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Es la entidad que organizó el coloquio donde el magistrado alertó sobre la comodoropyzación de la Corte de Buenos Aires. Argumentó la defensa con un fallo de la Corte de la Nación.
Por 19/07/2019 12:17

“El estado de derecho nos impone el ineludible deber de garantizar la preparación y realización del juicio penal con estricta sujeción al orden jurídico, constitucional y legal. Por esa razón, el uso masivo de dispositivos de excepción (como arrepentidos, agentes encubiertos e informantes, así como la intervención indiscriminada en las comunicaciones, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó su preocupación en la Acordada 17/2019) o la mediatización de causas penales, configuran un estado de situación que afectan el debido proceso y la independencia judicial, y con ello la división de poderes que define a los estados republicanos”.

De ese modo, la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires salió a respaldar al presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Eduardo de Lázzari, tras la polémica generada a raíz de sus declaraciones sobre la existencia de un foco de corrupción judicial con “causas armadas artificialmente”, “testigos de identidad reservada”, “espías” y “arrepentidos”, en lo que fue un duro diagnóstico y una crítica a la justicia federal con sede principal en Comodoro Py.

Mediante un comunicado oficial, la entidad que nuclea a magistrados del fuero Penal bonaerense señalaron que los dichos del ministro de la SCBA encuentran su correlato en la acordada 17 del año 2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictada el 19 de junio último (unos días antes de las declaraciones de De Lázzari), en la que le otorga carácter restrictivo y fundado en orden judicial a las escuchas telefónicas. El derecho a la intimidad y privacidad es una garantía individual fundamental para el sistema democrático, según dejó sentado la máxima autoridad judicial del país. Además, exhorta a los jueces federales a realizar escuchas telefónicas con “criterio restrictivo, atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento y resolución del delito”.

 

 

Este apoyo se suma al que ya le brindaron abiertamente el juez de Garantías Luis Carzoglio, quien denunció que recibió presiones del gobierno nacional y de los servicios de inteligencia para que ordene la detención del dirigente gremial Pablo Moyano, y del juez de Casación bonaerense y titular de la Asociación de Magistrados de La Plata, Víctor Violini.

En la vereda contraria se posicionó el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien aseveró que las afirmaciones del ministro cortesano fueron “temerarias”. En la misma línea, el procurador general bonaerense Julio Marcelo Conte Grand ordenó investigar las afirmaciones y la abogada Marina Sánchez Herrero, del Consejo de la Magistratura de la Nación, le solicitó que presente pruebas de sus dichos.

 

 

Luego del cimbronazo generado, el juez De Lázzari emitió un comunicado en el que mencionó tres “causas armadas” en trámite que dan prueba de sus dichos, de su visión de la comodoropyzación de la justicia bonaerense.

En paralelo, el ministro decano de la SCBA, Héctor Negri, hizo declaraciones públicas sobre el caso y desmarcó al cuerpo judicial de los dichos de su colega. Lo hizo luego de confirmarse que su hija, Raquel Negri, será designada jueza de primera instancia en los Civil y Comercial de Lomas de Zamora, juzgado que funcionará en la localidad de Lanús, confirmaron fuentes de la Legislatura provincial y del Consejo de la Magistratura bonaerense.

 

 

En declaraciones radiales, Negri sostuvo: “El tema es realmente grave, (pero) no lo plantearía como un conflicto entre quien ejerce la gobernación de la provincia y el titular de nuestra Suprema Corte: el problema es más complejo; la pregunta sobre cuál versa es si en la república existe una justicia judicial o no”.