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La crisis económica hace crujir la paz social pactada por los sindicatos

Los enfrentamientos en Chubut y la falta de respuesta oficial a diversos reclamos sociales agitan el escenario político y hacen temer desbordes. El fantasma del puente de Corrientes.
Por 05/09/2019 12:05

Si durante los primeros meses del gobierno de Cambiemos la preocupación central estuvo relacionada con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y, más tarde, con la conservación de las fuentes de empleo, hoy el panorama es mucho más crítico. Es indistinto consultar a miembros de la cúpula de una central obrera, a dirigentes de movimientos sociales, a empresarios o a integrantes del equipo de campaña del Frente de Todos, ya que la respuesta siempre es la misma: el hambre es la principal y más urgente inquietud.

Eso es lo que expresó un duro documento difundido en las últimas horas, en el que, más allá de las desprolijidades en la forma en la que se recogieron las firmas, coincidieron centrales empresariales y de trabajadores, la Iglesia y los movimientos sociales.

"Debemos enfrentar la crueldad del hambre que habita en millones de familias oscureciendo el presente, especialmente de nuestros adultos mayores, y condiciona gravemente el futuro, especialmente de niñas, niños y jóvenes", reclamó la Mesa de Diálogo y Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna. Ese manifiesto se conoció apenas unos días después de que la Iglesia católica, la CGT, intendentes bonaerenses y los ministro de Desarrollo Social de ocho provincias reclamaran la declaración urgente de la emergencia alimentaria.

 

 

En ese marco, a lo largo de esta semana se agudizó la puja de las organizaciones sociales con el Ejecutivo nacional, algo que se expresó en dos masivas movilizaciones que desbordaron el centro porteño. El dato que ilustra la incapacidad del Gobierno para comprender la magnitud de la crisis surgió el miércoles, durante la movilización de las organizaciones territoriales de izquierda, que acamparon a las puertas de la cartera social, mientras el "triunvirato de los cayetanos" (CTEP, Barrios de Pie y la CCC) llevaba al Congreso el proyecto de ley de emergencia alimentaria.

El primer elemento que les llamó la atención a los dirigentes de izquierda fue que el escenario habitual de las negociaciones, el entrepiso del edificio del Ministerio de Obras Públicas en plena avenida 9 de julio, estaba prácticamente desmontado, sin las computadoras en las que se toma nota de las demandas ni las mesas a las que las partes suelen sentarse a negociar. En la misma tónica de retirada, frente a la demanda de aumento de los planes sociales y la entrega de mercadería para los comedores, los funcionarios de tercera línea que los atendieron solo ofrecieron aceite. "Mercadería no hay. Ni fideos ni arroz ni azúcar" cortaron.

FUEGO EN EL SUR. La aceleración de la crisis social, con epicentro en la provincia de Chubut, empieza a preocupar a todo el arco sindical, que tenía la decisión tomada de contener los reclamos propios para no generar una escalada en plena campaña hacia las elecciones de octubre. El desalojo de los docentes patagónicos que acamparon en las rutas chubutenses por parte de grupos de trabajadores petroleros encendió las alarmas sobre el doble juego del Ejecutivo nacional en el conflicto. Las cúpulas gremiales entienden que el Gobierno de Mauicio Macri se abstiene de auxiliar al massista Mariano Arcioni con la intención de debilitar su flamante gestión, en una táctica muy similar a la utilizada en 2016 en la provincia de Santa Cruz. Al mismo tiempo, la posibilidad de que agudice la crisis podría dejarle una bomba de tiempo al posible futuro presidente Alberto Fernández.

Con todo, el fantasma de que el candidato del Frente de Todos se desayune con un conflicto similar al que recibió en 2001 el gobierno de Alianza con la pueblada en el puente que une Corrientes con Chaco es desestimado por los dirigentes cercanos a Fernández, que prefieren comparar la crisis chubutense con el conflicto docente entrerriano que heredó y desactivó apenas asumió su presidencia Néstor Kirchner.

Lo cierto es que la conflictividad gremial empieza a erosionar el pacto de paz de las cúpulas obreras, sin que hasta el momento el Gobierno haya tenido el reflejo de desactivarla políticamente. La excepción esta semana fue la atención que recibieron los gremios aeronáuticos. Probablemente asesorado por Nancy Duré, la panelista televisiva devenida en su couch comunicacional, el secretario de Trabajo Lucas Aparicio se reunió con los popes de ese sector para prevenir medidas que pudieran afecten los vuelos comerciales, algo que preocupaba a su jefe político, Guillermo Dietrich.

 

 

En contraste, no hubo hasta el momento gestos oficiales que apunten a aplacar los otros conflictos en curso. La huelga nacional docente que paraliza este jueves las escuelas de todos el país está atizada por el magro aumento del salario mínimo, vector del salario inicial del sector. A esto se sumó el anuncio de un paro en el sector aceitero, determinante para el ingreso de las divisas. "Las empresas aceiteras tienen su facturación en dólares y no nos dan respuesta", disparó el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra que reclamó que salario básico del sector, fijado en $44.000, suba a $55.000. "Aún no sacamos la cuenta después de la hiperinflación de esta semana", advirtió.

La semana que viene será el turno de los trabajadores estatales agremiados en ATE, que realizarán un paro de 24 horas el miércoles 10 para reclamar una recomposición salarial. “La situación desastrosa que nos ha traído el Gobierno de Macri y su acuerdo con el FMI hace que estemos atravesando una catástrofe social", señaló el titular del segundo gremio estatal más importante, Hugo "Cachorro" Godoy.