, oficialmente aún no se conoce proceder alguno en esa línea. Curiosamente, semanas atrás, Tenaris había sido elegida por la plataforma de búsqueda laboral Glassdoor como la segunda mejor empresa para trabajar en el país.
 


EL REY DE LA ENERGÍA. A excepción de los casos de las cooperativas de distribución de energía que tienen un radio de acción acotado en diversas localidades del interior bonaerense, las cuatro distribuidoras de electricidad que acaparan buena parte de los cuatro puntos cardinales de la provincia de Buenos Aires pertenecen a un mismo grupo: Desarrolladora Energética S.A. (DESA), encabezada por Rogelio Pagano, que concentra más del 65% de la energía que se distribuye en suelo provincial y emplea a cerca de 2.500 personas. Pero lo determinante de este grupo para el ítem laboral y productivo radica en el cuadro tarifario, que, durante la era Cambiemos, impactó de lleno en un sinnúmero de pymes y empresas electrointensivas.  

Diez días después de la asunción del nuevo gobierno, Pagano y el equipo del Ministerio de Infraestructura a cargo de Agustín Simone tuvieron el primer contacto, mientras que, casi en simultáneo, la Legislatura se aprestaba a sancionar las leyes de emergencia, entre las que se incluyó la energética a partir de la cual se anuló el aumento del 25% en la tarifa de luz que Vidal había dejado de regalo tras consumarse su derrota.
 


El rey de la energía bonaerense se mostró colaborativo en ese mitin y en el Ejecutivo se habló de la necesidad de alcanzar “una tarifa justa”. Así, se abrió un ciclo de negociaciones de cara al cuadro tarifario que se aplicará cuando finalice el plazo de suspensión de todo aumento, que regirá, inicialmente, por seis meses.

Los planes de inversión, la revisión de lo realizado y del marco regulatorio serán parte de la puja tarifaria que viene, mientras se avizoran números y escenarios pasados que pueden dar algunos indicios de quiénes fueron los ganadores de los últimos años.

Sólo en los primeros nueve meses de 2019, DESA obtuvo ganancias por sus empresas bonaerenses por casi $6.000 millones. Aquí, Edelap estuvo a la cabeza con más de $2.750 millones de ganancias, seguida de EDEA (facturó más de $1.500 millones), EDEN (más de $1.000 millones) y EDES (más de $565 millones).



Sin embargo, en materia de inversión, las distribuidoras del grupo son blanco de fuertes cuestionamientos. Sobre EDEA (región atlántica), el secretario general de Luz y Fuerza de Mar del Plata, José Rigane, denunció: "A pesar de haber crecido de manera exponencial su recaudación, las inversiones no se realizan porque los cortes permanentes son una lamentable certificación de que el servicio no mejora y no garantiza continuidad ni seguridad”.

En La Plata, los apagones del año pasado develaron un sistema frágil y carente de inversión. Dato no menor: más allá del organismo de control (OCEBA), los encargados de velar por el correcto funcionamiento del servicio prestado por las distribuidoras de Pagano durante la gestión Vidal habían compartido empresa y directorio con él años atrás. Tales fueron los casos de Alberto Rica (director de Energía bonaerense) y Edgardo Volosín (subsecretario de Servicios Públicos).
 


Con motivo de la interrupción del servicio eléctrico que se extendió por varios días de junio del año pasado y afectó principalmente al norte platense, el directorio del OCEBA sancionó a Edelap con multas por más de $203 millones y penalizaciones por más de $25 millones por apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico.

El lunes 21 de octubre, OCEBA había rechazado el pedido presentado por Edelap para que se suspendieran las sanciones. Siete días más tarde, con el dato no menor de ser el día posterior a la derrota electoral de Cambiemos, el ya saliente ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, no solo firmó el aumento tarifario del 25% para el 1 de enero, sino, también, la postergación del pago de las millonarias penalizaciones aplicadas y ratificadas por el OCEBA una semana atrás. Como es sabido, la suba del 25% fue desactivada por el gobierno de Kicillof, aunque, sobre las sanciones postergadas por el vidalismo, no hubo alusiones del nuevo gobierno.