La Argentina le aportó el miércoles un neologismo al mundo financiero, “reperfilamiento”, pero el término, con el que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, evitó hablar de “reprogramación” de la deuda, no calmó a los inversores. El tenor del anuncio y, sobre todo, el default selectivo en el que entra el país al no honrar en tiempo y forma el pago de Letras del Tesoro en dólares y en pesos a inversores institucionales generó más tensión en el mercado financiero. El nuevo desplome de la cotización de los bonos de la deuda, el paralelo empinamiento del riesgo país, la repetida baja de las acciones más importantes y un mercado cambiario volátil fueron este jueves la respuesta de los agentes.
De acuerdo con Lacunza, las medidas apuntan a proteger a las personas físicas, que sí cobrarán en tiempo y forma y representan el 90% del universo de los tenedores de Letes y Lecap. En lo que no reparó es que los inversores institucionales (grandes fondos, bancos y fondos comunes de inversión) no son entidades abstractas y que conforman sus carteras con las colocaciones de cuotapartistas que también son “personas humanas”, tal la definición del nuevo Código Civil.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) atendió este jueves los reclamos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión y “definió que las personas humanas que invirtieron en Fondos Comunes de Inversión que tenían en sus carteras títulos públicos de corto plazo alcanzados por la medida tendrán el mismo derecho que se otorga a las personas humanas que invirtieron directamente en estos activos”. Sus tenencias corresponden a un 12% de las que administra ese tipo de inversor institucional. Se espera ahora que el Gobierno corrija en ese sentido el Decreto 596/2019.
Mientras esas gestiones se desarrollaban, los fondos comunes de inversión no pudieron operar ni proceder a rescates o suscripciones. En lugar de eso, sus responsables debieron concentrarse en dar explicaciones a inversores nerviosos que, individualmente, contaban con el dinero colocado o que, como empresarios, lo necesitan para hacer frente al giro cotidiano de sus negocios, lo que incluye responder a salarios y pagos a proveedores.
El analista financiero Christian Buteler le dijo a Letra P que “lo que se está viendo en el mercado es mayor desconfianza. Hay muchos decepcionados y problemas con los fondos comunes de inversión porque, aunque se dijo que los anuncios no afectan a personas físicas, eso no es a priori lo que pasa con la gente que puso plata en ellos. Los fondos pueden haber invertido, por ejemplo, en Lecap, y eso hace que ahora no puedan sacar su dinero. Entonces todo esto sí los afecta y mucho”.
“En base a eso, el riesgo país sube porque se venden bonos. Además, caen las acciones”, añadió.
Como en todas las crisis hay ganadores y perdedores y el propio Lacunza admitió que algunos especuladores podrán pescar en río revuelto.
“Lo que va a pasar es que ciertos fondos, básicamente institucionales, o sea grandes, que no aceptan este tipo de riesgo, van a salir de la Argentina sin que les importe a qué precio. Por eso, en principio lo que se va a ver es una salida importante de activos argentinos. En cambio, podrán entrar otros, más especulativos”, señaló Buteler.
La Casa Rosada busca patear la pelota a la tribuna y explicar por factores externos a su voluntad la emergencia con la deuda, la enésima del país y una mancha más a su maltrecha reputación. Los blancos son el comunicado del Frente de Todos tras la reunión con los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI), dichos de algún economista allegado a Alberto Fernández en una conference call, el triunfo de la oposición en las PASO o, incluso, el ejercicio del voto por parte de los argentinos. Sin embargo, el verdadero problema se vincula con el modo copioso en el que la actual administración tomó deuda, con la manera en que concentró los vencimientos y con el desordenado paquete de financiamiento del FMI (récord histórico por 57.000 millones de dólares), que amontonó los desembolsos antes de las elecciones en las que Mauricio Macri buscaría su reelección y el repago, de modo inviable, entre 2022 y 2023.
“La respuesta del mercado es la esperable, porque lo anunciado no trae tranquilidad. El Gobierno reconoce que no puede pagar los compromisos de cortísimo plazo y que necesita financiarlos o por lo menos patear los pagos para que los afronte el siguiente”, dijo Christian Buteler.
De acuerdo con Buteler, “el problema es que no se puede pagar la deuda que colocó este mismo gobierno, que concentró los plazos para estos vencimientos y que decía en su programa financiero que todo estaba más que garantizado y que no íbamos a tener problemas. En virtud de eso, es imposible que haya una reacción positiva del mercado”.
“Así, la respuesta es la esperable, porque lo anunciado no trae tranquilidad. El Gobierno reconoce que no puede pagar los compromisos de cortísimo plazo y que necesita financiarlos o por lo menos patear los pagos para que los afronte el siguiente”, completó.
Ahora, se iniciará, con intervención del Congreso, una etapa de diálogo con el Fondo para convertir el Stand-by en un programa de facilidades extendidas.
También, uno con los acreedores privados para extender los plazos de pago sin tocar capital ni intereses.
Todo luce “amistoso” y destinado a no extender un default que, por ahora, es “selectivo” por implicar solo algunos títulos y a un sector acotado de tenedores. De que la contraparte no diga “no” en el marco del diálogo propuesto dependerá que el incumplimiento no se haga más profundo.
Mientras, Paul Singer y otros buscadores de oportunidades vuelven a soñar con las ventajas que, insólitamente, la Argentina les abre una y otra vez.