Luego varias semanas de máxima tensión entre la Suprema Corte de Justicia y la gobernadora María Eugenia Vidal, las aguas aparecen menos turbias en un marco de paz temporal cruzado por el calendario electoral en el que se juega la continuidad de Cambiemos al frente del Ejecutivo provincial. Las razones del entendimiento entre las partes varían según quién lo explique, pero muchas fuentes coinciden en un acuerdo tácito entre las partes que incluye buenos beneficios para cortesanos de alto rango. La Corte lo desmiente.
Tal como informó Letra P desde principios de 2019, la Suprema Corte realizó una batería de reclamos por mayor presupuesto para el servicio de justicia. Esta pelea se daba mientras desde el oficialismo impulsaban al ex juez federal Sergio Torres para completar el tribunal. Ese reclamo sólo es uno de los tantos con los que se martilló a la mandataria bonaerense, quien, sin embargo, no daba respuestas.
Fuentes judiciales consultadas por Letra P eligen destacar los nombramientos de personal con “salarios alta gama” como momento de cambio en el reclamo de los integrantes de la Corte, en lo que destacan como un acuerdo que no fue dado a conocer públicamente.
Magistrados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires hicieron conocer su descontento por la situación. “Mientras nos niegan insumos, no se cubren vacantes y se anuncian reformas judiciales impracticables, en la Corte hay un festival de nombramientos a espalda de jueces y trabajadores”, se quejó un destacado juez penal de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde la Corte rechazan tales afirmaciones.
Fuentes de la magistratura aseguran y sostiene que los ministro de la Corte, fueron con sus reclamos y lograron que sus secretarios privados sean designados con salarios similares a los de un Secretario de primera instancia.
“La lista de pedidos es más larga, hasta ahora obtuvieron eso, que no es poco, pero los jueces de la Corte siempre van por más”, reflexionó otro de los magistrados consultados.
Sin embargo estas versiones fueron desmentidas por funcionarios de la Suprema Corte. Consultados por Letra P expresaron que: "Más allá de los colaboradores que se incorporen con el nuevo integrante no hubo ninguna designación de secretarios privados de ministros de Corte. Los ministros tienen sus secretarias/os de siempre y tienen los cargos equivalentes a secretario de secretario de primera instancia, no son equivalentes a los de un camarista”, informaron oficialmente ante la consulta de este medio.
El pasado 30 de mayo asumió el juez Torres y completó la vacante en el máximo Tribunal. En la puerta del Palacio de Justicia de la capital bonaerense protestaron cientos de judiciales que reclaman por sueldos similares al costo de vida y recordaron que el abandono salarial por parte de la Provincia devengó en la declaración de “persona no grata” a la gobernadora Vidal.
RECLAMOS. Hasta antes de la paz, la Corte también le señaló a Vidal los errores que comete en la gestión de cuidado y abrigo a menores en situación de riesgo social o vulnerabilidad de todo el sistema de protección de niños y niñas.
Este alboroto judicial tuvo un capítulo central que se dio el pasado 24 de abril cuando la Corte reclamó más presupuesto para el Poder Judicial y se le plantó a Vidal: rechazó las sugerencias del Ministerio de Economía, a las que considera una intromisión entre poderes.
Antes, el 5 de julio de 2018, en tándem con el procurador general vidalista Julio Marcelo Conte Grand y el Colegio de Magistrados bonaerense, demandaron actualizar los salarios judiciales por inflación.
Uno de los últimos round de la contienda se dio en mayo pasado, cuando la cabeza del Poder Judicial le envió una dura señal al Ejecutivo por la reforma previsional de los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires, tras hacer lugar al amparo presentado por un jubilado bancario para que le restituyan la totalidad de su haber jubilatorio que había sido desmembrado por la reforma aprobada por los legisladores de Cambiemos.
El antecedente más reciente es la declaración de constitucionalidad de una ley que obligar a Vidal a negociar con la oposición la designación de un Defensor General para la provincia de Buenos Aires y dividir el poder que en la actualidad detenta el procurador vidalista Conte Grand.
